La seguridad en Ituango (Antioquia) volvió al centro del debate público tras un pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lanzó una advertencia directa sobre lo que ocurre en ese municipio antioqueño y cuestionó el papel del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico.
A través de un video difundido en redes sociales, el exmandatario planteó dudas sobre las motivaciones de ambos líderes, que representan la izquierda en Colombia, frente a la situación local: “¿Cuál es el interés de Cepeda y Petro por Ituango?”.
En su post, Álvaro Uribe Vélez sostuvo que la población enfrenta un clima de miedo, por lo que señaló que en la zona operan frentes de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, lo que —afirmó— limita la capacidad de acción de la fuerza pública y deja a la comunidad expuesta.
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Asesinato de líder social agrava tensión en Antioquia
El exjefe de Estado también hizo referencia a un hecho violento que marca el primer semestre de 2026, y es que mencionó el asesinato de Alex Chavarría, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Granja (corregimiento de Ituango), como un ejemplo del nivel de riesgo que enfrentan los líderes sociales en ese territorio.
El líder social de 47 años fue asesinado tras acudir a una cita hecha por desconocidos; su cuerpo apareció con una herida en el cuello. Reconocido por su labor comunitaria y con antecedentes de desplazamiento por amenazas del Clan del Golfo, su caso se suma a las alertas de riesgo emitidas por la Defensoría del Pueblo y elevó a 32 la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia en 2026, según Indepaz.
No obstante, el punto central de su mensaje apuntó a las críticas contra el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda: “El único interés de Cepeda y Petro en Ituango ha sido calumniarme”.
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Álvaro Uribe denuncia persecución política en medio del conflicto
Uribe añadió que esas acusaciones en su contra lo vinculan con episodios como las masacres de La Granja y El Aro, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. “Acusarme falsamente”, dijo, al referirse a esos señalamientos.
El pronunciamiento se produce en medio de un ambiente político caliente, debido a que el líder del Centro Democrático mantiene su respaldo a la senadora Paloma Valencia, que impulsa su aspiración presidencial de cara a 2026.
Al mismo tiempo, Cepeda gana protagonismo dentro del Pacto Histórico, sector del Gobierno Petro; esa coyuntura alimenta una confrontación que combina visiones opuestas sobre seguridad, justicia y memoria.
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La controversia deja en evidencia la persistencia de divisiones que hay ideológicamente desde las figuras políticas e Ituango, una vez más, se convierte en punto de choque entre discursos políticos que interpretan de forma distinta tanto el pasado como la situación actual del país.
Ituango, clave en rutas ilegales y foco de violencia
Ituango no logra salir del ciclo de violencia que lo ha marcado por décadas. En 2026, el municipio antioqueño vuelve a figurar como uno de los puntos más críticos del país, con una realidad que revive episodios que Colombia creyó superados.
Los reportes desde las zonas rurales describen un deterioro sostenido; nuevos desplazamientos forzados marcan la vida de las comunidades, presionadas por amenazas de las disidencias de las Farc, en particular el Frente 18, y por enfrentamientos con el Clan del Golfo. A la par, los grupos armados fijan reglas, limitan la movilidad y ejercen control sobre las Juntas de Acción Comunal, lo que configura una autoridad de facto en varias veredas.
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Ese escenario guarda similitudes con episodios como las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997). El interés por el territorio se mantiene intacto: Ituango sigue como corredor estratégico entre el Nudo del Paramillo, Urabá y el Bajo Cauca, clave para rutas de economías ilegales.
En ese pulso, la población civil queda atrapada entre acusaciones cruzadas y estigmatización, lo que la convierte en objetivo en medio de la disputa. A pesar de la presencia institucional, las comunidades cuestionan la eficacia de las medidas de protección.
Señalan que las alertas tempranas no logran frenar asesinatos selectivos ni desplazamientos, mientras los procesos de reparación avanzan con lentitud.
De ahí surge la crítica del expresidente, uno de los principales opositores a los procesos de negociación entre el Estado y los grupos armados ilegales. Su postura cuestiona la política de ‘Paz Total’ impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a la que atribuye responsabilidad frente al aumento reciente de la violencia.
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