El anuncio del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que formalizó la ejecución de “juicios revolucionarios” contra funcionarios del Estado, incluidos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía, bajo la figura de “prisión revolucionaria”, causó una fuerte reacción en la aspirante presidencial del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia.
El grupo armado ilegal indicó la imposición de condenas a cuatro servidores públicos: dos agentes del cuerpo de investigación y dos integrantes del cuerpo policial. En el caso de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, el funcionario fue sentenciado a 60 meses de prisión revolucionaria, mientras que Rodrigo Antonio López Estrada recibió una pena de 55 meses, tras haber sido interceptados en mayo de 2025 en el municipio de Fortul.
El ELN también incluyó resoluciones contra el subintendente Franki Hoyos y el patrullero Yordin Fabián Pérez, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía. Los uniformados, con trayectorias de 17 y más de 10 años, fueron capturados el 20 de julio de 2025 entre los municipios de Tame y Arauca, y recibieron una “pena” de 36 meses de secuestro por su presunta labor de inteligencia y espionaje.
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Así fue la dura reacción de Paloma Valencia al anuncio del ELN
Este pronunciamiento del grupo armado ilegal puso la lupa sobre el fracaso de las políticas de paz del Gobierno Petro y la crisis en relación con el flagelo del secuestro. Por ello, la senadora Valencia cuestionó el silencio de figuras clave en el proceso, como el congresista y candidato Iván Cepeda Castro, considerado el padre de la denominada Paz Total, al cuestionarse si con ello estaría avalando el secuestro como táctica de presión.
“¡Hágame el favor! El ELN anuncia juicios revolucionarios y llama al secuestro de los agentes del CTI, detención. ¿Qué dice el papá de La Paz Total Candidato @IvanCepedaCast? ¿Avala el secuestro?“, expresó Valencia en su perfil de X, en respuesta al mensaje divulgado por el grupo ilegal, que no ha presentado pruebas públicas ni ha detallado los mecanismos internos que sustentan tales acusaciones.
Y es que los funcionarios del CTI han sido señalados de participar en actos de tortura, agresiones a la población civil, desaparición forzada y violaciones al derecho internacional humanitario. Por ello, el ELN utiliza la figura de “juicio revolucionario” como mecanismo de justicia paralela, ajena al estado social de derecho, que estaría siendo vulnerado con estos procesos, que han causado repudio.
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Es oportuno destacar que el 16 de febrero circularon videos de prueba de supervivencia en los que los retenidos enviaron mensajes a sus familias y solicitaron la intervención del Gobierno nacional para acelerar las gestiones de liberación. En respuesta, el grupo armado ya había planteado en octubre de 2025 la exigencia de liberar integrantes del ELN de centros penitenciarios a cambio de los secuestrados.
Frente a esto, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, hizo público su rechazo frente a esta práctica. “El secuestro sigue siendo un crimen inaceptable que viola los principios más básicos de la humanidad. A quienes los mantienen cautivos, exigimos una decisión inmediata: libérenlos ahora. No hay justificación posible ante el dolor de sus familias ni ante la indignación de un país que no tolera este crimen”.
A lo largo del proceso, los familiares de los retenidos han solicitado la intervención de organismos nacionales e internacionales, e insistido en la necesidad de establecer canales humanitarios que permitan la liberación sin condiciones y el respeto a los derechos fundamentales de los funcionarios en poder de esta estructura criminal, que desconoció los acuerdos logrados en ciclo ciclos del fallido proceso de paz.
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