El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) puso fin a más de una década de disputa entre Colombia y la empresa Telefónica. El organismo desestimó el recurso final del país, con lo que confirmó que el Estado está obligado a pagar USD380 millones ($1,3 billones) a la compañía española. La cifra representa una de las mayores condenas económicas en el sector de telecomunicaciones colombiano.
De acuerdo con Caracol Radio, ahora Colombia debe hacer el pago luego de perder el litigio ante el Ciadi, que involucra la reversión de activos y la finalización de contratos firmados en la década de 1990. El fallo es definitivo y obliga al Estado a entregar ese monto de manera inmediata, lo que marca la conclusión de un prolongado proceso judicial y el paso final en la salida de Telefónica del mercado colombiano.
Cifras finales y razones del fallo del Ciadi
El fallo del Ciadi dice que Telefónica puede exigir el pago inmediato, tanto al Estado colombiano como ante autoridades locales De acuerdo con el medio, el Comité ad hoc del Ciadi rechazó el recurso de suspensión provisional porque Colombia no entregó una garantía bancaria en el plazo de 30 días, como lo exigía el tribunal. La falta de disponibilidad presupuestaria impidió la constitución de esa póliza, por lo que el Estado perdió la posibilidad de frenar el desembolso.
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Aunque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aún impulsa un recurso de anulación, el desembolso debe efectuarse de inmediato. Si el recurso prospera, Telefónica tendría que devolver los fondos recibidos; de lo contrario, el pago quedaría consolidado. El fallo se debe a que Colombia “no otorgó trato justo y equitativo” a los activos de la multinacional, lo que justificó la indemnización.
El monto establecido corresponde al valor finalmente reconocido por el tribunal internacional depués de descartar sumas mayores que Telefónica reclamaba en principio. En 2024, la empresa solicitaba USD689 millones, pero el Ciadi sólo aprobó el pago de USD379,8 millones.
Origen y desarrollo del conflicto con Telefónica
El litigio comenzó en 2013, cuando Telefónica demandó al Estado colombiano con el argumento de que, tras finalizar su contrato, el Gobierno tomó control de infraestructuras y bienes sin compensación económica. El origen del conflicto se remonta a los contratos suscritos desde 1994, en los que BellSouth –luego adquirida por Telefónica– efectuó inversiones al asumir parte de la transición de lo público a lo privado en el sector.
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Se destaca el impacto de la cláusula 33, identificada por la compañía como causa del daño económico que sustentó su reclamación. Sin embargo, desde 2013, la justicia local ratificó que “Movistar tenía el deber de devolver a la Nación los bienes utilizados para su operación en el país”.
La controversia fue parte de la transformación del sector. Con la liquidación de Telecom en 2003, se creó Colombia Telecomunicaciones S.A. (Coltel), y desde 2006, Telefónica se convirtió en socio privado, consolidando la marca Movistar y dejando la participación estatal en minoría.
Impacto económico y cambios en el sector telecomunicaciones
Ahora, el pago de USD380 millones , sumado a otras operaciones recientes de salida de capital, representa un reto fiscal y un cambio en el vínculo estatal con el sector. La venta del 32,49% de participación estatal en Coltel —1.108 millones de acciones ordinarias— avanza bajo un nuevo esquema, con precio mínimo de $772,38 por acción y un paquete valorado en $856.003 millones.
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Dicha transformación coincide con la integración de Tigo y Movistar, que ahora capitalizan cerca del 43% del mercado móvil; sólo superados por Claro, que mantiene en torno al 44%, según el Boletín TIC. En febrero de 2026, Millicom –controladora de Tigo— adquirió el 67,5% de Coltel por 214,4 millones de dólares y pagó otros $571 millones para quedarse con el control de Tigo-UNE, con lo que reforzó su peso en el país.
El ajuste en el sector responde también a la estrategia de Telefónica de reducir su presencia en América Latina.
Desde 2019, la empresa ha vendido activos en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, concentrando sus focos en Europa y Brasil. La venta de su participación en Coltel en abril de 2026 selló su retiro operativo de Colombia y encamina la desinversión en México.
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