El presidente Gustavo Petro defendió las cifras de empleo de su gobierno y aseguró que Colombia registra “la menor tasa de desocupación en este siglo”.
Según dijo, las críticas que señalan que el crecimiento del empleo depende principalmente del sector público “no reflejan la realidad del mercado laboral”.
El mandatario rechazó la versión según la cual la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo proviene del sector público. “No es cierto. El mayor empleo generado es el trabajo de la salud, tanto en el ámbito público como en el privado”, afirmó, al insistir en que el crecimiento del empleo está concentrado en el sistema sanitario y no en una expansión exclusiva del Estado.
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En su explicación, Petro cuestionó además la narrativa sobre un supuesto deterioro del sistema de salud.
“Contrario a lo que dice la prensa sobre el caos de la salud lo que vemos es una crisis financiera de los aseguradores privados de la salud, EPS y un resurgir de hospitales y clínicas públicas y privadas”, señaló, defendiendo la idea de que el modelo sanitario atraviesa una transformación más que un colapso.
El presidente sustentó su argumento en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), al afirmar que “el cuadro del DANE muestra que se construyeron 369.000 puestos de trabajos en salud”, lo que calificó como un indicador de recuperación del sector. Según dijo, este comportamiento evidencia lo que llamó “un renacer de la salud en Colombia”.
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Petro también cuestionó el tratamiento mediático de la situación del sistema sanitario. “¿De dónde saca la prensa que está desfinanciada la salud?”, preguntó, insistiendo en que los indicadores oficiales no respaldan esa lectura y que, por el contrario, hay señales de expansión en la red de servicios.
El jefe de Estado sostuvo además que el crecimiento del empleo en salud no se limita al sector público. En su visión, la mayor parte de los nuevos puestos se ha generado en hospitales y clínicas tanto privadas como públicas, así como en el sistema de atención preventiva articulado con los municipios.
“Esta fuerza de la salud, mayor que la fuerza pública armada, se ha creado es en las clínicas y hospitales privados y públicos en todo el país y no en las EPS”, aseguró.
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Dentro de esa distribución, el presidente explicó que una parte importante corresponde al sistema de prevención.
Según sus cifras, “cerca de 150.000 empleos son públicos en el área del sistema de prevención con los equipos básicos de salud con más de 90.000 puestos de trabajo”, lo que, dijo, refleja una expansión de la atención primaria en el territorio.
El mandatario también incluyó en su balance otros sectores del Estado, como la incorporación de personal en educación y defensa. Señaló la creación de “16.000 nuevos soldados, y 20.000 nuevos maestros y maestras”, como parte del crecimiento del empleo formal en el país durante el último año.
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El panorama descrito por el Ministerio de Salud y los organismos de control deja ver un sistema de salud en tensión estructural, donde el aumento del gasto público y la expansión de la atención no han logrado compensar el deterioro financiero acumulado de las EPS.
Por un lado, el Gobierno sostiene que la intervención estatal ha permitido sostener la operación del sistema, ampliar la cobertura territorial y fortalecer la atención primaria; por el otro, las cifras de deuda y los hallazgos de auditoría evidencian un modelo asegurador con problemas profundos de liquidez, gobernanza y control.
El incremento del presupuesto en salud —que supera los 73 billones de pesos proyectados para 2026— contrasta con un déficit histórico que, según el propio Ministerio, ya supera los 32 billones de pesos en deudas de las EPS.
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A esto se suman los recursos no recaudados por exoneraciones patronales, que habrían reducido significativamente la capacidad de financiamiento del sistema en los últimos años.
Este desfase entre ingresos y compromisos operativos ha terminado por trasladar la presión al Estado, que ha tenido que asumir transferencias extraordinarias para evitar una mayor afectación en la prestación de servicios.
Las auditorías forenses y los informes de intervención han añadido un componente adicional de complejidad. Las denuncias de sobrecostos, facturación irregular y cobros indebidos —incluidos registros de atención a usuarios fallecidos— no solo reflejan fallas administrativas, también posibles prácticas sistemáticas de corrupción o debilidad en los mecanismos de control.
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Aunque estos hallazgos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, la falta de avances judiciales mantiene un escenario de incertidumbre sobre la capacidad de respuesta institucional.
El Gobierno ha intentado demostrar que el sistema no está en colapso, sino en transición.
La expansión de los equipos básicos de salud, la implementación de buques hospital y el despliegue de más de 100.000 profesionales en el territorio buscan reforzar la idea de un modelo más preventivo y descentralizado.
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Sin embargo, estos avances conviven con un sistema asegurador debilitado, donde la mayoría de las EPS no cumplen con los requisitos de solvencia y capital mínimo.