El Gobierno colombiano confirmó que seguirá intentando frenar el pago de USD 379,8 millones a Telefónica S.A., luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) mantuviera en firme el laudo que condenó al país por el caso relacionado con la reversión de activos de telecomunicaciones.
A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) informó que continuará con la defensa del caso y que buscará detener la ejecución del fallo mientras se resuelve la solicitud de anulación presentada por Colombia.
La entidad señaló de forma textual que “continuará defendiendo con firmeza los intereses de la Nación, y que agotará todos los recursos jurídicos disponibles para suspender la ejecución del laudo que ordena a Colombia pagar a Telefónica S.A. $379,8 millones de dólares, más intereses” .
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Ese monto no solo incluye los USD 379,8 millones reconocidos por el tribunal internacional, sino también intereses anuales del 5%, calculados desde el 29 de agosto de 2017, fecha en la que una subsidiaria de Telefónica cumplió con un laudo anterior en Colombia.
El pleito nace porque, años atrás, una filial de Telefónica tuvo que pagar cerca de $1,6 billones de pesos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), tras un arbitraje por contratos de concesión firmados en 1994.
Según recordó la Agencia, “la subsidiaria de Telefónica fue condenada a pagar, aproximadamente, $1,6 billones de pesos. Telefónica cumplió con lo ordenado el 29 de agosto del mismo año”.
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Después de ese pago, en 2018, la empresa española acudió al arbitraje internacional alegando violaciones al acuerdo de protección de inversiones firmado entre Colombia y España. Su objetivo era recuperar ese dinero.
Finalmente, el tribunal internacional falló a favor de Telefónica y ordenó al Estado colombiano devolver esa suma. La Andje sostiene que no comparte esa decisión y por eso pidió la anulación del laudo.
La Agencia explicó que Colombia presentó ese recurso porque considera que “el tribunal omitió muchos de los hechos y alegaciones que sustentaban su defensa, excedió manifiestamente sus facultades” y además “actuó como una corte de apelaciones al revisar la sentencia C-555 de 2013 proferida por la Corte Constitucional” .
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Sin embargo, mientras se estudia esa solicitud de anulación, el país intentó suspender temporalmente el pago. Allí apareció otro problema: el comité ad hoc del Ciadi exigió una garantía bancaria internacional para mantener congelada la obligación.
La propia Agencia reconoció que Colombia no pudo cumplir con esa condición.
Según el comunicado, “a principios de enero del 2026, el comité ad hoc determinó que, para mantener la suspensión de ejecución del laudo, Colombia debía emitir una garantía bancaria internacional” .
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Pero luego precisó que “Colombia, a través de sus representantes legales, explicó la imposibilidad de emitir la mencionada póliza y planteó soluciones alternas” .
Esa imposibilidad abrió la puerta para que Telefónica pueda exigir el pago inmediato, mientras sigue en marcha el proceso de anulación.
La disputa también llamó la atención porque la Agencia recordó que otro tribunal arbitral, en un caso similar iniciado por América Móvil, llegó a una conclusión distinta. Allí Colombia evitó una condena de USD 1.200 millones.
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Por eso, la Andje afirmó que el resultado del caso Telefónica fue “completamente contrario” al adoptado en ese otro proceso, pese a que los hechos de fondo eran similares .
Ahora, el siguiente paso será en París. El 3 y 4 de junio de 2026 se realizará la audiencia final sobre la solicitud de anulación presentada por Colombia. Allí, un comité ad hoc escuchará a las partes antes de tomar una decisión definitiva.
Mientras tanto, el país sigue con una obligación vigente de pagar una de las mayores condenas internacionales en el sector de telecomunicaciones, con una factura que supera los USD 379,8 millones y sigue creciendo por intereses.
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