La Semana Santa de 2026, la figura de Jesús vuelve a ser mirada desde una perspectiva que mezcla religión y política en Colombia. , por lo que Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro y de su hijo Nicolás Petro, aprovechó la coyuntura para ofrecer una interpretación que desafía la narrativa tradicional sobre la crucifixión.
El debate surgió después de que Las2orillas publicara en sus redes sociales que la ejecución de Jesús “no solo responde a motivos religiosos”. En aquella Judea sometida al Imperio romano, la crucifixión era una herramienta para castigar a quienes alteraban el orden público.
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Frente a esta observación, Alejandro Carranza, conocido en las plataformas digitales como “Hombre Jurista”, escribió un mensaje en su cuenta de X que rápidamente se difundió: “La crucifixión de Jesús no fue solo un hecho religioso. Fue una decisión política”.
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El abogado explicó que Judea estaba bajo un sistema donde “no existía igualdad ante la ley ni justicia social en el sentido moderno”. Para él, el derecho penal servía más como mecanismo de control que como garantía para la población.
Judea bajo Roma: desigualdad, control y privilegios de las élites
“Las oportunidades, la protección y el poder estaban concentrados en las élites: el Imperio romano y el Sanedrín. La mayoría vivía bajo reglas que no había construido y que, en la práctica, protegían un orden favorable a unos pocos”, señaló Carranza.
Carranza describió a Jesús como un hombre que promovía un mensaje disruptivo: “Habló de perdón, de dignidad, de segundas oportunidades y de un ‘reino’ que desbordaba las jerarquías tradicionales”.
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El jurista resaltó en su extensa publicación que la acusación de “rey de los judíos” no correspondía a un conflicto teológico, sino a un motivo político: “No era teología, era una categoría funcional para activar la sanción contra un supuesto enemigo interno”.
Añadió que el proceso que llevó a su muerte presentó irregularidades incluso para la época, en un juicio nocturno contrario a la práctica jurídica judía, testimonios contradictorios, recalificación del cargo de blasfemia a delito político y una decisión final adoptada bajo presión social y temor a la alteración del orden público: “En lugar de un juez imparcial, hubo un juzgador complaciente que quería mantener la impunidad pública”.
“Cuando el poder construye un enemigo, cambia el lenguaje y las reglas. Se flexibiliza el derecho, se endurece la sanción y se justifica lo que normalmente sería inaceptable”, escribió.
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Paralelismos entre la política romana y la Colombia actual
Al llevar su reflexión a la política en Colombia, Alejandro Carranza señaló que ciertas expresiones de confrontación política y posturas frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -justicia transicional creada por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado y la guerrilla de las Farc-EP- reflejan la misma lógica: “Cuando el adversario se convierte en enemigo, el derecho deja de ser garantía y empieza a ser herramienta. No se protege la diferencia: se busca neutralizarla”.
El abogado cerró con un llamado de atención sobre la historia y su capacidad de repetirse: “La historia no solo cuenta lo que pasó. También advierte lo que puede repetirse cuando el poder decide a quién excluir para que nada cambie”.
“Si la historia se repitiera hoy, la pregunta no es a quién crucificarían, porque la respuesta es obvia, sino quiénes de los actuales candidatos justificarían la crucifixión en nombre del orden y la seguridad (…) una vez más”, se lee en el post.
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Su reflexión plantea un debate profundo: mirar la Semana Santa desde la política y no solo desde la fe, al recordar que el poder y sus decisiones pueden transformar hechos religiosos en símbolos de control social y que la historia sigue vigente en la forma en que se entiende la justicia y la política en Colombia.