En medio de la creciente inconformidad, en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío se se multiplicaron las protestas contra el cobro de los peajes en la vía que atraviesa el Eje Cafetero, donde actualmente se mantienen en funcionamiento siete casetas. Las manifestaciones responden a la falta de avances en el proceso de desmontar gradualmente estos cobros, una demanda reiterada por comunidades locales y respaldada por sectores políticos y sociales, que ven en la actual situación una carga desproporcionada para los residentes y trabajadores de la región.
La protesta, desarrollada el 16 de mayo de 2026, tuvo un impacto inmediato sobre la movilidad: las terminales de transporte de Pereira y Manizales suspendieron la venta de tiquetes entre ambas ciudades debido a la posibilidad de bloqueos en la carretera principal, según informó el capitán Alexis Ospina, jefe encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de Risaralda en rueda de prensa.
El funcionario también detalló que los mayores efectos se presentaron en los sectores de Tarapacá I, Tarapacá II y San Bernardo, donde hubo cierres intermitentes que provocaron congestiones y retrasos considerables para quienes debían transitar por este corredor vial. “Dado que no existen rutas alternas entre Manizales y Pereira, la principal alternativa para quienes viajan hacia Medellín es tomar el trayecto La Virginia – Viterbo – Túnel de Tesalia – Irra”, precisó el capitán.
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Videos difundidos en redes sociales y grabados por ciudadanos mostraron episodios en los que manifestantes, entre quienes habría integrantes de comunidades indígenas, dañaron talanqueras de los peajes con machetes y palos para liberar el tránsito y bloquear la recaudación en algunas estaciones. Aunque la mayoría de los plantones fueron pacíficos, estos actos generaron debate público y respuestas encontradas: algunos celebraron la acción, mientras otros la calificaron como vandalismo. La empresa Autopistas del Café, que administra la concesión de la vía desde hace décadas, se transformó en el blanco de las críticas y exigencias de los manifestantes.
Las demandas sociales escalaron a la agenda política. A comienzos de la semana, el representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio, convocó a la población a realizar un plantón pacífico y exigió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que inicie el desmonte gradual de los peajes, en concordancia con la propuesta que meses atrás había mencionado el presidente Gustavo Petro. No obstante, la publicación aclaró que no existen pruebas que vinculen de forma directa a Osorio con los incidentes vandálicos en las casetas.
El debate se complejizó por las denuncias de Osorio acerca de “algunos mandos en la ANI” que, según afirmó, buscan prorrogar la concesión de Autopistas del Café por 30 años más, hasta el año 2057. El contrato actual expira en febrero de 2027, por lo que la decisión sobre su continuidad o sustitución debe adoptarse antes de esa fecha.
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Exigencias de transparencia sobre el destino del recaudo y alternativas en discusión
La inquietud sobre la gestión y el destino de los fondos recaudados en los peajes fue un motivo adicional de protesta. Lina Arango, veedora ciudadana, cuestionó el manejo del Ejecutivo: “Queremos saber… de los 314.000 millones que recaudaron de peajes en 2025, ¿cuánto se invierte?, ¿cuánto es el arreglo de los jardines?, ¿por qué hay unas personas que tienen unas calcomanías y les hacen descuentos? Esa información debería ser pública”. La falta de respuestas claras sobre el uso y distribución de estos recursos alimentó las demandas de transparencia en la región.
En paralelo, la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, interpeló al Gobierno nacional por incumplir su promesa de acabar con los peajes y rechazar la prórroga de la concesión. Giraldo aseveró: “Todos sabemos que la propuesta de concesión IP Centro es mala para la región, pero lo que no sabemos es si el presidente Petro va a cumplir su palabra o si va a dejar amarrados por 30 años más a miles de ciudadanos con los mismos 7 peajes: caros, excesivos y sin una sola tarifa diferencial para quienes viven y trabajan aquí”, según recogió el periódico.
El Ejecutivo evalúa actualmente una propuesta alternativa presentada por la empresa IP-Conexión Centro, pero hasta ahora no se conocen ni los detalles del proyecto ni la valoración oficial que realizó el gobierno, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro de la concesión y la administración del corredor vial.
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Frente al clima de movilización, las autoridades reiteraron su llamado a los viajeros y conductores a permanecer atentos a las recomendaciones en carretera y a verificar el estado de las vías antes de emprender cualquier recorrido.