El operativo de desalojo iniciado en el sector El Remanso, en la localidad de Bosa, ha generado una fuerte reacción de representantes políticos en Bogotá. Desde primeras horas del 6 de mayo de 2026, autoridades llegaron al lugar con el propósito de desalojar y derrumbar viviendas, medida que afecta a cerca de mil familias asentadas en la zona.
La acción estatal, acompañada por un importante despliegue de fuerza pública, ha sido calificada como un atentado contra los derechos fundamentales de la población vulnerable.
La concejala Ana Teresa Bernal Montañéz, a través de su cuenta en la red social X, alertó sobre el impacto del procedimiento. “Ya inició el operativo en Bosa El Remanso. Están llegando para desalojar y derrumbar las viviendas de cerca de mil familias”, publicó.
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Bernal subrayó que el Estado, después de años de cobrar servicios e impuestos a estas familias, ahora recurre a la fuerza pública para expulsarlas de sus hogares. Destacó que la situación pone en peligro a madres cabeza de hogar, niños y adultos mayores, quienes podrían quedar desamparados y sin techo.
Bernal consideró que la intervención no corresponde solo a un trámite administrativo, sino que responde a una “decisión política que golpea a los más vulnerables”. Ante esto, exigió la suspensión inmediata del operativo y la instalación de una mesa de diálogo urgente entre la administración distrital y la comunidad afectada.
“No se puede gobernar expulsando a la gente de su territorio”, advirtió la concejala, pidiendo alternativas dignas para quienes hoy ven amenazada su vivienda y estabilidad.
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El desalojo también provocó el rechazo de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, quien se sumó a las voces de crítica. “Rechazo contundentemente el operativo de desalojo contra casi mil personas que viven en el barrio El Remanso en la localidad de Bosa”, afirmó Carrascal.
La congresista calificó como “impresentable” que el alcalde Carlos Fernando Galán ordenara el despliegue policial para derrumbar “100 hogares en los cuales miles de personas han construido sus proyectos de vida durante 16 años”, y resaltó que los residentes han cumplido obligaciones tributarias en la ciudad.
Carrascal hizo un llamado a la ciudadanía para que respalde a las familias afectadas y no permita lo que considera un atropello a los derechos fundamentales.
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“Llamo a la ciudadanía a demostrar su solidaridad y a evitar este atropello”, expresó. Además, insistió en la necesidad de encontrar soluciones distintas a la expulsión, que respeten la dignidad de quienes han formado comunidad en El Remanso.
Alcaldía de Bosa aclaró sus competencias ante la crisis social
El 5 de mayo de 2026, la Alcaldía Local de Bosa confirmó que el desalojo en el sector El Remanso se realizaría el 6 de mayo de 2026, en cumplimiento de una orden judicial que exige la restitución del terreno a la empresa Sotrandes.
Mediante un comunicado oficial, la administración explicó: “Se ha dispuesto la materialización de la medida de restitución del referido predio”, citando el fallo de tutela de 2024 y el incidente de desacato que precipita la diligencia.
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La entidad puntualizó que no es responsable directa de ejecutar el operativo, labor que corresponde a la Inspección de Policía de Paz y Convivencia 7-A de Bosa.
“No es la entidad competente para la ejecución material de la diligencia, ni tiene injerencia en la toma de decisiones relacionadas con su desarrollo o resultados”, aclaró la Alcaldía, subrayando que su rol ha sido de coordinación administrativa e interinstitucional.
En ese sentido, la Alcaldía reseñó su participación en mesas técnicas, censos y jornadas de articulación con otras entidades, así como la oferta de servicios y la identificación de las familias afectadas. Destacó su presencia en territorio con cortes de censo en 2021, 2025 y enero de 2026.
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A pesar de los esfuerzos administrativos, la administración sostuvo que la orden judicial debe cumplirse, aunque reconoce el impacto sobre cerca de mil personas que serán desalojadas.
La Alcaldía reiteró: “Reafirmamos el compromiso con el cumplimiento de las decisiones judiciales y la articulación institucional, dentro del respeto por el ordenamiento jurídico”.