La junta directiva de Ecopetrol habría acordado convocar una reunión presencial con el presidente Gustavo Petro antes de tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de Ricardo Roa al frente de la petrolera estatal.
El encuentro, previsto tentativamente para el 6 de abril en la Casa de Nariño, sería determinante para definir si el directivo permanecería en el cargo, presentaría su renuncia o solicitaría una licencia en medio de las investigaciones penales que enfrenta.
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La decisión se habría producido tras una extensa sesión de la junta celebrada el 30 de marzo, que se habría prolongado por cerca de siete horas sin lograr consenso, según el artículo del medio El Tiempo.
Ante la falta de acuerdo, los miembros habrían optado por aplazar nuevamente la votación y escuchar directamente la posición del jefe de Estado, en un movimiento que evidenciaría la alta sensibilidad política y estratégica del caso.
El contexto no podría ser más complejo. Roa debería comparecer el próximo 8 de abril ante la justicia para una nueva imputación relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022-2026
Según la Fiscalía General de la Nación, los aportes habrían superado los topes legales en más de 5.300 millones de pesos.
Este proceso se suma a la imputación previa por tráfico de influencias, vinculada a la compra de un apartamento en Bogotá, que ya había generado cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo.
La división interna dentro de la junta es evidente. De acuerdo con información revelada por el medio citado, cinco integrantes respaldan la continuidad de Roa, mientras que cuatro se inclinan por su salida. En este escenario, la reunión con el presidente Petro aparece como un intento de destrabar el empate y orientar la decisión final.
Sin embargo, el encuentro no contará con la participación de todos los miembros. Luis Felipe Henao, representante de los fondos de pensiones, y Ricardo Rodríguez Yee, delegado de los departamentos productores de petróleo, decidieron no asistir.
Ambos ya habían dejado constancia en actas sobre su preocupación por los riesgos reputacionales y financieros de mantener a un presidente bajo investigación penal. A esta postura se suman César Loza y Juan Gonzalo Castaño, quienes también han advertido sobre el impacto potencial para la compañía.
Más allá de la decisión puntual sobre Roa, el caso ha abierto un debate más amplio sobre los riesgos legales que enfrentan los miembros de la junta.
El exsenador Jorge Enrique Robledo advirtió que podría configurarse el delito de administración desleal si se priorizan intereses personales o políticos por encima de los de la empresa.
Según explicó, este delito —tipificado en el Código Penal colombiano— contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión y podría tener implicaciones internacionales, dado que Ecopetrol cotiza en mercados como la Bolsa de Nueva York.
No obstante, expertos en derecho societario han matizado estas afirmaciones. Camilo Merino señaló que para que exista administración desleal se deben probar elementos como abuso de funciones, beneficio indebido y un perjuicio económico concreto.
En esa línea, recordó que la llamada regla de discrecionalidad empresarial protege a los administradores en la toma de decisiones, siempre que actúen de buena fe y en el mejor interés de la sociedad.
Por su parte, el abogado Julio Yepes cuestionó abiertamente la postura de quienes respaldan la permanencia de Roa, al considerar que se estaría ignorando el impacto reputacional y financiero para la compañía. Yepes enfatizó que, según la Ley 222 de 1995, los administradores tienen el deber de actuar con lealtad, diligencia y buena fe, principios que —a su juicio— se verían comprometidos en este caso.
Las tensiones también se han trasladado al ámbito sindical y financiero. La Unión Sindical Obrera (USO) ha advertido sobre un deterioro en el gobierno corporativo y ha pedido decisiones que protejan la estabilidad de la empresa.
A esto se suma el descontento manifestado en la más reciente Asamblea General de Accionistas, donde se registraron abucheos y exigencias de cambios en la dirección.
En el plano administrativo, surgieron nuevas preocupaciones tras las declaraciones de Jesús Andrés Roa Pascual, revisor fiscal de Deloitte & Touche SAS, quien aseguró no haber tenido acceso completo a información clave, incluyendo el informe de gestión del propio Roa.
Este hecho fue considerado inusual por analistas y accionistas, aunque la auditoría a los estados financieros de 2025 emitió una opinión limpia, dejando abiertas otras verificaciones sobre posibles inconsistencias.