La presión fiscal sobre el sistema de salud colombiano se incrementó luego de la suspensión de la emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro, lo que motivó a un debate entre las principales autoridades del sector sobre la viabilidad y el control de los recursos públicos. Durante la instalación de la mesa técnica de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, los ministros Germán Ávila, de Hacienda, y Guillermo Jaramillo, de Salud, sostuvieron posturas distintas, pero coincidieron en la urgencia de fortalecer la vigilancia sobre los fondos ante el aumento sostenido del gasto.
La discusión pública se centró en la dimensión del presupuesto, el crecimiento de las obligaciones legales y la falta de trazabilidad de más de $15 billones asignados al sector, lo que ha detonado alertas sobre su sostenibilidad y la necesidad de controles más estrictos.
El propósito de la emergencia económica
Al respecto, el ministro de Hacienda afirmó que la emergencia económica, suspendida por la Corte Constitucional, buscaba respaldar el cumplimiento de órdenes judiciales, en particular la equiparación de la prima del régimen subsidiado al 95% de la contributiva, obligación que requiere cerca de $3 billones. “Esa emergencia económica tenía como propósito atender la necesidad que la Corte Constitucional nos estaba estableciendo y que tenía un costo de $3 billones, recursos que no estaban dentro de los presupuestos inicialmente establecidos”, explicó.
Ávila declaró que el Gobierno tuvo que ajustar el presupuesto para cumplir con las nuevas demandas, a pesar de que ello agrava el desequilibrio fiscal del Estado. “A pesar de ello, hemos buscado los mecanismos de ajuste presupuestal para atender la exigencia de la Corte, pero es parte del desequilibrio fiscal que hoy en día tiene el Gobierno y que ha sido y ha procurado atenderse a través de estas emergencias económicas”, expresó el funcionario.
De igual forma, destacó las advertencias de centros de estudio y organismos de control acerca del riesgo de un desequilibrio estructural y la necesidad de reformar el modelo de financiamiento para lograr la sostenibilidad a mediano plazo.
Presupuesto de salud en Colombia y crecimiento de la UPC
El mayor esfuerzo financiero del sector público se refleja en el presupuesto asignado a la unidad de pago por capitación (UPC), que representa el 89,91% del gasto total en salud, según datos del ministro de Hacienda. Ávila precisó que el monto destinado a este mecanismo pasó de $80 billones en 2022 a $100 billones proyectados para 2026.
Además, el gasto total en salud alcanza los $70 billones, resultado de la suma de $39,3 billones provenientes del Presupuesto General de la Nación, $47,1 billones del sistema y $22,4 billones aportados por entidades territoriales, además de partidas específicas para programas de prevención y cobertura.
Debido a esto, el ministro explicó también que “la UPC reconocida se ubica en promedio en $2.000.000, frente a asignaciones iniciales inferiores que fueron ajustadas posteriormente hasta $2.080.000”. Esta evolución responde a la necesidad de cubrir las órdenes judiciales y a la dinámica demográfica y epidemiológica del país.
Insuficiencia financiera en la UPC
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, negó de manera rotunda la existencia de una insuficiencia financiera en la UPC. “No es cierto que exista una insuficiencia de la UPC. Este Gobierno ha hecho un aumento histórico en este rubro”, afirmó durante la audiencia ante la Corte Constitucional.
Además, Jaramillo detalló que la UPC reconocida pasó de $75,4 billones en 2022 a $96,4 billones estimados para 2026, cifras ajustadas a precios constantes de 2025. El incremento constituye un aumento real del 28%, es decir, más de $21 billones adicionales respecto a la inflación en un periodo de cuatro años. Asimismo, el presupuesto de salud experimentó un 51% de crecimiento, lo que equivale a un incremento de cerca de $25 billones y establece el mayor esfuerzo fiscal en décadas.
Deudas, control y trazabilidad en el sistema de salud
A pesar del aumento sin precedentes de los recursos públicos asignados al sector, las deudas de las entidades promotoras de salud (EPS) con hospitales, trabajadores y proveedores continúan en ascenso. Tanto Ávila como Jaramillo insisten en que, pese al crecimiento de la financiación, persiste un déficit ocasionado en gran parte por la falta de mecanismos efectivos de control y trazabilidad.
De acuerdo con el análisis de organismos de control, más de $15 billones de pesos carecen de trazabilidad definida dentro del sistema de salud. La situación complica la supervisión sobre el uso real de esos recursos e impide exigir responsabilidades precisas a los actores involucrados.
El ministro de Salud fue enfático al señalar que “el sistema no está en crisis por falta de recursos, sino por lo que ha ocurrido con ellos dentro del modelo actual”. Jaramillo hizo un llamado a la Corte Constitucional para que, además de evaluar la suficiencia de la UPC, oriente su atención hacia el modelo de intermediación financiera. Según el ministro, en ese ámbito se concentran las principales distorsiones y desbalances que afectan el sistema.