Más de cinco toneladas de explosivos permanecían ocultas dentro de una vivienda del barrio Tejelo, en Medellín. El hallazgo, que encendió las alarmas de las autoridades, dejó al descubierto una operación clandestina que, según la investigación, estaría vinculada con redes criminales dedicadas al tráfico ilegal de material explosivo y actividades asociadas a economías ilícitas en varias regiones del país.
La dimensión del cargamento sorprendió incluso a los investigadores. En el inmueble fueron encontrados nitrato de amonio, Anfo, detonadores y cientos de metros de cordón detonante, elementos que habrían sido utilizados para ejecutar acciones violentas contra la fuerza pública, infraestructura estratégica y población civil.
El operativo fue adelantado por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de varias labores de inteligencia enfocadas en estructuras multicrimen que operan alrededor del tráfico de explosivos y la minería ilegal.
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Durante el allanamiento, las autoridades encontraron cerca de 1,5 toneladas de Anfo, además de 2.700 detonadores y 1.500 metros de cordón detonante. Todo el material tendría un valor superior a los 400 millones de pesos dentro del mercado ilegal.
Las investigaciones apuntan a que el inmueble funcionaba como un centro clandestino de almacenamiento y distribución de explosivos. Desde allí, el material presuntamente era movilizado hacia diferentes regiones donde operan organizaciones criminales vinculadas con minería ilegal aurífera y otras economías ilícitas.
Según la información recopilada por las autoridades, la red tendría presencia en departamentos como Arauca, Nariño, Antioquia, Quindío, Risaralda, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca.
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El hallazgo representa un golpe importante para las capacidades logísticas de estas estructuras criminales. De acuerdo con la Policía, además de evitar posibles atentados, la operación afectó una fuente de ingresos que generaba ganancias superiores al 200% mediante el tráfico ilegal de explosivos.
Sobre el resultado del procedimiento habló el brigadier general Wharlinton Gualdrón, que aseguró: “Con esta operación evitamos acciones contra la fuerza pública, la infraestructura crítica y la comunidad, al tiempo que golpeamos las finanzas criminales de una organización que tenía ganancias superiores al 200 por 100 mediante el tráfico ilícito de explosivos. Este explosivo será sometido a un rastreo que permitirá determinar el país de origen”.
Precisamente, uno de los puntos que más atención concentra dentro de la investigación es la procedencia del material encontrado en Medellín. Las autoridades avanzan en labores de trazabilidad para establecer cómo ingresaron los explosivos al país y qué rutas eran utilizadas para su distribución.
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Las pesquisas preliminares indican que parte de los detonadores habrían sido fabricados en Perú por la empresa Famesa, compañía que tendría presencia empresarial en Ecuador y Chile. Ese dato podría convertirse en una pieza clave para entender la cadena de abastecimiento y las conexiones internacionales detrás del tráfico ilegal de explosivos en la región.
Mientras continúan los análisis técnicos y judiciales, las autoridades intentan identificar a todos los integrantes de la red criminal involucrada. La hipótesis principal es que detrás de esta operación existiría una estructura con capacidad de mover grandes cantidades de material entre distintos departamentos y abastecer actividades ilegales relacionadas con minería y acciones armadas.
El hallazgo también volvió a poner sobre la mesa el riesgo que representa el tráfico de explosivos para zonas urbanas. La cantidad almacenada dentro de una vivienda ubicada en un sector residencial generó preocupación por el impacto que habría podido tener una eventual detonación accidental o un ataque planeado desde ese punto.
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Para las autoridades, retirar este material de circulación no solo reduce la posibilidad de atentados, también debilita el músculo financiero de organizaciones criminales que dependen de este tipo de economías ilícitas para sostener sus operaciones.
Por ahora, la investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre la red detrás del cargamento, las posibles conexiones internacionales y el destino final que tendrían los explosivos encontrados en Medellín.