La cancelación del proyecto Centros PotencIA dejó en evidencia el fracaso de un convenio millonario que, tras 17 meses de vigencia, no logró iniciar obras en ninguno de los 60 puntos previstos en el país.
El Ministerio TIC anunció que no prorrogará el contrato interadministrativo con Findeter, decisión con la que busca recuperar cerca de 230 mil millones de pesos y desmontar una iniciativa que permanecía estancada en fase de planeación.
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De acuerdo con información citada por Revista Semana, la decisión se tomó luego de detectar fallas estructurales, ejecución física nula y retrasos que impidieron que el programa avanzara más allá de trámites preliminares.
El proyecto, concebido para ampliar acceso a inteligencia artificial y formación digital en regiones, terminó convertido en un caso de recursos comprometidos sin resultados materiales.
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La ministra TIC, Carina Murcia, explicó que una solicitud de prórroga presentada por Findeter terminó acelerando la decisión de liquidar el convenio, pues incluía reducción de sedes y requerimientos de recursos adicionales pese a un avance apenas del 17 por ciento.
Según la funcionaria, continuar bajo esas condiciones habría implicado mayores riesgos para recursos públicos, por lo que optaron por cerrar el proceso antes de prolongar su incertidumbre financiera y jurídica.
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“No podíamos permitir la continuidad de un proyecto sin avances en su ejecución”, señaló la ministra, al justificar la terminación del convenio y el acompañamiento preventivo solicitado a la Contraloría.
Uno de los elementos centrales del anuncio fue la recuperación de recursos. Del presupuesto cercano a 234 mil millones de pesos, solo se habría girado una suma cercana a 4 mil millones por asistencia técnica ya ejecutada.
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El resto de recursos, junto con rendimientos financieros, será reintegrado a la Nación y al Fondo Único TIC como parte del proceso de liquidación y reestructuración del proyecto.
Ese componente fue presentado por el Gobierno como una medida para evitar mayores pérdidas y proteger recursos públicos comprometidos con conectividad e innovación.
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El caso también abrió cuestionamientos sobre la gestión técnica del convenio con Findeter.
Bajo el diseño original, la entidad tenía funciones de estructuración, contratación y supervisión de obras, mientras MinTIC ejercía vigilancia y seguimiento financiero.
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Sin embargo, auditorías internas identificaron incumplimientos reiterados de contratistas, debilidades de planeación y ausencia de alertas tempranas sobre problemas de viabilidad.
Ese conjunto de fallas terminó llevando al Gobierno a concluir que el modelo no era sostenible. Según el diagnóstico oficial, mantener el convenio implicaba altos niveles de incertidumbre sin garantías de resultados concretos.
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La decisión marca un giro frente a la narrativa inicial del programa, que había sido presentado como una apuesta para democratizar acceso a inteligencia artificial y capacidades digitales en distintas regiones.
En su formulación, los Centros PotencIA contemplaban laboratorios tecnológicos, espacios de coworking y procesos de formación para comunidades.
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Pero el proyecto quedó atrapado en la planeación y nunca llegó a consolidarse en ejecución real, lo que terminó precipitando la cancelación.
El anuncio también puso en contraste el balance entregado en la administración anterior, cuando se reportaban avances de diseño técnico y primeras piedras protocolizadas en algunas regiones.
Según la evaluación actual, esos anuncios no lograron traducirse en construcción efectiva ni en resultados visibles en territorio.
La liquidación del contrato busca ahora abrir la puerta a una reestructuración técnica, con nuevos criterios de ejecución para retomar objetivos de conectividad y formación digital bajo otro modelo.
El Gobierno planteó que la apuesta por esos objetivos continúa, aunque bajo esquemas que, según dice, deberán ofrecer mayores garantías de cumplimiento.
Esa redefinición aparece como intento de rescatar el propósito del programa después del fracaso contractual con Findeter.
La recuperación de los recursos se convirtió en el eje político del anuncio, en medio de un escenario en el que el Gobierno busca mostrar control frente a un proyecto que no produjo resultados pese a su alto presupuesto.
Más allá de la cancelación, el caso deja preguntas sobre fallas de estructuración, supervisión y responsabilidades dentro de un convenio que permaneció 17 meses sin iniciar obras.
También reabre debate sobre ejecución de proyectos tecnológicos públicos y la distancia entre anuncios de innovación y capacidad real de implementación.
Por ahora, el mensaje oficial es que el proyecto, tal como estaba concebido, terminó liquidado, mientras los recursos retornarán para una eventual reformulación.
Lo que empezó como una apuesta para expandir inteligencia artificial en regiones terminó convertido en un fracaso contractual que el Gobierno decidió cortar antes de ampliar costos.
Con la decisión, MinTIC busca cerrar un capítulo marcado por retrasos, proteger recursos públicos y replantear una iniciativa que, pese a sus ambiciones, nunca pasó del papel.