Un nuevo capítulo en la lucha contra las finanzas ilícitas en Colombia quedó al descubierto tras el reciente operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, que puso en la mira a la reconocida cadena de ropa femenina Lili Pink.
Según las autoridades, detrás de su operación comercial habría funcionado una compleja red de lavado de activos y contrabando que movió cifras millonarias durante años.
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El caso tomó relevancia luego de que el ente investigador confirmara la ocupación de 405 locales comerciales, además de 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, en medio de un proceso de extinción de dominio que busca desarticular lo que califican como un “conglomerado empresarial” al servicio de actividades ilegales.
De acuerdo con los hallazgos, la estructura no operaba de manera aislada, sino que estaba cuidadosamente diseñada para dar apariencia de legalidad.
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La Fiscalía explicó que la red habría utilizado una cadena de venta de ropa femenina como fachada para ingresar al país recursos de origen ilícito, principalmente mediante operaciones de comercio exterior simuladas.
En ese sentido, el director especializado contra los Delitos Fiscales, Leonardo Quevedo Castillo, detalló el alcance del entramado: “La articulación de capacidades de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, la Dirección de Investigaciones Financieras y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI puso al descubierto un conglomerado empresarial que con la fachada de una cadena de venta de ropa femenina habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país”.
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Según la investigación, la organización habría estructurado un sistema basado en importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Estas empresas, muchas de ellas sin actividad real, simulaban operaciones para justificar el ingreso de mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.
“La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía (…) que luego era distribuida en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, agregó Quevedo.
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Uno de los puntos más delicados revelados por las autoridades tiene que ver con las estrategias utilizadas para evadir controles. Entre ellas, se identificaron maniobras como la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y la manipulación de registros para dificultar la trazabilidad del dinero.
“Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, precisó el funcionario.
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Las cifras del caso reflejan la magnitud del presunto esquema, pues la Fiscalía ha documentado un lavado de activos cercano a los 730.000 millones de pesos, además de un enriquecimiento ilícito superior a los 430.000 millones. A esto se suman decomisos de mercancía realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, avaluados en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones.
El proceso judicial también avanza en otros frentes, ya que las autoridades confirmaron que ya fueron emitidas órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de ejecución.
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Por su parte, el director de Extinción del Derecho de Dominio, Juan Felipe Cárdenas Restrepo, explicó el alcance de las medidas adoptadas: “Producto de la labor articulada realizada, un fiscal impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre cuatrocientos cinco locales comerciales, cuarenta inmuebles, ocho vehículos y una sociedad”.
Las diligencias se llevaron a cabo en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, lo que evidencia la dimensión territorial de la operación.
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Mientras avanza el proceso, los bienes intervenidos continuarán en funcionamiento bajo supervisión estatal, a la espera de que los jueces definan su destino final. Entretanto, el caso abre un nuevo debate sobre los mecanismos utilizados por estructuras criminales para infiltrarse en sectores formales de la economía y plantea interrogantes sobre los controles en el comercio exterior en el país.