Una mujer de 42 años fue capturada por la Policía Nacional cuando intentaba ingresar marihuana y cocaína ocultas en sus zapatos a la estación de Policía del municipio de La Paz, Cesar. El hecho se registró durante una jornada de visitas a personas privadas de la libertad en las instalaciones ubicadas en el barrio Jorge Eliécer Gaitán.
Durante el procedimiento, una patrullera notó comportamientos sospechosos en la visitante y decidió inspeccionar cuidadosamente su calzado. En su interior, hallaron varias dosis de sustancias ilícitas que, según informaron las autoridades, tenían como destino a un detenido recluido en esa sede policial.
Estrategias de control y procedimientos institucionales
La Policía Metropolitana de Valledupar señaló el miércoles 13 de mayo de 2026 que estos controles forman parte de las estrategias para evitar el ingreso de elementos prohibidos en estaciones y centros de detención, teniendo en cuenta que la presencia de estupefacientes suele generar conflictos, riñas y problemas de convivencia interna.
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Ante esta situación se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, que explicó que los operativos de verificación son permanentes y se desarrollan bajo estrictos protocolos institucionales para garantizar la seguridad y el respeto por los derechos humanos, tanto de las personas privadas de la libertad como de sus familiares.
Consecuencias legales y acciones posteriores
Tras el hallazgo de los estupefacientes, la mujer fue detenida por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los uniformados se encargaron de leerle sus derechos y fue puesta a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación judicial en las próximas horas.
En cuanto a las sustancias incautadas, las autoridades locales informaron que quedaron bajo cadena de custodia como material probatorio para la investigación que se abrió en contra de la mujer involucrada y el interno para verificar el objetivo de este hecho que fue ampliamente rechazado por la institución.
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Debido a la gravedad del caso, la Policía Nacional reiteró que continuará reforzando los controles en estaciones y centros de detención en todo el área metropolitana, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y preservar la seguridad institucional.
Cabe mencionar que este no es el único avance relacionado con el tráfico de drogas en el norte del país, puesto que los uniformados continúan trabajando para evitar que las organizaciones dedicadas a su elaboración y distribución continúen afectando la salud de los consumidores e incrementando la inseguridad.
En la tarde del 13 de mayo, la Fiscalía General de la Nación confirmó que una fiscal de las Estructuras de Apoyo (EDA) de la Seccional Córdoba logró la judicialización de Sindy María Hurtado Arango por su presunta implicación en tráfico, fabricación o porte de estupefacientes afectando la seguridad en varios municipios de Córdoba.
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Desde septiembre de 2024, según determinó la investigación de las EDA, la mujer señalada como responsable por este delito habría coordinado la distribución de marihuana y cocaína en puntos fijos y a domicilio. Del mismo modo, el reporte oficial indica que los hechos ocurrieron en los barrios Juan Carlos y Villa Helia de San Andrés de Sotavento, así como en Belén de Tuchín y Villa Fátima de Chinú.
La información entregada por el ente judicial confirmó que las interceptaciones de comunicaciones, seguimientos a personas y objetos, además de entrevistas y testimonios, fueron algunas de las diligencias de policía judicial que sustentaron la imputación de cargos.
Según el Código Penal, el ingreso, tránsito, transporte, almacenamiento, elaboración, venta, adquisición o suministro de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas, sin el permiso de la autoridad competente conlleva una pena de prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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