Diversos sectores, gremios campesinos como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), Zonas de Reserva Campesina (ANZORC); y ciudadanos convocaron a un paro nacional en Colombia para el jueves 9 de abril de 2026 en rechazo al aumento de los avalúos catastrales, una medida que generó preocupación en el sector comercial y de transporte por la posibilidad de bloqueos en las principales rutas del país.
Cabe recordar que en varios municipios del país el aumento fue significativo, puesto que llevaban más de 30 años sin actualizar el valor catastral, por lo que la medida del Gobierno busca que todas las zonas estén evaluadas con respecto al precio real del predio.
Mientras que en las grandes ciudades o capitales, el avalúo se actualiza anualmente, por lo que el cambio no representó una afectación grave al bolsillo de sus habitantes.
Las movilizaciones están convocadas para iniciar a las 8 a. m. en municipios como Guaduas (Cundinamarca), Yopal (Casanare), Yumbo (Valle del Cauca), sector La Laguna en la vía Pamplona–Bucaramanga, la peatonal de Santiamén en la vía Bogotá–La Calera (municipio de Choachí, Cundinamarca) y en Sabaneta (Antioquia).
Como parte de la respuesta institucional, la Gobernación de Santander puso en marcha un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde el 8 de abril para monitorear las manifestaciones y garantizar seguimiento en puntos críticos, según anunció Óscar Hernández Durán, secretario del Interior.
Las autoridades del departamento ubicado al noreste del país vigilan posibles bloqueos en la ruta comunera entre San Gil y Socorro, el área metropolitana de Bucaramanga, distintos sectores de Floridablanca en la autopista y el municipio de Lebrija.
En el departamento de Quindío, la ciudad de Armenia se sumará a las protestas, donde Sandra Patricia Giraldo, coordinadora del comité del paro catastral, señaló que los nuevos avalúos generaron “cobros excesivos de impuesto predial unificado”, ignorando la progresividad contemplada en la ley para que el incremento no afecte al contribuyente.
“El impuesto predial unificado tiene una forma de crecer de manera progresiva para que el contribuyente no se sienta acosado”, afirmó Giraldo a Noticias Caracol.
Los gremios involucrados afirmaron que buscan dificultar la entrada y salida de personas en las zonas con el fin de ejercer presión al Gobierno nacional y comenzar una mesa de diálogo.
Gustavo Petro cuestionó paro por efectos del catastro multipropósito
Durante el Consejo de Ministros del 25 de marzo de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, subrayó que el Catastro Multipropósito, además de identificar condiciones físicas, jurídicas y económicas de los predios, busca que los grandes propietarios asuman impuestos proporcionales al valor real de sus terrenos.
“Les miente la oposición, señores ciudadanos y ciudadanas del campo y de la ciudad. ¿Por qué les miente? Porque el objetivo de acordar el catastro multipropósito como parte de la paz es que los terratenientes paguen impuestos sobre la tierra, no que los campesinos paguen impuestos sobre la tierra”, enfatizó Petro a funcionarios y sociedad civil.
El Catastro Multipropósito constituye, en palabras del mandatario, la herramienta que facilitará una redistribución tributaria sustentada en pruebas objetivas sobre el valor y uso de la tierra. Cada predio es sometido a una revisión exhaustiva, lo que permite precisar sus derechos, restricciones, dimensiones y fines productivos. El valor de los inmuebles –que sirve de base para el cálculo del impuesto predial– se actualiza conforme a la realidad del mercado, lo que refleja el impacto de obras públicas o del desarrollo económico regional. Petro distinguió entre el avalúo catastral determinado técnicamente y la tasa del impuesto, que corresponde a los concejos municipales.
La diferencia entre la base impositiva y la tarifa final abrió la puerta a debates ciudadanos. Petro denunció que en algunos territorios se tradujo en aumentos sustanciales del tributo, mientras que en otros las tasas disminuyeron. El jefe de Estado exhortó a la población a participar en los cabildos abiertos: “lo que hay es que rodear al consejo en cabildo abierto para que cobre la tasa a quienes deben pagarla y baje la tasa a quienes no deben pagarla”.
Hasta el inicio del actual gobierno, la actualización de catastros tenía un retraso medio de 12 años. Con la reciente gestión, ese lapso se redujo a cerca de 4 años, de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Esta reducción del rezago busca garantizar una base de datos permanente y veraz sobre la tenencia y producción de la tierra, a fin de hacer efectivo el Acuerdo de Paz 2016 y promover una política tributaria más justa.