El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño acusó directamente a organismos estatales de responsabilidad en el asesinato de Miguel Uribe Turbay durante un acto público en Bogotá, ocurrido pese a un protocolo de protección que, según documentos fechados el 14 de noviembre de 2024, clasificó el riesgo del dirigente como “extraordinario”, pero solo le asignó tres guardaespaldas para él y su familia.
La revelación, documentada por el propio Uribe Londoño en Noticias RCN, es la primera evidencia oficial de que la seguridad brindada al político estaba muy por debajo del estándar asignado a otros candidatos de Colombia.
Según Miguel Uribe Londoño, la resolución firmada por Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), estableció un esquema insuficiente: “Esta resolución de la Unidad Nacional de Protección es del 14 de noviembre de 2024. ¿Quién la firmó? Augusto Rodríguez... Su artículo primero dice: valida el nivel de riesgo de Miguel Uribe Turbay como extraordinario”.
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Sin embargo, el documento contemplaba solo tres personas de protección, a pesar de que debía cubrir también a siete integrantes del núcleo familiar. Uribe Londoño mencionó en el medio de comunicación que esa cifra “era la tercera parte de lo que tenían sus compañeros del Centro Democrático y la quinta parte o menos de lo que tenía Iván Cepeda y los candidatos del Pacto Histórico”.
Los datos más recientes y la documentación presentada por Uribe Londoño reavivaron la controversia sobre las verdaderas condiciones de seguridad que rodearon el atentado. El debate se amplifica con la afirmación del candidato presidencial de que organismos de inteligencia del Estado poseían información sensible desde diciembre de 2024 sobre un posible atentado: “La primera noticia se tiene desde diciembre de 2024 y no hubo nadie que alertara sobre que a Miguel le iban a asesinar”, sostuvo.
Durante la entrevista, Uribe Londoño calificó el asesinato como “un crimen de Estado” al implicar a la Unidad Nacional de Protección y a la Dirección Nacional de Inteligencia, agencia que —según sus declaraciones— estaba infiltrada por miembros de las Farc.
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El dirigente denunció además que las estructuras de seguridad estatales beneficiaron deliberadamente a otros líderes políticos, y acusó a Rodríguez de “atrevido” por culpar a la propia víctima de haber dividido su esquema de protección.
La resolución oficial confirmó el nivel de riesgo pero asignó seguridad mínima
La resolución a la que se refirió el candidato, fechada el 14 de noviembre de 2024 y firmada por el director de la Unidad Nacional de Protección, determinó como “extraordinario” el nivel de amenaza enfrentado por Miguel Uribe Turbay. A pesar de esa calificación, el esquema de seguridad autorizado consistía en solo tres agentes, extendiendo ese resguardo tanto al dirigente como a su familia, lo que implicaba que el mismo personal debía proteger a siete personas en total.
El candidato fue enfático al exponer la insuficiencia de la protección otorgada: “Era la tercera parte de lo que tenían sus compañeros del Centro Democrático y la quinta parte o más de lo que tenía Iván Cepeda y los candidatos del Pacto Histórico”. El aspirante presidencial recalcó al medio Noticias RCN que el Estado, actuando a través de la Unidad Nacional de Protección y de organismos de inteligencia, respondió de modo desigual a su obligación de salvaguardar vidas en riesgo.
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Los señalamientos alcanzaron a la Dirección Nacional de Inteligencia. Según Uribe Londoño, esta agencia ya tenía en diciembre de 2024 indicios sobre la planeación del ataque, sin que se tomaran medidas preventivas: “La primera noticia se tiene desde diciembre de 2024 y no hubo nadie que alertara sobre que a Miguel le iban a asesinar”.
Añadió que Zarco Aldinever, integrante en ese momento de la mesa de negociación de la “paz total” con la Segunda Marquetalia, fue mencionado entre los implicados, así como alias Yaco, quien continuaba beneficiándose de la justicia especial para la paz en el momento de la entrevista.
Los datos expuestos por el aspirante ante Noticias RCN detallan que la resolución oficial de la Unidad Nacional de Protección validó un “riesgo extraordinario” para Miguel Uribe Turbay y ejecutó la asignación de solo tres agentes de seguridad, pese a que debía cubrir al núcleo familiar del dirigente. Las agencias estatales sabían de la amenaza desde diciembre de 2024, pero no hubo reforzamiento del esquema ni alertas eficaces.
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