El Concejo de Bogotá aprobó en plenaria la propuesta que contempla beneficios temporales en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y en las estampillas distritales para la realización en Bogotá de partidos de las selecciones Colombia masculinas y femeninas, organizados por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).
La propuesta busca fortalecer la competitividad de la ciudad frente a otras capitales del país, dinamizando la economía local y promoviendo el turismo. La iniciativa, aprobada en plenaria, contempla beneficios tributarios temporales aplicables hasta el 31 de diciembre de 2036.
“Celebramos que el Concejo de Bogotá haya aprobado esta iniciativa de otorgarle a la Federación Colombiana de Fútbol la posibilidad de traer partidos a nuestra ciudad con unos incentivos tributarios. Esperamos gozar de la alegría de fútbol todos juntos y que Bogotá sea la casa de la selección”, señaló Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá.
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El proyecto de Acuerdo 304 de 2026 también contempla que la Administración Distrital, a través de las entidades competentes, adoptará un procedimiento preferente, ágil, coordinado y simplificado para el trámite y la expedición de permisos necesarios para el uso temporal del espacio público durante el desarrollo de actividades y puntos de encuentro asociados a los eventos contemplados en el presente acuerdo.
¿Cómo impactan estos eventos deportivos la economía local?
Este tipo de encuentros generan efectos positivos directos e indirectos sobre la actividad económica de las ciudades sede.
Se estima que un partido de la Selección masculina de Colombia de mayores podría generar un impacto directo cercano a 19 mil millones de pesos en la economía de la ciudad.
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Los principales beneficios son:
- Aumento del turismo nacional e internacional.
- Mayor ocupación hotelera.
- Incremento en ventas de bares, restaurantes y comercio.
- Mayor demanda de transporte y servicios logísticos.
- Dinamización de ventas de productos locales y artesanías.
"Con esta iniciativa, Bogotá da un paso firme hacia la consolidación de una estrategia integral que busca posicionarla como referente deportivo, atraer competencias de nivel internacional y generar nuevas dinámicas en el comercio, el turismo y la creación de empleo", se lee en el comunicado.
Detalles de la aprobación
La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su presidente Ramón Jesurún, planteó ante el Concejo de Bogotá la pérdida de competitividad de la ciudad en comparación con Barranquilla y Medellín. Esta situación se atribuye a la menor capacidad de los estadios bogotanos y a las ventajas tributarias que ofrecen otras ciudades.
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Jesurún subrayó que la modernización del estadio El Campín resulta clave para que Bogotá vuelva a posicionarse como sede relevante en el fútbol nacional e internacional.
En el análisis sobre la frecuencia con la que la Selección Colombia disputa partidos en Bogotá, se evidencia el desplazamiento de la capital como escenario principal. La mayoría de los encuentros recientes se han jugado en Barranquilla o Cali, lo cual acentúa la brecha entre las sedes tradicionales y Bogotá.
El debate del proyecto fue más allá del fútbol. Rolando González (Cambio Radical) y Samir Abisambra (Partido Liberal) expusieron los posibles beneficios económicos para la ciudad si se aprueba la reforma. Otros concejales, como Julián Triana (Alianza Verde), solicitaron mayor transparencia sobre el impacto fiscal, mientras que José del Carmen Cuesta (Pacto Histórico) propuso vincular los incentivos a la promoción de escuelas deportivas en todas las localidades, iniciativa que no prosperó en esta etapa. Sandra Forero (Centro Democrático) sugirió habilitar espacios públicos de visualización para ampliar el acceso ciudadano a los partidos.
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Leandro Castellanos (Alianza Verde) respaldó el proyecto, pero alertó sobre el riesgo de concentrar los incentivos solo en el fútbol. Recomendó incluir otras disciplinas deportivas para evitar desequilibrios en el sistema y asegurar un desarrollo más integral. Además, señaló la necesidad de establecer mecanismos que permitan evaluar el impacto real de las exenciones y garantizar la adecuada gestión de los recursos públicos.
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que el modelo no implica compromisos económicos para la ciudad si los eventos no se llevan a cabo.