La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresó su rechazo a los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro contra el Consejo de Estado, subrayando que el respeto por la separación de poderes es un deber ineludible en un Estado democrático. El pronunciamiento oficial se produjo tras las críticas del mandatario a través de redes sociales, donde cuestionó la legitimidad de las decisiones adoptadas por la alta corte en materia de pensiones.
El comunicado de la Rama Judicial y el principio de separación de poderes
En un comunicado difundido el 11 de mayo de 2026, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial recordó que la Constitución Política de Colombia establece con claridad la división de poderes y la autonomía de las distintas ramas del Estado. Según esta instancia, todas las autoridades públicas, especialmente quienes ejercen las más altas dignidades, están obligadas a respetar ese principio fundamental.
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El texto señala: “El respeto por la separación de poderes constituye un deber ineludible de todas las autoridades públicas, especialmente de quienes ejercen las más altas dignidades del Estado”. Además, recalca que el artículo 113 de la carta magna instituyó la separación de poderes como un elemento central de la estructura institucional del país.
Críticas de Petro al Consejo de Estado por decisión sobre pensiones
El presidente Gustavo Petro criticó abiertamente al Consejo de Estado tras una decisión que afecta el derecho a la pensión de los trabajadores. En sus redes sociales, el mandatario afirmó: “El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador”. Petro sostuvo que la decisión de la corte representaría una afrenta a los derechos laborales consagrados en la Constitución de 1991.
El jefe de Estado cuestionó la legitimidad del alto tribunal para anular derechos adquiridos por los trabajadores, calificando la medida como “inconstitucional” y señalando que constituiría “un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano”. Además, instó a la Corte Constitucional a que intervenga y reivindique la justicia en el país.
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Defensa institucional del Consejo de Estado y la autonomía judicial
La Rama Judicial recalcó que la existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado derivan directamente de la Constitución, reflejando la voluntad del constituyente. El comunicado enfatiza que el artículo 238 de la carta política confiere a las altas cortes la facultad de suspender provisionalmente los efectos de actos administrativos, incluidos los expedidos por el poder ejecutivo.
“La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado tienen origen directo en la Constitución y responden a la voluntad soberana del constituyente”, resalta el texto oficial.
La Comisión Interinstitucional reiteró su compromiso con la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos de los ciudadanos, y exhortó a que las demás ramas del poder público actúen en consonancia con estos principios.
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Contexto y consecuencias del debate entre poderes
Las declaraciones de Gustavo Petro se suman a una serie de episodios recientes donde el Ejecutivo ha cuestionado decisiones judiciales de las altas cortes. El mandatario argumentó que los fallos responden a intereses particulares y apuntó contra figuras de la banca nacional, al afirmar: “El consejo de estado no puede pretender, por salvar los dos banqueros dominantes de este país, que se estafe al pueblo trabajador”.
En su mensaje, Petro reiteró que el pueblo trabajador debe decidir sobre el poder y llamó a rechazar lo que considera una concentración indebida de autoridad en los órganos judiciales. El presidente concluyó su intervención con un llamado a la dignidad y a la defensa de los derechos sociales.
La postura de la Rama Judicial frente a la coyuntura
El pronunciamiento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial busca fortalecer el compromiso de la justicia con la autonomía y la imparcialidad. Según el comunicado, la Rama Judicial espera que “las demás ramas del poder hagan lo propio” en la defensa del orden constitucional.
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