Pese a las insistentes declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que negó haber tenido algún tipo de acercamiento con allegados a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en la mañana del domingo 19 de abril se conocieron nuevas pruebas que dejarían al descubierto una secreta reunión entre el mandatario y el abogado del “zar del narcotráfo”.
Según información revelada por la revista Cambio, el canal directo entre el Gobierno nacional y el reconocido contrabandista se estableció antes de cualquier mediación formal y por fuera de los cauces judiciales convencionales.
Entre 2024 y 2026, el presidente Gustavo Petro habría liderado personalmente los primeros acercamientos con representantes de Diego Marín, incluso antes de que sus funcionarios formalizaran contactos oficiales. Estos encuentros habrían incluido reuniones directas, la activación de misiones al extranjero y el intercambio de información sobre corrupción y contrabando, lo que culminó en una controversia nacional sobre la legalidad y la transparencia de las actuaciones estatales.
Según se conoció, a principios de 2024, Gustavo Petro sostuvo en privado una reunión clave en Bogotá acompañado de Ramón Devesa, su asesor de confianza en ciberseguridad, y Gonzalo Boye Tuset, abogado europeo de Marín.
El encuentro habría tenido lugar el 16 de mayo de 2024 en el Hotel Tequendama, apenas días después de la captura y liberación del contrabandista en España. Durante aproximadamente una hora, habrían discutido la disposición del presidente para que Marín colaborara con la justicia colombiana y aportara información sobre redes de corrupción vinculadas al contrabando. Según Cambio, de esta conversación surgió la decisión de autorizar contactos directos a través de funcionarios cercanos a la Presidencia.
Pese a las declaraciones públicas de Petro negando cualquier trato directo con Diego Marín fuera de la vía judicial, la investigación mostró que la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, recibió instrucciones explícitas para formalizar una comisión oficial a España. El propósito sería contactar personalmente con el entorno del contrabandista.
Los primeros contactos de Gustavo Petro con el entorno de Papá Pitufo
La comisión oficial, respaldada por documentos obtenidos por Cambio, recayó en Isaac De León Beltrán, asesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), y Ramón Devesa. Ambos viajaron a Madrid entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2024, al parecer, por orden del presidente.
Incluso, en su momento Beltrán afirmó, en comunicación oficial, que la misión buscaba “entregar un mensaje al señor Diego Marín Buitrago en España” en nombre del Estado.
El 2 de junio, en la capital española, se transmitió una oferta concreta de garantías de seguridad si Marín aceptaba cooperar y comparecer ante la justicia. Esta gestión habría sido el inicio de la apertura de un canal reservado, fuera de los procedimientos judiciales tradicionales.
Tras su regreso a Bogotá, los emisarios elaboraron un informe de inteligencia que fue remitido a la Presidencia. Marín reveló detalles sobre la red de contrabando, denunció filtraciones durante la campaña presidencial y mencionó la existencia de 500 millones de pesos en efectivo vinculados con personas cercanas al gobierno.
Luego de que Marín se sustrajera del control judicial español, los contactos no cesaron. Las negociaciones se trasladaron a Bogotá. Una tercera reunión, celebrada en septiembre de 2024 en un hotel del centro de la ciudad, reunió a Beltrán con Luis Felipe Ramírez Prada, abogado local de Marín, y otros allegados del contrabandista. Se retomaron los temas relativos al funcionamiento de la red, los vínculos estatales y la reiteración de promesas de protección en futuras colaboraciones con la justicia.
Cinco días después de esa cita, el general Heiner Puentes dejó la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), tras surgir señalamientos sobre supuestos nexos con la estructura de contrabando. “Si Pitufo habla de todo, apague y vámonos”, advirtió Ramírez a los representantes oficiales, lo que evidenció la magnitud de la información en juego.
Durante septiembre, octubre y noviembre de 2024, varias reuniones adicionales se celebraron en Bogotá, sin notificación a la Fiscalía, reforzando el carácter confidencial de los acercamientos.
Algunos de estos encuentros derivaron en la entrega oral de hallazgos a Liliana Ortiz, asesora de la Uiaf, que posteriormente fue nombrada directora de Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la Nación.
Reuniones en Bogotá y consecuencias institucionales
En declaraciones a Cambio, la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón negó haber recibido información formal sobre los contactos entre funcionarios del Ejecutivo y el entorno de Marín.
“No lo conocimos ni en su momento ni posteriormente fuimos informados jamás de que ese contacto se hubiese realizado... todas las gestiones para una negociación las tiene que emprender la Fiscalía”, aseguró Camargo en entrevista.
A pesar de su recaptura en Portugal en diciembre de 2024, Marín siguió siendo eje de nuevas gestiones, esta vez con la participación de Jorge Arturo Lemus, director de inteligencia estatal.
Según registros citados por la revista, Lemus habría ofrecido abiertamente ventajas judiciales al contrabandista e incluso habría sugerido inscribir el caso en la llamada Paz Total: “Que el hombre venga y hable contra quien se le dé la puta gana”, expresó durante una de las grabaciones reveladas por Caracol Radio.
Sin embargo, las gestiones impulsadas desde el Ejecutivo no produjeron avances sustanciales. Marín permanecía en libertad y sin enfrentar un proceso penal en Colombia, mientras se multiplicaban las críticas por la opacidad y la falta de resultados judiciales.
En 2025 se hizo visible la ruptura de estos canales cuando Gonzalo Boye, abogado de Marín, fue inadmitido en Colombia por “razones de soberanía”, a pesar de sus contactos y reuniones previas con el propio presidente. Esta decisión habría dado paso al quiebre formal de la interlocución directa.
La investigación de Cambio documentó la existencia de al menos diez reuniones secretas desde 2024, llevadas a cabo sin actas ni registros oficiales, que propiciaron la transferencia de información reservada y promesas de ventajas judiciales sin respaldo legal claro.
Además, se identificaron cambios estratégicos en la dirección de aduanas y otros organismos del Gobierno que, según fuentes citadas, pudieron favorecer los intereses de la red de contrabando desde dentro del Estado.