La divulgación de nuevos videos captados por cámaras de seguridad de la cárcel de Itagüí volvió a encender la polémica nacional tras mostrar el ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez al establecimiento penitenciario durante el concierto realizado el 8 de abril de 2026, así como la entrada de varios vehículos de alta gama en medio de un aparente relajamiento de los controles de seguridad.
Las imágenes fueron dadas a conocer por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla y han sido presentadas como evidencia de presuntas irregularidades en el manejo del evento musical realizado al interior del centro de reclusión, ubicado en el municipio de Itagüí.
Según la denuncia, el material audiovisual contradice la versión oficial entregada por el Gobierno sobre las condiciones en las que se desarrolló la actividad.
De acuerdo con la interpretación de la concejala, los videos muestran una dinámica inusual de ingreso y permanencia de visitantes, en la que no solo habría entrado el artista vallenato, también múltiples asistentes y vehículos particulares sin los controles habituales.
En las grabaciones, según lo expuesto públicamente, se observa la llegada de automóviles de alta gama y el tránsito constante de personas en un horario extendido dentro del penal.
Uno de los elementos más controversiales de la denuncia apunta a la supuesta ausencia de controles estrictos por parte del cuerpo de custodia del Inpec.
Carrasquilla sostiene que, durante el evento, habrían sido visibles personas sin uniforme institucional cumpliendo funciones de supervisión en los accesos, lo que habría permitido el ingreso de visitantes sin los protocolos de seguridad habituales.
La concejala también afirmó que el cantante Nelson Velásquez ingresó al penal hacia las 11:30 a. m. y permaneció en el lugar hasta horas de la tarde, participando en el evento musical realizado en uno de los patios del establecimiento.
En los videos, según su versión, se evidencia una apertura amplia de las puertas del penal para permitir el flujo de invitados y vehículos.
Entre los elementos más llamativos registrados en las grabaciones también figuran varios vehículos de alta gama que habrían ingresado al establecimiento durante el evento.
Según lo que se puede evidenciar en las cámaras de seguridad, entre ellos se encuentran una Mercedes-Benz GLA, avaluada en aproximadamente 70 millones de pesos; una Toyota Land Cruiser 300, con un valor cercano a los 500 millones de pesos; y una Mercedes-Benz GLE 53, estimada en unos 400 millones de pesos.
Estos automotores, de acuerdo con la información entregada, harían parte de los vehículos que habrían ingresado a la cárcel de Itagüí durante la realización del concierto, lo que ha incrementado los cuestionamientos sobre los controles de seguridad en el penal.
El caso ha escalado rápidamente a instancias disciplinarias. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si existieron faltas por parte de funcionarios públicos durante la organización y ejecución del evento dentro del establecimiento carcelario.
El procurador general Gregorio Eljach señaló que el objetivo de la investigación es determinar posibles responsabilidades disciplinarias derivadas de los hechos denunciados.
Por su parte, el Inpec anunció la adopción de medidas administrativas tras la polémica. El director general, coronel Daniel Gutiérrez, ordenó el relevo del director encargado de la cárcel de Itagüí y el traslado del comandante de vigilancia.
Además, se informó la apertura de procesos internos contra al menos siete funcionarios presuntamente involucrados en los hechos y el envío de una comisión especial desde Bogotá para esclarecer lo ocurrido.
Las grabaciones también han sido utilizadas para sustentar denuncias sobre el presunto consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento durante el evento, así como la presencia de personas en estado de embriaguez.
Estos elementos han alimentado las críticas sobre un posible debilitamiento de los controles internos en un centro de máxima seguridad.
Otro punto que ha generado controversia es la posible relación del evento con dinámicas internas de poder dentro del penal.
La concejala vinculó la realización del concierto con la inminente situación jurídica de Sebastián Murillo Echeverri, identificado como exintegrante de la organización criminal La Oficina, aunque estas afirmaciones hacen parte de sus declaraciones y están siendo objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.
En los videos también se observa el ingreso de una volqueta amarilla que, según la denuncia, transportaba materiales de construcción.
Este elemento ha sido interpretado por la denunciante como una posible evidencia de adecuaciones internas en el patio quinto del penal, donde se habrían adelantado obras no completamente esclarecidas.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades disciplinarias y penitenciarias buscan establecer con precisión lo ocurrido durante el concierto del 8 de abril, que hoy se encuentra en el centro de una de las controversias más fuertes recientes sobre el manejo de establecimientos carcelarios en el país.