Luego de que Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, denunció que la funcionaria Juliana Guerrero ejerce un poder decisivo en el gobierno de Gustavo Petro a pesar de no ostentar un cargo oficial, las reacciones a sus explosivas declaraciones siguen dando de qué hablar por la gravedad de sus señalamientos.
Por cuenta de los detalles que reveló la funcionaria, sus conflictos se originaron cuando cuestionó la llegada de Guerrero al Ejecutivo y denunció presuntas irregularidades en su hoja de vida, hechos que —según sostiene— derivaron en hostigamientos y amenazas en su contra.
Por tal motivo, la mañana del miércoles 22 de abril de 2026, el exprecandidato presidencial por el Pacto Histórico, el abogado Alí Bantú Ashanti, le hizo una petición al presidente colombiano Gustavo Petro, para que aparte de su cargo a la exdirectora del Dapre.
Por medio de un mensaje que compartió desde su cuenta de X el jurista afro expresó: “Señor presidente @petrogustavo, respetuosamente le solicitamos retirar del cargo a la señora Angie Rodríguez”.
Como parte de los argumentos que lo motivaron a publicar esta solicitud, el abogado y líder afrodescendiente caucano que integra el movimiento político Somos Pueblo, las palabras de Rodríguez, además de considerarlas como “deslealtad” a la confianza del jefe de Estado, “también ponen en riesgo la vida de muchas personas”, aseveró Ashanti.
Para el jurista y fundador y director del colectivo de abogados humanistas afrocolombianos Justicia Racial las afirmaciones de la exdirectora del Dapre “son delirantemente irresponsables”.
Por lo anterior, el abogado recalcó que “ella no puede estar en ningún cargo público, si fuera una persona medianamente seria, ética y profesional hubiera denunciado ante las autoridades, pero no lo hizo”.
Al final de su mensaje, Ashanti le dejó unas palabras a Rodríguez a modo de consejo.
“Señora Angie, si le queda algo de sensatez, renuncie y vaya a la Fiscalía a interponer las denuncias pertinentes. Pero no le haga daño al país y a este proyecto político”, concluyó el jurista afro.
Nueva polémica en el Gobierno Petro
Rodríguez señaló que el Fondo Adaptación gestiona un presupuesto de un billón de pesos, y vinculó esta cantidad a las internas que atraviesa la entidad que encabeza.
Según su relato, la presión aumentó de forma notoria desde que expresó reparos formales al nombramiento de Guerrero en el Viceministerio de Juventud y advirtió, ante órganos de control, que no cumplía con los requisitos del cargo.
Rodríguez afirmó a Blu Radio que las presuntas irregularidades comenzaron cuando denunció la inclusión de “títulos falsos” en la hoja de vida de Guerrero.
“Mi pecado, por llamarlo de alguna manera, aunque no fue pecado, porque siento que hice lo correcto, es cuando yo digo que ella tiene títulos falsos”, declaró la mujer que apareció junto al presidente Petro a su lado, y en más de una ocasión, durante sus discursos en plazas públicas alrededor del país.
La funcionaria explicó que, a partir de ese momento, se desató una escalada de presiones institucionales y una red de amenazas que, según su testimonio, incluía la mención reiterada de Guerrero, Raúl Moreno —jefe de despacho presidencial— y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en las comunicaciones de extorsión.
La directora del Fondo Adaptación atribuyó a Guerrero la influencia en el nombramiento de Nora Mondragón al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), al declarar que “ella es la que nombra a la señora Nora Mondragón”, una posición que Rodríguez ocupó antes de dejar ese despacho.
Además, ella añadió que Guerrero tiene incidencia directa en el Fondo Colombia Paz y el Ministerio de la Igualdad, y aseguró: “Controla el Fondo Colombia Paz, controla el Dapre, ha intentado controlar el fondo del Ministerio de la Igualdad. O sea, es una locura todo esto”.
Rodríguez también sostuvo, en diálogo con Caracol Radio, que Guerrero mencionó “contactos con el ELN” ante su presencia en la oficina ubicada frente al despacho presidencial.
Rodríguez aseguró que estos comentarios no constituían rumores, sino afirmaciones que “escuchó personalmente”. Asimismo, describió que Guerrero solía entrar a su oficina y referirse a “misiones secretas”, entre las cuales habría incluido negociaciones con esa guerrilla armada.
“Ella entraba todo el tiempo a mi oficina... y un día yo estaba organizando la agenda y ella estaba ahí hablando eso, que porque ella hacía misiones secretas y dentro de sus misiones secretas estaba que ella tenía que hablar con el ELN”, relató la funcionaria.
A raíz de estos hechos, Rodríguez formalizó un acuerdo con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para asegurar su integridad y la de su hijo, con un contrato cuyo valor —según explicó en la entrevista— asciende a 250 millones de pesos. “Yo he venido denunciando desde hace varios meses… mis denuncias eran silenciosas ante los órganos competentes, pero todo tiene un límite y creo que el límite se cruzó”, explicó.
La funcionaria recalcó que sus declaraciones respetan la presunción de inocencia: “Todo lo hablo bajo la presunción de inocencia de las personas, porque está la Fiscalía y un juez de la República quien determine la validez o no de lo que yo he denunciado”.
Al final, Rodríguez destacó también que, hasta el momento, Guerrero no ha respondido públicamente a los señalamientos sobre títulos académicos, presuntas conexiones con el ELN ni el papel descrito en las disputas internas de la Casa de Nariño.