La candidata presidencial Paloma Valencia denunció el 13 de mayo de 2026 que, durante la gestión de Iván Velásquez como ministro de Defensa, se habrían entregado anticipadamente $195.375.000.000 a un contratista, representado por The Canadian Commercial Corporation (CCC), en el marco del acuerdo para construir el proyecto Fortaleza.
Según la senadora del Centro Democrático, este giro se realizó sin que la obra comenzara y sin que el contratista aportara ninguna garantía, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia y la justificación de la operación. Estas afirmaciones, difundidas por Valencia en sus redes sociales, apuntan directamente a una presunta irregularidad en la gestión de recursos públicos destinados a la infraestructura militar en Bogotá.
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El contrato, que fue firmado el 2 de agosto de 2022 entre el Ministerio de Defensa y la agencia del gobierno canadiense CCC, ascendía a $1.5 billones y preveía la construcción de un complejo administrativo en la Avenida 26 de Bogotá, donde estarían ubicadas las nuevas oficinas del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La obra debía finalizarse el 31 de julio de 2026, pero tras varias modificaciones y la inclusión de un parágrafo que habilitó el giro anticipado de utilidades, el proyecto nunca se materializó y el contrato fue terminado unilateralmente en febrero de 2026. La candidata presidencial sostuvo que “el Ministerio ordenó entregarle la ganancia al contratista sin que hubiese iniciado la construcción”.
El Ministerio de Defensa modificó el monto del anticipo y aprobó una utilidad anticipada
Entre los cambios introducidos al contrato, Valencia destacó que el anticipo originalmente pactado para 2022 era de $269.550.000.000, pero tras la modificación efectuada el 19 de diciembre de ese mismo año, el monto ascendió a $360.912.000.000.
Además, se estableció la obligación de entregar $195.375.000.000 adicionales como “remuneración estimada de la totalidad del proyecto” antes del 31 de diciembre de 2022. Conforme a la denuncia de la legisladora, este nuevo parágrafo no tenía “explicación alguna” y supuso un beneficio extraordinario para el contratista, que recibió la ganancia del contrato antes de iniciar cualquier actividad constructiva.
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Sobre estos señalamientos, el Ministerio habría justificado la acción a Valencia argumentando que la entrega anticipada de la utilidad era necesaria “para mitigar el riesgo cambiario y garantizar la estabilidad financiera y operativa del proyecto”. Sin embargo, la candidata cuestionó la lógica de esa explicación: “Para mitigar el riesgo cambiario, no se necesita entregarle la utilidad al contratista sin que hubiese iniciado el proyecto, más aún cuando se había pactado un cronograma de anticipos”, afirmó.
El Ministerio de Defensa, bajo la gestión de Iván Velásquez en el Gobierno de Gustavo Petro, terminó el contrato en febrero de 2026 y ordenó la devolución de los recursos. Sin embargo, la propia cartera le confirmó a Valencia que los fondos girados como anticipo, incluyendo la utilidad concedida al contratista, no han sido devueltos a la fecha.
Más de $465.537 millones continúan inmovilizados y sin devolución
A los $195.375.000.000 entregados como utilidad anticipada, se suman otros $465.537.000.000 que el Gobierno nacional transfirió como anticipo y que permanecen “quietos en una fiducia”, sin haberse restituido al Estado. Paloma Valencia informó que estos montos se encuentran retenidos por el contratista, que además no habría iniciado la construcción del proyecto Fortaleza, ni devuelto los recursos.
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La aspirante presidencial del Centro Democrático sostuvo que “el proyecto Fortaleza finalmente nunca arrancó, no se construyó nada, el Ministerio (...) terminó unilateralmente el contrato y ordenó devolver los recursos”. Valencia hizo énfasis en que la situación adquiere gravedad porque los fondos salieron de la fiducia sin que se hubiera exigido una garantía, bajo el argumento de que el respaldo recaía en el Gobierno de Canadá dada la modalidad de acuerdo intergubernamental. A pesar de que la fiduciaria debía proteger los recursos, “los $195.375 del mico de MinDefensa-Iván Velásquez ya habrían salido de la fiducia y estarían en las cuentas de los canadienses”, precisó.
Según detalló Paloma Valencia en sus declaraciones públicas difundidas en redes sociales, el contratista argumentó la imposibilidad de entregar garantías por la “naturaleza especial del acuerdo”, lo que derivó en que el Ministerio de Defensa confiara en el respaldo del gobierno canadiense como única garantía efectiva. La legisladora cuestionó nuevamente este proceder y preguntó: “¿Cuál es la verdadera razón por la que el Ministerio de Iván Velásquez metió este mico?”.
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