El futuro de Coosalud EPS, que atiende a más de 3,3 millones de afiliados en Colombia, quedó en el centro de una fuerte controversia institucional luego de que la Superintendencia de Economía Solidaria (Supersolidaria) ordenara levantar la intervención sobre la cooperativa propietaria, mientras el Tribunal Administrativo de Bolívar dispuso la suspensión de la intervención estatal y la devolución del control a sus antiguos administradores, según Caracol Radio.
Con el fin de la intervención estatal, la hoja de ruta institucional establece la convocatoria a una Asamblea General de Accionistas para elegir una nueva junta directiva, proceso en el que la cooperativa Coosalud ejercerá su condición de accionista mayoritaria.
La reconstrucción del gobierno corporativo es presentada por la Supersolidaria como un paso prioritario para sostener la continuidad del servicio y proteger el derecho a la salud de los afiliados.
Desde la notificación de la decisión judicial, la Supersolidaria indicó al medio citado que ha adoptado medidas por medio del agente interventor, en ejercicio de sus funciones de vigilancia sobre el patrimonio y la administración de la cooperativa.
Según reportes recogidos por La FM, la decisión judicial fue notificada días después de su emisión, pero casi una semana más tarde la EPS continúa bajo control del Estado, administrada por la Superintendencia Nacional de Salud.
Tampoco se ha realizado el empalme operativo ni se ha permitido el acceso pleno a la información administrativa, lo que impide la restitución efectiva del mando a la antigua dirección de la cooperativa.
Orden judicial y choque entre entidades del Estado
El caso gira en torno a una dualidad de intervenciones que ha generado fricción entre entidades del Estado. Por un lado, la Supersalud mantiene el control de la EPS como entidad promotora de salud; por el otro, la Supersolidaria conserva intervención sobre la cooperativa que es su propietaria.
En este escenario, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el desarrollo de una acción popular, ordenó suspender la intervención sobre la EPS y devolver la administración a quienes la dirigían antes de la toma de posesión estatal.
La decisión se sustentó en argumentos sobre el deterioro progresivo de la entidad, aunque también advirtió sobre presuntos problemas financieros y de gestión.
Pese a ello, la Superintendencia de Salud ha sostenido la necesidad de claridad jurídica antes de ejecutar la devolución, lo que ha prolongado el conflicto institucional.
La meta institucional es evitar alteraciones en la calidad o disponibilidad de los servicios, durante la inminente transición.
Denuncias, sanciones y tensiones políticas
El presidente Gustavo Petro ha estado involucrado en el debate tras ser sancionado el 14 de abril por un juzgado administrativo con una multa de quince salarios mínimos por desacato a un fallo previo relacionado con declaraciones sobre González.
Un día después, el mandatario reiteró sus señalamientos en la red social X, donde calificó al directivo como “corrupto” y pidió investigaciones contra miembros de la junta directiva de Coosalud.
En paralelo, el abogado Julián Quintana presentó denuncias penales contra el interventor actual, Jorge Orlando Suárez, por presuntos delitos como prevaricato, usurpación de funciones y fraude a resolución judicial. También radicó quejas disciplinarias ante la Procuraduría General de la Nación.
Indicadores financieros y deterioro del sistema
La intervención sobre Coosalud, iniciada en noviembre de 2024 por la Superintendencia de Salud, se justificó en presuntas irregularidades administrativas y financieras. En ese periodo, los indicadores muestran un deterioro significativo.
Las peticiones, quejas y reclamos (Pqrs) pasaron de 81.072 en 2024 a 107.252 en 2025, un incremento del 32%. Las tutelas aumentaron de 16.771 a 20.216 en el mismo periodo, lo que representa un crecimiento del 21%. Además, las cuentas por cobrar se dispararon de 66,18 mil millones de pesos a 274,7 mil millones.
La Procuraduría General ha advertido que varios aspectos administrativos y económicos habrían empeorado durante la intervención.
A estas alertas se suma un “macroinforme” de la Supersolidaria que señala presuntas anomalías en la cooperativa, entre ellas simulaciones de compra de cartera por más de 55.000 millones de pesos, contratos con pagarés en blanco superiores a 37.000 millones y procesos ejecutivos por más de 300.000 millones. También se menciona la existencia de un patrimonio autónomo de cerca de 9.600 millones de pesos.
Por su parte, la Supersalud ha defendido su intervención inicial al advertir indicios de desvío de recursos superiores a 200.000 millones de pesos y fallas administrativas graves.
El choque entre entidades también ha llegado a terreno operativo. La superintendente María José Navarro ha liderado visitas a la sede de Coosalud en Cartagena para evitar que la antigua administración retome el control, argumentando que las decisiones judiciales no afectan directamente la intervención sobre la EPS.
Mientras tanto, la Procuraduría ha citado a exinterventores y solicitado información a la Contraloría General y a la ADRES sobre los recursos girados recientemente a la entidad.