El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de no liberar a miembros de la Policía y la Fiscalía General de la Nación sigue despertando el rechazo desde el oficialismo y otros sectores políticos.
De hecho, tras la aparición del grupo armado en la que informó sobre el supuesto “juicio revolucionario” contra los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, condenados a una supuesta pena de hasta cinco años, además de los oficiales Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), la delegación de paz del Gobierno rechazó la decisión del ELN.
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A través de un comunicado emitido en la mañana del miércoles 6 de mayo, el grupo negociador aseguró que ha establecido contacto con el ELN desde hace un año para conseguir la liberación de los cuatro hombres sin conseguir ningún avance.
“La Delegación del Gobierno Nacional en los Diálogos de Paz con el ELN rechaza la decisión de mantener secuestrados a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional tras el juicio revolucionario”, escribió el equipo negociador.
Según la delegación, durante 12 meses también han solicitado la colaboración de otros actores para avanzar en las negociaciones, además de mantener comunicación permanente con los familiares de las víctimas.
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“Durante un año hemos hecho gestiones para la liberación de los 4 funcionarios en diversas instancias, la Gestoría de Paz del ELN, comunidad internacional e Iglesia Católica. Igualmente, hemos estado en permanente comunicación con las familias”, continuó la delegación de paz.
Finalmente, el equipo negociador del Gobierno nacional hizo un llamado al ELN para adelantar encuentros en los que se pueda acordar la liberación de los cuatro hombres de la Policía y la Fiscalía, sin que existan condiciones por parte del grupo armado.
“Hoy de nuevo solicitamos al ELN un gesto humanitario para que no sólo respete la vida de los funcionarios, sino que los libere sin condiciones. Nuestra delegación continuará trabajando y utilizará los canales posibles para buscar la liberación”, concluyó la delegación de paz del Gobierno.
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El comunicado oficial se da apenas un día después de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) prolongara el secuestro de cuatro funcionarios colombianos tras someterlos a un “juicio revolucionario” y sentenciarlos a “prisión revolucionaria” por delitos imputados por la guerrilla, lo que ha provocado una condena pública del Gobierno nacional y renovado llamado a la intervención de la comunidad internacional
La decisión fue comunicada por un vocero del Frente de Guerra Oriental del ELN, quien anunció a través de redes sociales que los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, recibirán penas de 60 y 55 meses de cautiverio, respectivamente.
El ELN los acusa de supuestos delitos de pertenencia a organismos estatales responsables, según ellos, de crímenes de lesa humanidad, espionaje y creación de montajes judiciales.
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El anuncio se da a casi un año de su secuestro, ocurrido el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, Arauca, lo que ha generado impacto por la duración y la legalidad atribuida al acto por parte de la organización insurgente.
En la misma declaración, la guerrilla extendió el “juicio revolucionario” a los agentes de la Dijín de la Policía Nacional Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, capturados en julio de 2025 en la vía entre Tame y Arauca. Fueron condenados a “36 meses de prisión revolucionaria” por presunto espionaje.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en diálogo con Caracol Radio y citado, expresó el rechazo gubernamental a la decisión del ELN. “El ELN no es ningún organismo del Estado colombiano, todo lo contrario, es una amenaza contra el pueblo colombiano. Por este delito que están cometiendo del secuestro, incluso da una pena hasta 40 años de prisión”, expresó el ministro.
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Además, enfatizó que el Estado no abandonará a las familias de los secuestrados y convocó a la comunidad internacional, organismos no gubernamentales, defensores de derechos humanos y la Iglesia Católica a sumar esfuerzos para lograr la liberación de los cautivos.
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