La Gobernación de Antioquia confirmó que ha remitido más de 60 oficios al Gobierno nacional en pro de solicitar intervención militar en Briceño y el Norte del departamento desde 2024, sin que hasta el momento obtengan una respuesta efectiva frente a la crisis de seguridad que ha dejado desplazamientos, amenazas y, lo más reciente, el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.
Así lo confirmó el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, en diálogo con El Tiempo, al revelar que el panorama en Briceño es de una complejidad extrema. “Hemos enviado más de 100 oficios, 60 de ellos enfocados en el norte del departamento, pero las respuestas han sido únicamente administrativas”, indicó el funcionario, que no ocultó su preocupación por esta situación.
Martínez detalló que la presencia de grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc, con los frentes 36, 18 y el reactivado 5, bajo alias Chalá; el ELN y el clan del Golfo, ha sometido a la población civil de la población, que se encuentra a cinco horas de Medellín, a un control territorial férreo, en una cotidianidad que transcurre, en consecuencia, bajo la presión de estas estructuras armadas.
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“Allá no entra nadie desconocido a ninguna hora. Entrar al casco urbano toca con muchísimo cuidado, uno desde que deja la troncal y coge la entrada a Briceño ya es de cuidado, no se sabe en qué momento le puedan salir esos bandidos a la vía”, remarcó Martínez al citado medio, en el que expuso la delicada situación de orden público, que quedó en evidencia con lo ocurrido con el joven comunicador.
Alcalde de Briceño está bajo amenaza de los grupos armados ilegales
Cabe destacar que el alcalde de Briceño, Noé de Jesús Espinosa, fue declarado objetivo militar del frente 36 de las disidencias de las Farc en febrero y tras la amenaza, la Unidad Nacional de Protección (UNP) únicamente le asignó un vehículo convencional. “El alcalde no puede movilizarse fuera del casco urbano y en ocasiones debe despachar desde Medellín”, relató el secretario Martínez a El Tiempo.
La situación se ha agravado con desplazamientos masivos, amenazas y un control minucioso sobre la población. Las restricciones de movilidad afectan incluso los traslados hospitalarios, supervisados por los grupos armados que, según testimonios recogidos, mantienen identificados a todos los habitantes mediante registros de las Juntas de Acción Comunal (JAC), las cuales tendrían coaccionadas.
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En un análisis de lo que sucede en Briceño, el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, explicó que el acceso a la ruralidad para la fuerza pública es de alto riesgo, ya que las disidencias han sembrado artefactos explosivos y minas antipersona en las rutas, lo que dificulta cualquier operación militar en esta zona del departamento.
De acuerdo con Martínez, en entrevista a El Tiempo, “el Ejército no tiene la capacidad para solucionar el problema de una vez. La Policía no se puede mover del casco urbano. En el municipio hay un pie de fuerza de entre 16 y 20 policías que no se mueven de la cabecera, eso le ha dado gran rango de movimiento a los bandidos”. Por ello, el crimen de Pérez Rueda encendió las alarmas sobre lo que sucede.
El funcionario confirmó que fuentes humanas informaron desde la misma noche que Pérez había sido secuestrado, torturado y asesinado por miembros del Frente 36. “Lo enterraron en la parte de atrás de la escuela de Palmichal. No es cierto que hayan dejado el cuerpo por ahí tirado a plena vista”, puntualizó el secretario Martínez, que activó junto al alcalde las rutas correspondientes.
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En este caso, el del joven creador de El Confidente, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación coordinaron una misión humanitaria para recuperar el cuerpo del periodista, pese a las restricciones de acceso impuestas por los ilegales. “La propia Defensora se demoró un día entero para poder entrar, ni ella puede identificarse y simplemente entrar porque no le comen”, aseguró el secretario de Seguridad.
El funcionario, en sus declaraciones, también reclamó mayor severidad y voluntad política del Ejecutivo. “Se necesita una intervención integral, con infantería y artillería; inteligencia de Ejército y Policía; acciones de prevención, disuasión, control y contundentes de comandos. Hay que meterse allá hasta que eso quede libre, porque puede quedar libre. De que se limpia la zona se limpia”, rescató.
Según estimaciones de la Gobernación, en Briceño operan unos 40 hombres armados del frente 36 de las disidencias. “La política no tiene color, pero este Gobierno nos deja unas estructuras sumamente ricas y fortalecidas, contrario censo, una fuerza pública debilitada y con bajas capacidades”, concluyó Martínez en entrevista con El Tiempo, al analizar el panorama de seguridad de cara a las elecciones.
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