Las revelaciones de Luz Adriana Camargo sobre la investigación contra Zulma Guzmán han marcado un giro en los protocolos de extradición de Colombia.
La fiscal general confirmó que existe evidencia toxicológica que vincula a Guzmán con el envenenamiento de su cuñada ocurrido el 5 de abril de 2025 mediante chocolates contaminados con talio, en un patrón que sugiere una modalidad serial de ataques con alimentos adulterados.
Según información de la Fiscalía General de la Nación, detallada en declaraciones a Caracol Radio, Guzmán fue capturada en diciembre de 2025 en Reino Unido tras una notificación roja de Interpol.
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La gravedad de los hechos, unida a la condición de hospitalización de la víctima, llevó a que Elvira Restrepo fuera trasladada desde la Fundación Santa Fe de Bogotá a Estados Unidos para recibir atención especializada debido a la seriedad del cuadro clínico.
El proceso de extradición involucra “delicadas gestiones diplomáticas”, indicó Camargo en conversación con el medio citado inicialmente, que explicó que el Gobierno colombiano impulsa el retorno de Guzmán para evitar la impunidad.
Sostuvo: “La investigación ha continuado, no se ha detenido a establecer las circunstancias que rodearon el envenenamiento de las dos menores de edad que fallecieron y de la otra menor que quedó gravemente herida, sino que también empezó a explorar sobre si podía existir algún patrón de conducta. Como ya ha trascendido, se han encontrado otros dos o tres casos que podrían corresponder al mismo modus operandi“, declaró la fiscal general a Caracol Radio.
La Fiscalía revisa al menos cuatro envíos de productos sospechosos dirigidos a tres mujeres distintas. Según Camargo, el análisis de estos hechos permite ver en los investigadores “una posible reiteración en la modalidad de alimentos adulterados como método de ataque”.
Las autoridades del Reino Unido —donde Guzmán fue detenida— han manifestado preocupación por las condiciones de reclusión que encontraría en caso de ser extraditada.
Esta inquietud se incrementó tras una visita oficial a la cárcel El Buen Pastor, motivada por el diagnóstico psiquiátrico realizado a Zulma Guzmán después de que, al intentar evadir una orden de captura, se lanzara al río Támesis y fuera rescatada conhipotermia.
Camargo expuso a Caracol Radio: “Cuando se iba a hacer efectiva la circular roja, ella se lanza al Támesis y casi muere congelada… Determinan que tiene un cuadro psicótico, que es una persona que tiene dificultades. Y las autoridades del Reino Unido son muy estrictas en términos de la extradición y han detectado que hay un problema de salud mental que tendría que poder ser asumido por Colombia en caso de que ella fuese extraditada”.
Colombia ante las exigencias británicas para la extradición
El Gobierno colombiano propuso como alternativa que Guzmán sea alojada en el penal La Picota y autorizó una inspección conjunta de este establecimiento y el Buen Pastor. Delegados del Ministerio de Justicia, la defensa y representantes británicos evaluarán si estos espacios cumplen con el estándar requerido por la justicia extranjera para el manejo de reclusos con necesidades especiales.
En diálogo con Caracol Radio, Camargo enfatizó la problemática estructural: “Las condiciones carcelarias, no solo para la señora Zulma, sino para cualquier privado de la libertad, es necesario que se mejoren. Ese estándar de prisiones que nosotros tenemos es un estándar realmente intolerable. Entonces, nosotros también tenemos que hacer caso cuando nos están diciendo que una extradición puede bloquearse por esa falta de garantías que ofrece nuestro sistema penitenciario”.
Camargo propuso revisar las políticas de privación de la libertad: “Nosotros tenemos una idea, como la sociedad cree, que entre más personas tiene privadas de la libertad, más seguridad va a tener, y eso no necesariamente son variables que se cruzan. Si tenemos un hacinamiento, el hacinamiento puede ser producto de unas políticas irracionales de privación de la libertad”.
La funcionaria anunció una próxima reunión con la presidencia de la Corte Suprema de Justicia para abordar el hacinamiento, pues para el poder judicial, según expresó, “es un problema muy grave”.