Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, acudió a Cartagena al Congreso de Asofondos en un ambiente marcado por la expedición del Decreto 0415 de 2026. La normativa establece que las AFP deben transferir alrededor de $25 billones a la entidad estatal, con el objetivo de respaldar las pensiones de los afiliados que migraron al régimen público.
Dussán sostuvo que el monto representa “apenas el pelo de un gato” frente a los activos que mantienen los fondos privados, y criticó que gran parte de esos recursos no se utilice para el desarrollo de infraestructura nacional.
En una atención a medios, el funcionario explicó: “Los $25 billones son un pelo de un gato comparado con la plata que tienen los fondos”. Añadió que el capital transferido pertenece a 119.000 afiliados que aprovecharon la ventana legal para trasladarse a Colpensiones, y que la operación busca coherencia entre el régimen de pensión y el destino del ahorro.
Las razones detrás del traslado
La decisión de emitir el decreto responde, según Dussán, a la demora de la Corte Constitucional en definir la legitimidad de la reforma pensional. La ley vigente prohíbe que un ciudadano pertenezca simultáneamente a dos sistemas pensionales, por lo que el funcionario defendió la urgencia de la medida.
“Tenemos una dificultad muy grande. Primero, la Corte Constitucional se ha demorado en definir su postura acerca de la legitimidad de la ley de reforma pensional; por lo tanto, había que tomar decisiones”, expuso el presidente de Colpensiones.
De acuerdo con la entidad, hasta febrero de 2026, cerca de 120.000 colombianos ejercieron el derecho al traslado, y 25.000 ya reciben su pensión directamente del régimen público.
El problema identificado por Colpensiones es que, aunque el Estado paga estas mesadas, el ahorro correspondiente permanece en los fondos privados, lo que genera un “descalce” financiero para la entidad estatal.
Plazos y administración de los recursos
El decreto establece plazos estrictos para el traslado de los recursos. Para los afiliados activos, las AFP disponen de 20 días para transferir la mitad del monto y 10 días adicionales para completar el proceso. En el caso de quienes ya están pensionados, el traslado debe finalizarse en 15 días.
Dussán precisó que los fondos podrán entregar los recursos en efectivo o en títulos TES, y que estos serán consignados en la fiduciaria estatal La Previsora, conforme a las normas de ahorro vigentes.
El funcionario detalló: “Colpensiones los va a consignar y estarán en el ahorro. Se preocupan porque aceptaremos TES o cualquier otra forma de entrega de los recursos”. Además, anunció la convocatoria de una mesa técnica con la Superintendencia Financiera para clarificar responsabilidades y asegurar una transición ordenada.
Críticas a la gestión de los fondos privados
Durante su intervención en el Congreso de Asofondos, Dussán cuestionó el papel de los fondos privados en la economía nacional.
“Los bancos son los dueños de los fondos privados de pensiones mayoritariamente, pero nosotros tenemos los recursos de ahorro puestos en la fiduciaria de la Previsora Nacional, como generan nuestras normas”, afirmó.
El presidente de Colpensiones criticó que buena parte del capital de las AFP se encuentra invertido fuera del país y no contribuye a sectores clave como infraestructura, transporte o desarrollo industrial.
Aseguró que la administración estatal busca mayor transparencia y una gestión alineada con los intereses nacionales. En sus palabras, “hay un cambio de la conducción de la política de Estado. Y si no entiende la conducción de la política de Estado, la gente se queda en los sueños del pasado. Y aquí no hay sueños del pasado, sino iniciativas de futuro”.
Tensiones y reacciones del sector privado
El gremio de las AFP, representado por Asofondos, rechazó la medida y advirtió sobre posibles contradicciones legales y vulneraciones a la propiedad del ahorro de los trabajadores.
Las administradoras anunciaron acciones judiciales y advierten sobre las complejidades técnicas de transferir una suma tan elevada en plazos reducidos, especialmente cuando el 70% de los recursos está invertido en deuda pública.
Dussán, por su parte, reiteró que los recursos pertenecen a los afiliados que decidieron migrar y que el traslado es una consecuencia lógica. “Es así de sencillo”, concluyó ante los medios, defendiendo la legalidad y necesidad de la decisión.