La construcción de la variante de San Gil, una de las obras viales más importantes para el sur de Santander, sumó un nuevo revés luego de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) cancelara el proceso de licitación para reanudar los trabajos, lo que agrava el panorama de retrasos, incertidumbre y falta de recursos que rodea el proyecto desde hace varios años.
La decisión, que quedó registrada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), incluye tanto el contrato de obra como el de interventoría. El proceso fue suspendido debido a la imposibilidad de cumplir con el cronograma y asegurar el respaldo financiero necesario, según explicó la entidad.
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Una cancelación por falta de tiempo… y recursos
De acuerdo con el memorando interno 20261-VBOG-019961 del 27 de marzo de 2026, la Subdirección de Estructuración de Proyectos solicitó la cancelación de los procesos contractuales.
Invías argumentó que “la insuficiencia del tiempo disponible frente al cronograma establecido impidió la aprobación de las vigencias futuras”, necesarias para garantizar los recursos de ambas contrataciones.
Sin embargo, desde la veeduría ciudadana hay otra lectura. Marcela Gualdrón Forero, representante de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, aseguró que la decisión responde realmente a la falta de respaldo presupuestal, que rondaba los 66 mil millones de pesos.
“Ellos no van a decir que es por falta de dinero. No tienen certificados de vigencias futuras. El Gobierno Nacional volvió a incumplir”, afirmó ante El Tiempo.
Una obra con años de retraso
La variante de San Gil fue concebida como una solución para descongestionar el tránsito y reducir los accidentes en el paso urbano de la vía nacional. El proyecto inició en agosto de 2018 con una meta de ejecución cercana a cinco años, pero hoy acumula más de siete años sin concluirse.
Según informes de seguimiento, la obra presenta apenas un avance físico cercano al 42%, pese a que ya se han ejecutado la totalidad de los recursos iniciales.
En cifras cuenta con una inversión total de más de 190 mil millones de pesos, una longitud proyectada de 9,6 kilómetros y su construcción ejecutada es cerca de 4,1 kilómetros incompletos.
Esto ha dejado estructuras inconclusas, tramos sin conexión y obras que, en la práctica, no cumplen ninguna función. “Estas obras que se ejecutaron no cumplen absolutamente ninguna función, son obras que están perdidas porque no dan conectante a nada”, advirtió Gualdrón al medio ya mencionado.
Infraestructura paralizada y riesgo de “elefante blanco”
Actualmente, las obras están suspendidas desde enero de 2025, tras la finalización de los contratos de obra e interventoría. Desde entonces, no se han reanudado los trabajos.
La situación ha llevado a que el proyecto sea calificado como un posible “elefante blanco”, debido a la cantidad de recursos invertidos sin resultados funcionales.
Además, persisten problemas estructurales como la falta de adquisición de predios, con cerca de 97 aún pendientes; compensaciones ambientales sin cumplir que superan las 118 hectáreas; y tramos que continúan sin señalización ni adecuada conexión vial.
Reacciones: preocupación y críticas al Gobierno
La cancelación del proceso generó fuertes reacciones en la región. Gremios, autoridades locales y veedurías coinciden en que se trata de un retroceso significativo.
De acuerdo con Blu Radio, Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander, calificó la decisión como “lamentable” y advirtió sobre su impacto en el desarrollo regional. “Es una obra estratégica no solo para Santander sino para el país. Sin vías adecuadas, no se puede impulsar el turismo”, señaló.
Por su parte, El Espectador afirmo que el alcalde de San Gil, Edgar Orlando Pinzón, manifestó su sorpresa, ya que la decisión no fue comunicada previamente a las autoridades locales, pese al seguimiento que se venía haciendo al proceso. “En las reuniones recientes nunca se nos indicó que se fuera a cancelar”, aseguró.
Un corredor clave para el turismo en riesgo
La variante no solo es una obra de movilidad. Se trata de un corredor estratégico que conecta destinos turísticos como San Gil, Barichara y El Socorro, fundamentales para la economía regional.
La paralización del proyecto afecta directamente el flujo de turistas, la competitividad del sector y la seguridad vial en el paso urbano.
Los constantes retrasos, adiciones presupuestales y cambios en la planeación han frenado su desarrollo, generando desconfianza en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.
Incertidumbre total sobre el futuro del proyecto
Aunque el Gobierno había anunciado nuevos recursos, incluyendo vigencias futuras por hasta 80 mil millones de pesos, la cancelación de la licitación deja en el aire la reactivación de la obra.
Desde la veeduría y sectores empresariales insisten en que es urgente abrir nuevos procesos contractuales que permitan aprovechar lo ya construido y evitar que la inversión se pierda.