La posible terminación anticipada de contratos de suministro de gas natural de Canacol Energy a Cerro Matoso generó preocupación entre la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM). Según estos gremios, la medida pondría en riesgo sectores industriales clave, el empleo y la estabilidad económica de regiones como la Costa Caribe, sobre todo, en el sur de Córdoba.
La interrupción de estos contratos amenaza con afectar la continuidad de la operación industrial, provocar aumentos en las facturas de gas para hogares y comercios, y comprometer miles de empleos directos e indirectos en el país. Adicionalmente, impactaría la viabilidad de empresas relevantes como Cerro Matoso, además de reducir los ingresos fiscales nacionales en un contexto de incertidumbre por el fenómeno de El Niño.
Riesgos para la seguridad energética y la competitividad
De acuerdo con Asoenergía, el gas natural es un insumo esencial para procesos productivos que, en muchos casos, no cuentan con alternativas viables ni técnica ni económicamente a corto plazo. La asociación señala que Canacol Energy representa cerca del 17% del suministro nacional y aporta aproximadamente el 50% del gas para la Costa Caribe.
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Cualquier interrupción en el suministro, según el gremio, puede repercutir directamente en el funcionamiento de industrias, comercios y hogares, además de amenazar la competitividad regional. Asoenergía advirtió por medio de un comunicado que “un eventual cambio en las condiciones de los contratos podría traducirse en incrementos inmediatos en los precios internos del gas, con el consecuente aumento de los costos para todos los segmentos de usuarios”.
El gremio resaltó que el efecto podría agravarse en el actual clima de vulnerabilidad energética que vive el país, marcado por la llegada del fenómeno de El Niño y la volatilidad de los precios internacionales del gas importado. Resaltó, además, el papel fundamental del gas natural en la generación térmica eléctrica para la Costa Caribe, cuya estabilidad depende en gran parte de este recurso.
De igual manera, enfatizó en la importancia de condiciones contractuales estables para garantizar la confiabilidad energética y la sostenibilidad del sector productivo. Recalca que la continuidad del suministro de gas resulta determinante para industrias y comunidades, especialmente frente a eventos climáticos adversos y cambios en el contexto internacional.
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Consecuencias para Cerro Matoso y la región de Córdoba
El caso de Cerro Matoso ejemplifica la magnitud del impacto potencial. La compañía minera depende en un 80% del gas suministrado por Canacol Energy para el desarrollo de sus actividades. Tanto Asoenergía como la ACM advierten que la terminación anticipada del contrato podría llevar a la paralización inmediata de su operación en el sur de Córdoba.
Según la ACM y su presidente, Juan Camilo Nariño, el cese del suministro pondría en peligro más de 2.000 empleos entre directos e indirectos. Además, se verían afectadas más de 50.000 personas y 25 comunidades que se benefician de los programas sociales de Cerro Matoso.
En el ámbito fiscal, las cifras compartidas por Asoenergía y la ACM reflejan el peso económico de la operación minera. El Estado colombiano percibió en 2025 más de $334.570 millones en regalías e impuestos de la empresa, por lo que una suspensión implicaría la pérdida de cerca de $1.000 millones diarios para el país y de más de 5.100 millones diarios para la compañía, según estimaciones de los gremios.
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Dicha situación, advirtieron, generaría un efecto dominó: no solo se afectarían empleos y comunidades, sino también la recaudación tributaria y la estabilidad económica regional.
Incertidumbre contractual
Los gremios hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se garantice el respeto al ordenamiento jurídico colombiano en las relaciones contractuales y se proteja el suministro energético. Asoenergía insiste en la necesidad de preservar la seguridad jurídica, proporcionando condiciones claras y previsibles para los consumidores industriales y comerciales.
Al respecto, la directora ejecutiva de Asoenergía, Silvana Habib Daza, dijo que “la falta de claridad pone en alerta a toda la industria y puede disuadir la inversión. Propuso que la institucionalidad y el respeto a los contratos deben regir el desarrollo del sector, asegurando así el funcionamiento de operaciones vitales para el empleo y la competitividad nacional”.
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Por su parte, el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, calificó de inadmisible la incertidumbre sobre un insumo tan crítico como el gas natural. Nariño remarcó que “decisiones precipitadas pondrían en riesgo miles de empleos, el sustento económico de familias e impactarían directamente las finanzas nacionales”.
Tanto Asoenergía como la ACM reiteraron que gestionar mal la incertidumbre contractual podría frenar proyectos industriales estratégicos, debilitar la competitividad del país e impedir el desarrollo económico regional. Ambas organizaciones mantendrán el seguimiento sobre la evolución de este caso y manifiestan su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones que aseguren el suministro energético confiable y competitivo.
Insistieron en que la estabilidad jurídica y el respeto por las reglas contractuales son condiciones esenciales para preservar la confianza en los sectores productivo y energético de Colombia. Así las cosas, mantener un suministro de energía seguro resulta prioritario para planificar el crecimiento de la industria y el bienestar de las regiones.
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