El presidente Gustavo Petro persiste en señalar al exgerente de la EPS Coosalud Jaime González Montaño como sospechoso de un presunto desfalco en la entidad promotora de salud. Esto, pese a que el Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá lo sancionó con una millonaria multa por no retractarse de acusaciones que hizo en su momento en contra de González.
En su cuenta de X, el primer mandatario afirmó que el exfuncionario debería ser investigado penalmente por “usar recursos públicos de la salud para su pecunio”. Su comentario respalda la postura de la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, que afirma que tanto el exgerente de la EPS como la junta directiva deben enfrentar a la justicia por irregularidades en el manejo del dinero.
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El jefe de Estado mencionó a algunos exintegrantes de la junta, que están relacionados con personas que en su momento estuvieron en el Gobierno nacional. “Acción que (González Montaño) realizó, presumiblemente, en complicidad con miembros de la junta directiva de la empresa. En esa junta estaba el señor Rafael Santos hermano del ex vicepresidente de la república Francisco Santos y el hermano del ex presidente de la república Andrés Pastrana, el señor Juan Carlos Pastrana", precisó.
El abogado Julián Quintana se pronunció sobre la decisión del juzgado, indicando que, contrario a lo que ha asegurado el mandatario, es falso que el exgerente de Coosalud haya hurtado los recursos de la EPS. Aseguró que se inventaron denuncias y auditorías para señalarlo y “sostenter hechos inexistentes”.
Por eso, un juez ordenó al presidente retractarse de las acusaciones que hizo en contra de González Montaño y pedir disculpas por sus afirmaciones. Como el jefe se abstuvo de cumplir con esa directriz, deberá pagar una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Según Quintana, Gustavo Petro no solo afectó la imagen del exgerente de la entidad promotora de salud con sus declaraciones; también generó un impacto negativo en la EPS y en la prestación de los servicios a los que deberían acceder los afiliados sin ningún problema.
“Con la irresponsabilidad del presidente, puso en riesgo y desmejoró el servicio de más de tres millones de afiliados y dejó financieramente a la EPS en cuidados intensivos. Por estas circunstancias, la Procuraduría suspendió al interventor puesto por este Gobierno”, aseveró.
En consecuencia, instó al presidente Petro a respetar la presunción de inocencia de González Montaño y a cumplir las órdenes impartidas por la justicia. "Como lo dice la propia juez, nadie está por encima de la ley. Petro, cúmplala”, aseveró.
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Tribunal suspendió la intervención de Coosalud
Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión provisional de la intervención de Coosalud EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, que ha estado vigente desde noviembre de 2024.
El abogado Quintana aseguró que esta decisión corrobora las denuncias que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación sobre una presunta “expropiación” de la EPS por parte de la superintendencia, en correspondencia al “capricho” del Gobierno del presidente Petro y “no por razones técnicas”.
La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, rechazó la afirmación de Julián Quintana, advirtiendo que la determinación del Tribunal Administrativo de Bolívar no constituye una “absolución material” sobre los hechos irregulares que se han identificado en la EPS, en relación con el manejo de los recursos.
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“El propio magistrado dice de forma expresa que el decreto de la medida cautelar “no implica prejuzgamiento” ni constituye un estudio de legalidad de fondo sobre los actos discutidos. Jaime González, y la junta de Coosalud EPS, a pesar de los malabares que hacen para intentar limpiar sus nombres, deberán enfrentar a la justicia”, señaló la funcionaria.
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