La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) respondió oficialmente a las declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre, luego de que la funcionaria denunciara presuntas presiones, amenazas y una red de intereses dentro del Gobierno por el manejo de recursos públicos.
En un comunicado fechado el 22 de abril de 2026, la entidad aclaró que actualmente no existe ninguna investigación financiera en curso contra Rodríguez y negó que sus actuaciones dependan de solicitudes personales o disputas entre funcionarios.
La Uiaf explicó cómo funciona su labor y aclaró que no abre investigaciones porque alguien lo pida de manera directa. Según indicó, su trabajo se basa en reportes oficiales y no en conflictos políticos.
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“La Uiaf no inicia análisis financieros por solicitud de particulares”, señaló la entidad, citando la Ley 526 de 1999. Según explicó, solo actúa “de oficio con base en Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por sujetos obligados, por información de autoridades competentes o por información obtenida a través de fuentes humanas”.
En palabras simples, esto significa que la entidad no investiga porque un funcionario acuse a otro en medios de comunicación, sino cuando existen alertas formales relacionadas con posibles movimientos de dinero sospechos, lavado de activos o financiación ilegal.
Por eso, uno de los puntos más relevantes del comunicado fue la aclaración directa sobre la situación de Angie Rodríguez. “A la fecha, la Uiaf no adelanta análisis financiero sobre la señora Rodríguez”, afirmó la entidad.
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La razón, según explicó, es que “no existe reporte, alerta o información que la vincule con operaciones que debban ser analizadas” dentro de su función principal, que consiste en prevenir y detectar lavado de activos, delitos fuente y financiación del terrorismo.
Esta precisión aparece después de que Rodríguez afirmara en entrevistas radiales que había enfrentado presiones internas, amenazas y señalamientos dentro del Gobierno, además de denunciar un supuesto interés por controlar cerca de un billón de pesos del Fondo Adaptación destinados principalmente a proyectos en La Mojana.
La funcionaria aseguró que intentaron sacarla del cargo para quedarse con esos recursos y sostuvo que había impulsado convenios internacionales para “blindar” ese dinero.
Incluso afirmó que existía un “presunto concierto para delinquir” dentro de varias entidades y mencionó a varios funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo. Frente a ese contexto, la Uiaf insistió en que su función no es entrar en controversias entre servidores públicos ni servir como mecanismo de validación personal.
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“No realizaremos análisis a demanda ni participamos de controversias de coyuntura”, señaló el comunicado.
Además, la entidad subrayó que sus actuaciones deben respetar garantías legales y constitucionales, especialmente cuando se trata de procesos que pueden afectar el nombre de una persona.
“La Uiaf es garante de los derechos humanos”, indicó el documento. También explicó que sus acciones se rigen por “la debida diligencia, la reserva legal, el debido proceso y la presunción de inocencia”.
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En esa misma línea agregó una frase que busca marcar distancia frente a cualquier uso político de sus funciones: “No criminalizamos ni estigmatizamos”. La entidad sostuvo que su trabajo técnico busca proteger a la sociedad sin vulnerar derechos fundamentales y reiteró que sus análisis financieros no pueden convertirse en herramientas de confrontación política.
El director general de la Uiaf, Wilmar Mejía, también fue citado en el comunicado para reforzar esa posición institucional.
Según el texto oficial, el funcionario reiteró que “todo el esfuerzo institucional está concentrado en la lucha técnica contra el lavado de activos y la corrupción, sin interferencias ni uso político”.
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Además, añadió que “la Uiaf no es instancia de validación personal ni escenario de disputa pública entre servidores”.
Con esta respuesta, la entidad tomó distancia de las denuncias públicas que ha venido haciendo Angie Rodríguez y dejó claro que, por ahora, no existe una actuación financiera formal en su contra.
Mientras tanto, las denuncias de la gerente del Fondo Adaptación continúan generando repercusiones políticas dentro del Gobierno, especialmente por sus señalamientos sobre presuntas presiones internas, el manejo de recursos públicos y el supuesto poder de funcionarios sin cargo oficial dentro de la Casa de Nariño.
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