Negociaciones recientes entre los dueños de Famisanar y el Ministerio de Salud han abierto la posibilidad de una fusión con la Nueva EPS, siendo feriada.
Según conoció Infobae Colombia por parte de una fuente del Gobierno, esta operación tiene como eje principal la búsqueda de recuperar 1.6 billones de pesos que, según esa misma fuente, el Gobierno debe a Famisanar.
El proceso ocurre en medio de cambios en los puestos directivos tanto de la Superintendencia Nacional de Salud como de la Nueva EPS.
La posible fusión entre Famisanar y Nueva EPS responde a motivos empresariales y económicos de los propietarios y genera interrogantes sobre el impacto para el sistema de salud colombiano.
Fuentes consultadas señalan que los dueños de Cafam (Luis Gonzalo Giraldo) y Colsubsidio (Luis Carlos Arango), copropietarios de Famisanar, persiguen el cobro efectivo de la deuda estatal mediante la integración y su conversión en entidad pública. Además, funcionarios recién designados en cargos clave despiertan dudas sobre sus capacidades y sobre la transparencia en la administración financiera de las entidades implicadas.
Motivos y presiones económicas en la fusión EPS
Directivos de Colsubsidio y Cafam, encabezados por Luis Carlos Arango y Luis Gonzalo Giraldo, han realizado acercamientos con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para concretar la posible fusión. Personas cercanas al proceso afirman que los accionistas desean avanzar en la integración para asegurar el pago de los recursos gubernamentales pendientes.
La versión oficial de este hecho, indica que, efectivamente, el ministro Jaramillo confirmó en rueda de prensa el 20 de abril que Famisanar —propiedad de Cafam y Colsubsidio, ambas también socias de Nueva EPS— elevó su pedido de integración en un contexto de dificultades financieras y operativas generalizadas. “A nosotros siempre Famisanar nos ha pedido el favor, como somos socios (...) nos está pidiendo algo que nos parece muy lógico y lo hemos venido trabajando en qué hacer”, sostuvo el funcionario, al tiempo que aclaró que la propuesta ya fue presentada al Ministerio de Hacienda y que su destino está atado a la discusión legislativa en curso.
La deuda, estimada en 1,6 billones de pesos, constituye el núcleo de las conversaciones entre las partes.
Según la fuente del gobierno, la urgencia de los directivos radica en que la entidad podría recibir ese monto si adquiere el carácter de entidad pública después de la fusión, posibilidad mencionada por el Gobierno en reuniones recientes.
Ayer, en una rueda de prensa, el ministro Jaramillo reconoció que existen pláticas avanzadas y subrayó la presión que afrontan las entidades en el plano financiero. Este contexto ilustra la relevancia económica del proceso y la importancia que se otorga al pago de aranceles atrasados.
Dentro del Ejecutivo se expresan preocupaciones respecto a los cambios recientes en la dirección de instituciones clave.
El nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS y el anuncio de Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud han suscitado reparos en distintas esferas del gobierno.
Estas inquietudes se amplifican ante el riesgo de que la fusión concentre la atención de 14.5 millones de afiliados en una sola EPS. Según la fuente gubernamental, este volumen implica desafíos para la estabilidad y gobernanza del sistema de salud, especialmente considerando los cuestionamientos sobre la experiencia técnica de los nuevos directivos y su conocimiento del sector.
Algunos funcionarios remarcan que este panorama podría incrementar la presión sobre la estructura de salud pública en un momento crucial para el acceso y la calidad del servicio a millones de usuarios.
Otro aspecto relevante es la administración financiera de las entidades implicadas en la negociación. Aunque Famisanar mantiene sus cuentas actualizadas, persisten dudas sobre la claridad de los estados financieros de la Nueva EPS.
De acuerdo con voces del sector, desde hace aproximadamente dos años se desconoce información precisa sobre las cifras oficiales de la Nueva EPS. Esta opacidad dificulta la evaluación de riesgos y la planificación de una integración en el mediano plazo.
La incertidumbre financiera suma complejidad a las conversaciones y aumenta el escepticismo en torno al futuro de la entidad que podría surgir de la fusión. Aunque Famisanar exhibe orden financiero, la Nueva EPS sigue sin aclarar el estado de sus finanzas, lo que mantiene abiertas incógnitas sobre la gestión y la sostenibilidad del sistema si se concreta la unión.