La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) alertó sobre lo que su líder, Cielo Rusinque, califica como un “ataque sistemático” a la entidad. La funcionaria aseguró que un proyecto de ley en el Congreso busca modificar sus competencias justo cuando la administración actual impulsa la aplicación de principios constitucionales y se aleja de la práctica de gobiernos anteriores.
Rusinque advirtió por medio de sus redes sociales que sectores políticos que cuestionaron previamente la legalidad de sus decisiones, ahora intentan restringir sus facultades.
“Estamos ante una nueva maniobra para debilitar a la SIC, poniendo en riesgo la lucha contra la corrupción económica, el interés general y los derechos de los consumidores”, posteó en X. Según Rusinque, la reforma propuesta limitaría la capacidad de investigar prácticas anticompetitivas, intervenir en precios inequitativos y aplicar protocolos de visitas administrativas.
La funcionaria compartió un video junto a esa publicación para ampliar la denuncia. En él, Rusinque explicó que estas acciones coinciden con demandas judiciales interpuestas ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional (en su contra), con objetivos similares: cuestionar las competencias de la entidad. “Si no tenemos esas facultades, ¿qué sentido tienen estas iniciativas para limitarlas o modificarlas?”.
La funcionaria destacó que la SIC cuenta con una normatividad de más de 30 años, respaldada por una práctica institucional sólida y jurisprudencia consistente: “No es casualidad que la mayoría de decisiones judiciales hayan confirmado nuestras actuaciones. La estrategia de ciertos grupos económicos es simple: si no pueden controlar al árbitro, intentarán cambiar las reglas de juego para que les sean favorables”.
Rusinque recordó que, además de defender sus competencias ante los tribunales, la entidad ha iniciado una evaluación externa con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Según Rusinque, este proceso busca fortalecer su estructura y garantizar que cualquier ajuste normativo tenga como propósito proteger el interés público, y no reducir la capacidad de la SIC para controlar el mercado.
En el video, Cielo Rusinque también cuestionó la contradicción de quienes buscan modificar la SIC mientras desconocen la legalidad de sus actuaciones: “Quienes hoy promueven cambios son los mismos que han impugnado nuestra gestión. Sería interesante que al menos se decidan: ¿tenemos o no tenemos esas competencias?”.
Rusinque insistió en que la defensa de la institución no se limita a la retórica: “Participaremos en el debate legislativo amparados en la fuerza del derecho, la razón, la justicia y los hechos (...) Nuestro objetivo es único y claro: que el interés público prevalezca siempre sobre el interés particular”.
La alerta de Cielo Rusinque se produce en un momento clave, cuando la Superintendencia intensificó la supervisión de prácticas anticompetitivas y la protección de los consumidores, manteniendo un equilibrio entre control del mercado y garantías legales.
Para la funcionaria, la iniciativa legislativa podría desviar los esfuerzos de la institución y afectar directamente los procesos de vigilancia sobre los sectores económicos más concentrados.
Este es el proyecto de ley al que se refiere Cielo Rusinque como un ‘ataque’
El 14 de abril, los congresistas Carolina Arbeláez y Juan Espinal, de la Cámara de Representantes, presentaron un proyecto de ley acompañado por catorce legisladores más, que busca reforzar las garantías procesales en la etapa de averiguación preliminar de las investigaciones de prácticas restrictivas de la libre competencia que adelanta la SIC.
La iniciativa se centra en proteger a las personas vinculadas a la averiguación preliminar, una fase previa a la investigación formal, en la que la SIC recopila pruebas y determina si existe mérito para abrir un proceso oficial.
Durante esta etapa, el investigado carece de información completa sobre los hechos que se le imputan y sobre las pruebas que la autoridad posee, lo que limita su capacidad de defensa.
El proyecto se centra en un debate más amplio sobre la modernización del régimen de competencia en Colombia, ya que busca regular con claridad la averiguación preliminar, las visitas de inspección y la separación entre funciones de investigación y decisión.