Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió el lunes 6 de abril a los señalamientos sobre supuestos ofrecimientos ilegales de su administración a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, al revelar que altos funcionarios de inteligencia y la Fiscalía habrían intentado beneficiarse económicamente de la red criminal del “zar del contrabando”, hoy libre en Portugal.
Petro, en una publicación en la red social X, que se sumó a la respuesta oficial que le había dado su despacho a Noticias Caracol, medio que dio a conocer este escándalo, afirmó que agentes vinculados a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ofrecieron garantías y recibieron recursos a cambio de promesas inconsistentes sobre una posible repatriación de Marín. Y habría apuntado a su exfuncionario, Jorge Lemus.
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El mandatario reiteró que el contrabandista habría logrado penetrar organismos estatales durante 38 años y que, pese a su pedido de extradición, aún se encuentra libre en Europa debido a un entramado corrupto. “Una vez supe del sujeto, puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros. Lo impedí, pero siempre hay codiciosos”, sostuvo Petro en su defensa a su administración, involucrada en este caso.
La respuesta del jefe de Estado buscaría hacerle frente a las duras repercusiones por la filtración de audios publicada por el citado medio, en los que se escucha a Lemus, exdirector de la DNI ofertar a través del abogado de Marín posibles beneficios procesales y protección a cambio de una entrega voluntaria a la justicia. Estas acciones ocurrieron, según la investigación, fuera del marco de competencias de la entidad.
“El que no esté el señor Marín en Colombia, encarcelado, es un acto de corrupción oficial y gubernamental”, agregó Petro, que señaló que los intereses de agentes estatales en apropiarse del dinero ilícito y en impedir la extradición de Marín manifiestan la profundidad de la infiltración criminal en los organismos nacionales, en una práctica que se registraría desde administraciones anteriores.
Las quejas de Gustavo Petro por la libertad de ‘Papá Pitufo’, pese a solicitud de extradición
En sus afirmaciones, el primer mandatario indicó también que contactó a los gobiernos de España y Portugal para gestionar la entrega del delincuente y responsabilizó a la Fiscalía de haber ralentizado el proceso de extradición por motivos políticos y corrupción interna. “El que no esté el señor Marín en Colombia, encarcelado, es un acto de corrupción oficial y gubernamental”, refirió el presidente, que se zafó del tema.
Petro detalló que uno de los “errores capitales” fue limitar la investigación judicial al periodo posterior a 2023 y omitir, de esta forma, más de tres décadas de infiltración en el Estado. “Cambiaron al fiscal por sectarismo político o por corrupción, no lo sé, lo que sé es que hubo una alianza entre investigadores de la fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo”, enfatizó el gobernante.
También describió las dimensiones del poder alcanzado por Marín. “Que trató de financiar mi campaña, es cierto, y yo lo prohibí expresamente; que el señor Marín infiltró altos mandos de la policía, indudablemente, y aún tiene altos oficiales a sueldo; que el señor Marín infiltró los cuerpos de investigación del Gobierno, no me cabe duda, tiene gente en la Dijin y en la Fiscalía; que infiltró el DNI, sin duda y en mi Gobierno”, reafirmó.
“Lo que quiero es verdad y reparación a la industria nacional por el daño que hizo”, expresó Petro, que alertó que el narcotraficante cuenta con el apoyo de expresidentes, coroneles en la Policía Fiscal y Aduanera, así como de altos mandos en activo y funcionarios de la Dian. Y admitió conocer que agentes de inteligencia ofrecieron a Marín garantías de no judicialización a cambio de dinero, mientras que a las autoridades reportaban una versión opuesta, lo que generó un remezón al interior de la organización.
“Agentes de la DNI se ofrecieron a contactar a Marín para traerlo a Colombia voluntariamente; indudablemente, decían una cosa en una parte y otra en la contraria, pero pedían dinero por codicia; allá, en Europa, le prometían que no sería juzgado y aquí en Colombia decían que lo iban a traer; nunca lo trajeron. El intermediario de inteligencia puede jugar a los dos bandos”, enfatizó el jefe de Estado en su publicación.
Y vinculó estas prácticas a una red extendida que, según denunció, manipula sumas considerables a través de nuevas modalidades como criptomonedas. “Las transacciones entre funcionarios públicos y grandes contrabandistas las hacen en bitcoin”, advirtió Petro, que negó en consecuencia que de su parte se hayan dado instrucciones para ofrecer prebendas por ‘debajo de la mesa’ al contrabandista señalado.
El caso ‘Papá Pitufo’ puso una vez más la lupa en la DNI: Petro se desligó de los señalamientos
De la misma manera, el mandatario precisó que su administración fue la que denunció la infiltración criminal y solicitó colaboración internacional para lograr la extradición de Marín, capturado en Portugal en 2024, pero posteriormente dejado en libertad gracias a un habeas corpus. A su juicio, la Fiscalía priorizó investigaciones tardías bajo la sospecha de que su campaña presidencial fue financiada de manera ilícita.
Y no, según denunció Petro, perseguir los intereses verdaderos de la red de corrupción enquistada. “La fiscal General (Luz Adriana Camargo) debe responder por ello”, reclamó el gobernante, en relación con el escándalo, que ha desencadenado una crisis de confianza en los organismos de inteligencia estatal y en la administración de justicia. Y varios interrogantes sobre los $500 millones que habrían sido ofrecidos en 2022.
“Ya hay pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha ligados a la oficina central de conducción de la fiscalía, varios de ellos ligados, también, a la defensa del paramilitarismo, y uno de ellos resultó ser abogado defensor del mafioso Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’”, agregó Petro, que insistió en la acusación de alianzas de alto nivel para garantizar, según él, impunidad en los nexos con Marín Buitrago.
El presidente concluyó que su objetivo es que Marín rinda declaración judicial “libremente y sin presiones políticas”, con el propósito de esclarecer el alcance de la infiltración criminal en el Estado y reparar el daño causado a la industria nacional.