Los precios de la energía en la bolsa experimentaron un aumento del 80% entre febrero y marzo de 2026. Según la firma XM, esto se debe a la protección de los niveles de embalses por la posible llegada del fenómeno El Niño.
En este contexto, el Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma, expidió la resolución que pone en marcha una nueva subasta de contratos a largo plazo para la generación de energía eléctrica. Un instrumento clave con el que el Gobierno nacional busca ampliar la presencia de fuentes renovables y disminuir la dependencia del país de tecnologías intensivas en carbono.
El mecanismo, que introduce esta convocatoria, se orienta a garantizar la confiabilidad de la matriz eléctrica a partir de contratos de 15 años de duración, cuyo inicio de obligaciones será en 2030, así como a consolidar una infraestructura resiliente por los efectos del clima y las fluctuaciones del mercado, según detalló la cartera en la comunicación oficial.
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Como parte de sus innovaciones, la disposición —difundida el 13 de junio de 2025 por el Ministerio de Minas y Energía y recogida por diversos medios nacionales— incluye la planificación de una subasta complementaria con fecha de inicio en 2035, medida con la que se refuerza la visión de largo plazo en la evolución del sector eléctrico colombiano.
Esta hoja de ruta se despliega en respuesta a las advertencias técnicas sobre el alto riesgo de desbalance entre oferta y demanda y el aumento de la vulnerabilidad frente a los precios del mercado spot proyectado para 2027. La materialización de estos riesgos tendría impacto directo en los usuarios en caso de crisis asociadas a eventos como el fenómeno El Niño, reconoció el Ministerio.
La subasta incorpora por primera vez en Colombia la posibilidad de contratar energía mediante proyectos equipados con Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (Saeb), al igual que productos diferenciados para fuentes solares fotovoltaicas y plantas híbridas, orientando el proceso hacia una mayor diversificación y flexibilidad tecnológicas.
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De este modo, la convocatoria se vincula de forma directa con la obligación legal vigente que establece que los comercializadores de energía deben incorporar renovables dentro de su portafolio de compras. Estos lineamientos actualizan y amplían los criterios tradicionales de subasta, abriendo el proceso tanto a generadores como a autogeneradores y comercializadores interesados en participar en la nueva arquitectura contractual del sector eléctrico colombiano.
En palabras del ministro Palma, el país enfrenta la necesidad de superar la “improvisación energética” y avanzar hacia una “seguridad energética con visión de largo plazo”. Palma declaró, según la cartera de Minas y Energía: “Esta subasta les abre la puerta a nuevas inversiones en energías limpias, almacenamiento y proyectos híbridos que permitirán proteger a los usuarios frente a la volatilidad tarifaria y garantizar energía firme para el futuro de Colombia”.
El funcionario hizo hincapié en que el mecanismo diseñado por la resolución permitirá construir un sistema más moderno y competitivo y anticipó: “Colombia no puede seguir dependiendo de una matriz vulnerable al cambio climático. Necesitamos más sol, más viento, más almacenamiento y más capacidad instalada para garantizar soberanía energética”.
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La resolución estipula que la subasta deberá ejecutarse antes del 31 de julio de 2026. Este plazo busca que la adjudicación y desarrollo de los nuevos proyectos de generación y almacenamiento permitan, a partir de 2030, consolidar la transición energética del país e incrementar la seguridad e independencia de la matriz eléctrica nacional.
En síntesis, el Ministerio de Minas y Energía estructuró un proceso de contratación a largo plazo que introduce, por primera vez, esquemas específicos para almacenamiento en baterías y mecanismos diferenciados para energías solar e híbridas, con contratos de 15 años e inicio previsto desde 2030, además de una subasta complementaria a comenzar en 2035, en respuesta a los riesgos de cobertura de demanda identificados para 2027, orientado a fortalecer la resiliencia y sostenibilidad de la infraestructura energética de Colombia.