El Ministerio de Ambiente confirmó que el plan de eutanasia para hipopótamos en Colombia continúa vigente, pese a las medidas judiciales interpuestas en su contra.
La entidad aseguró que, hasta el momento, no existe ninguna decisión judicial que ordene la suspensión de la estrategia para el manejo de la especie invasora en el Magdalena Medio.
El pronunciamiento se realizó tras la admisión de una tutela por parte de un juez de Antioquia, la cual solicita frenar de manera inmediata cualquier acción de sacrificio de hipopótamos.
“No existe, a la fecha, ninguna decisión judicial que ordene la suspensión del plan del Ministerio de Ambiente”, señaló la cartera ambiental en un comunicado dirigido a la opinión pública y a los funcionarios del sector.
El ministerio indicó que el proceso judicial promovido por Andrés Felipe Alzate Builes sigue su curso y que la entidad ha ejercido su derecho de defensa conforme a los plazos legales.
Según la autoridad, las reglas del debido proceso establecen que ninguna decisión puede adoptarse sin garantizar primero el derecho de contradicción de las partes involucradas. “El juez debe valorar las respuestas, pruebas y argumentos presentados por las partes antes de emitir un pronunciamiento de fondo”, precisó la cartera
La tutela admitida en Antioquia exige la suspensión inmediata de cualquier plan de sacrificio y plantea que las autoridades prioricen métodos no letales como la esterilización y el traslado de los animales.
El recurso sostiene que las acciones de eutanasia podrían vulnerar principios de protección animal y demanda que la administración pública explore todas las alternativas posibles antes de considerar la eliminación de ejemplares.
El Ministerio de Ambiente explicó que el trámite legal se encuentra en la etapa procesal correspondiente y que, conforme al Decreto 2591 de 1991, una acción de tutela debe ser admitida, notificada a la autoridad accionada y posteriormente evaluada antes de tomar una decisión definitiva.
“La sola interposición de una tutela o la solicitud de medidas no implica la adopción automática de decisiones por parte del juez, ni mucho menos la suspensión inmediata de políticas públicas”, indicó el ministerio.
En el documento judicial, el demandante argumenta que los hipopótamos deben ser reconocidos como seres sintientes y que cualquier intervención debe observar criterios éticos y legales estrictos.
También solicita que expertos y organizaciones ambientales participen en la definición de la estrategia de manejo, recalcando la obligación de respetar el debido proceso ambiental y la proporcionalidad en las decisiones administrativas.
El Ministerio de Ambiente aclaró que si bien el juez puede adoptar medidas provisionales en situaciones excepcionales, estas requieren justificación expresa basada en la urgencia y la inminencia del daño, circunstancias que “no han sido acreditadas ni comunicadas en el presente caso”. Por eso, sostuvo que no hay fundamento para afirmar que se haya ordenado la suspensión del plan en los términos expuestos por algunos sectores.
El debate sobre la gestión de los hipopótamos en el Magdalena Medio se ha intensificado ante la posibilidad de la eutanasia de alrededor de 80 ejemplares. Las comunidades locales han manifestado su rechazo a la medida promovida por el Gobierno nacional y han solicitado alternativas como la esterilización o el traslado a espacios controlados. Un residente del sector turístico expresó que la decisión representa una pérdida tanto ética como simbólica para la región.
La población de hipopótamos se calcula en cerca de 200 individuos en la zona de Puerto Triunfo, departamento de Antioquia, un crecimiento originado tras la introducción de la especie en la década de los ochenta.
El caso ha motivado posiciones encontradas: mientras algunas voces insisten en la necesidad de controlar una especie invasora que afecta los ecosistemas y las especies nativas, otras reclaman el respeto por los derechos de los animales y la evaluación de métodos no letales.
La cartera concluyó su pronunciamiento solicitando que la información difundida por los medios refleje con precisión el estado actual del proceso judicial. “La información difundida por algunos medios puede generar confusión en la ciudadanía al presentar como un hecho consolidado una decisión judicial que, en realidad, no ha sido adoptada”, manifestaron voceros de la cartera ambiental.