Un equipo élite de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en coordinación con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) y la Policía Nacional, desmanteló una mina ilegal de carbón mineral en la vereda Firita Peña Arriba, municipio de Ráquira, Boyacá.
El operativo fue resultado de varios días de planeamiento estratégico de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (Uiga) y permitió hallar en flagrancia a tres personas realizando extracción subterránea mecanizada de carbón, dos de las cuales fueron sorprendidas dentro del socavón.
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Las autoridades constataron mediante tecnología especializada que la bocamina y las instalaciones asociadas no estaban incluidas en el Plan de Trabajo y Obras (PTO) ni en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobados para la zona, configurando la ilegalidad de la explotación. Los responsables, capturados en el lugar, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
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“En la CAR Cundinamarca no vamos a permitir la minería ilegal en nuestro territorio, pues sus efectos sobre los recursos suelo, agua, flora y paisaje no son un daño menor, son una grave afectación a los ecosistemas y a la vida de las comunidades”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros. La intervención permitió además suspender de forma inmediata toda actividad de extracción en el predio.
Daños ambientales comprobados en la zona intervenida
Durante el recorrido técnico, los expertos documentaron la pérdida de la capa orgánica en un área aproximada de 0,23 hectáreas. Esta afectación fue consecuencia de la instalación de infraestructura minera como la bocamina, la caseta para el malacate, una torre de descargue, el patio de maniobras y una escombrera. La destrucción de cobertura vegetal incluyó especies nativas como tuno esmeraldo, uva camarona, chilca, hayuelo, cucharo, frailejones y angelitos.
El operativo también evidenció alteraciones significativas al paisaje natural, con un contraste cromático y morfológico notorio respecto a las áreas circundantes, lo que confirmó el impacto negativo de la actividad minera ilegal. Por estos hechos, la autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata y judicializó a los responsables, reafirmando la política de “quien destruye el medio ambiente, responde”.
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La CAR reiteró que la minería ilegal genera daños irreversibles en los ecosistemas locales. Las autoridades han reforzado la articulación institucional para prevenir y sancionar prácticas que ponen en riesgo recursos estratégicos como el agua y la biodiversidad en la región andina.
Reacción de las autoridades y antecedentes recientes en Boyacá
En menos de 10 días, la CAR intervino en otros actos contra la integridad ambiental en Boyacá. El 24 de marzo, la corporación impuso multas superiores a $100 millones y la obligación de plantar más de 500 árboles nativos a dos particulares responsables de arrasar con más de 40 fanegadas y cerca de 250 frailejones en el páramo Iguaque Merchán, municipio de Saboyá. El área afectada, situada en la Reserva Forestal Regional de los Páramos de Telecom y Merchán, está protegida desde 1999, lo que agravó la valoración del daño.
En 2025, la CAR ya había detectado el uso de maquinaria pesada y la tala de 247 frailejones en Saboyá, donde se desmontó la cobertura vegetal para la siembra de papa en 25 hectáreas. Tras la valoración ambiental, la corporación emitió sanciones económicas y ordenó la restauración inmediata de 550 árboles de especies nativas, con el compromiso de su mantenimiento por tres años.
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“Destruir el páramo en la jurisdicción de la CAR sale muy caro. Estos irresponsables acabaron con 247 frailejones que significan décadas de evolución hídrica eliminadas por trabajos de maquinaria agrícola y tala ilegal”, enfatizó Ballesteros. Además, los responsables deberán plantar especies como mano de oso, arrayán, aliso, mortiño, chilco, tuno, sietecueros y encenillo, siguiendo criterios de distancia y cobertura vegetal mixta.
Endurecimiento de sanciones ambientales en 2026
En 2026, las autoridades ambientales mantienen un enfoque estricto en la protección de ecosistemas estratégicos como páramos y humedales, aplicando sanciones administrativas y penales ejemplares contra quienes dañan el medioambiente.
La Ley 1333 de 2009, actualizada por normativas recientes, permite sanciones diarias de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). La destrucción de páramos, la deforestación y el uso ilegal de maquinaria están sujetos a multas que pueden superar los $100 millones y penas de 8 a 15 años de prisión, conforme a la Ley 2111 de 2021.
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Las autoridades ambientales, como la CAR, también obligan a la restauración de los ecosistemas intervenidos, al cierre temporal o definitivo de establecimientos y a la cancelación de licencias ambientales. Se precisó que las multas se calculan según criterios de beneficio ilícito, costos evitados y el daño ambiental ocasionado, bajo resoluciones específicas como la 2086 de 2010.