La denuncia por un episodio de intimidación que afectó a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, durante la grabación de un video contra la extorsión en Soledad, ha puesto en agenda el debate sobre la seguridad en el área metropolitana de Barranquilla.
Según la candidata presidencial, en medio de una intervención en plaza pública, utilizó el incidente para evidenciar el deterioro del orden público y exponer sus propuestas ante la creciente criminalidad en la región.
Paloma Valencia denunció que su compañero de fórmula fue confrontado en plena grabación y obligado a suspender su intervención crítica en una zona marcada por la extorsión.
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“Me contaba Ovideo, presidente Uribe, que en Soledad estaba grabando un video donde denunciaba la extorsión en Soledad y apareció el extorsionista a decirle que no podía grabar eso. Se sienten dueños de nuestras calles, se sienten seguros caminando por Soledad, por Barranquilla, por el Cauca, por Nariño La primera orden que daremos será una acción envolvente de la fuerza pública para que con inteligencia y certeza capturemos a todos los extorsionistas que están atormentando al pueblo pobre de Colombia”.
La senadora optó por hacer público el hecho, argumentando que situaciones como esta ilustran la penetración de bandas ilegales en la vida cotidiana y la urgencia de respuestas institucionales robustas.
Entre sus propuestas están la adopción de reformas al sistema penitenciario, la creación de cárceles agrícolas y la aplicación de tecnología para fortalecer la seguridad. Valencia también cuestionó las soluciones del Gobierno nacional y subrayó la importancia de recuperar el control territorial en Barranquilla y sus alrededores.
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La extorsión figura como una de las amenazas más serias para comerciantes y ciudadanos de la región Caribe, en particular en Barranquilla y Soledad.
Medios regionales como El Heraldo resaltan las altas cifras de criminalidad y, según las cifras oficiales, “asfixia” a estos sectores, mientras crecen las denuncias por presión económica y amenazas.
Según Blu Radio, la presencia de bandas dedicadas a la extorsión en el área metropolitana de Barranquilla es constante. Hasta ahora, las autoridades locales no han emitido declaraciones sobre el caso de Oviedo, lo que incrementa la preocupación entre la población.
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La apuesta de Paloma Valencia por cárceles agrícolas y control institucional
En este contexto, Paloma Valencia reiteró sus propuestas para endurecer la política criminal mediante la creación de cárceles agrícolas ubicadas fuera de zonas urbanas.
Su objetivo es que los internos trabajen, se reduzca la reincidencia y se alivie la presión sobre los centros penitenciarios existentes, proyectando nuevas instalaciones para 40.000 internos.
La candidata también plantea reforzar la inteligencia policial, modernizar los sistemas de comando y control, ampliar la vigilancia con drones y promover redes de informantes. Propone regresar a la extinción de dominio como herramienta para debilitar financieramente a las bandas, impulsar una política antidrogas estricta y realizar intervenciones focalizadas contra la extorsión.
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Según ha comunicado la candidata, su plan busca combatir la corrupción penitenciaria para asegurar que los reclusos no sigan delinquiendo desde prisión. La apuesta de Valencia es restablecer el control institucional donde las estructuras ilegales han ganado espacio.
Críticas al Gobierno y al debate nacional sobre seguridad
Junto a sus planteamientos en seguridad, Valencia criticó las soluciones propuestas por el Gobierno nacional ante la crisis energética en la región Caribe.
Según Blu Radio, rechazó la “sobretasa nacional” para la empresa Air-e, calificando la medida como “una vergüenza” y argumentando que transfiere el problema a los ciudadanos sin resolver el fondo del conflicto.
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La senadora opinó que el Ejecutivo revela incapacidad para resolver los retos estructurales del sector energético y esto aumenta el malestar social por las tarifas de energía. Además, Valencia cuestionó al senador Iván Cepeda por su indefinición en el debate legislativo, especialmente respecto a la política de Paz Total, señalando posibles impactos negativos en la seguridad nacional.