Con una votación de 6 a 2, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó en la mañana del miércoles 29 de abril de 2026 la sanción contra la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, tras comprobarse la violación de los topes legales de gastos por más de $5.300.000.000 en las dos vueltas electorales.
Tras la decisión, salieron a la luz varias irregularidades cometidas por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que fue el gerente de la campaña Petro Presidente.
Entre estos gastos figura el evento de cierre de campaña realizado en el Movistar Arena el 19 de junio de 2022, con un costo de $250.000.000, así como la donación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) a la campaña. El Consejo Nacional Electoral identificó un intento deliberado de alterar la trazabilidad de estos recursos por parte del gerente de campaña.
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La lista incluye el controvertido préstamo del Polo Democrático por $500.000.000, y la contratación de pauta publicitaria por $356.000.000 durante la primera vuelta.
En reacción a las revelaciones de Semana, Gustavo Petro utilizó sus redes sociales con el fin de aclarar varias dudas alrededor de su aspiración presidencial. Según su análisis, el acto donde celebró su consagración como gobernante de los colombianos no debería ser visto como gasto de campaña.
“Cómo se le ocurre llamar sobre tope electoral al evento de mi triunfo a la presidencia, acaso, por definición ¿no se hace es después de la campaña que tiene fecha de inicio y terminación por ley? (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.
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El primer mandatario también señaló que la decisión del CNE estuvo influenciada, en su opinión, por una terna cercana al uribismo, por lo que no aceptó el fallo.
“La revista de la oposición sin analizar lo considera sobretope, igual hicieron con los testigos electorales que trabajan por derecho ciudadano y después de la campaña. A mí campaña la juzgó fue la oposición uribista y sus consejeros sub judice en el Concejo Nacional Electoral, y no aceptamos ese proceso, es nulo y esa decisión (sic)”.
En ese sentido, aseveró: “He solicitado ante la decisión final de la Corte Constitucional que muestra la inconstitucionalidad del proceso que hizo el CNE y los magistrados del Consejo d estado que la avalaron con su concepto, declarado inconstitucional, iniciar por prevaricato denuncia ante las autoridades penales respectivas (sic)”.
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Los detalles de la decisión del CNE contra la campaña presidencial de Petro
Además de la multa impuesta —que asciende a $5.922.000.000— el CNE ordenó remitir copias del expediente a la Fiscalía para que investigue a Ricardo Roa por posibles delitos vinculados a la financiación de campañas con fuentes prohibidas, la violación de límites de gasto, fraude procesal y otros delitos que surjan de la información contenida en la resolución.
La autoridad electoral también envió la versión digital del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, considerada el juez natural del presidente, dentro del proceso identificado con el radicado 5914, para su análisis y posibles acciones futuras.
La resolución de la entidad encargada de los asuntos electorales del país recibió un refuerzo institucional, ya que la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía solicitando investigar tanto a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, como al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntas anomalías relacionadas con el registro de gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro y de la campaña al Senado del Pacto Histórico. Según la investigación, Jaramillo tuvo la responsabilidad de coordinar la campaña al Senado en ese periodo.
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El núcleo de la indagación penal apunta a que en 2022, autoridades detectaron maniobras para presentar gastos del entorno de Petro como si correspondieran a la campaña legislativa dirigida por Jaramillo. Voceros del ente acusador indicaron en diálogo con El Tiempo que los investigadores analizan una posible “triangulación de recursos”.
Esta desviación incluiría gastos de desplazamientos aéreos contratados con la empresa Sadi S.A.S., asociada a Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco, conocido como narcopiloto y quien se entregó a la justicia de Estados Unidos.
Tanto Gustavo Petro como Ricardo Roa y Guillermo Alfonso Jaramillo negaron cualquier irregularidad relacionada con los gastos de campaña.