Familiares de los soldados oriundos del Cesar que murieron en el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, habrían denunciado demoras en la entrega de los cuerpos, lo que habría prolongado la incertidumbre y el dolor de sus allegados.
Aunque las autoridades avanzarían en el proceso de identificación, los traslados hacia Valledupar aún no se habrían concretado, lo que estaría impidiendo la realización de funerales y rituales de despedida.
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De acuerdo con información que habría sido entregada por el Ejército Nacional a Blu Radio este 28 de marzo de 2026, las demoras obedecerían principalmente a los procedimientos de identificación que adelantaría el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Este proceso, que incluye análisis forenses y genéticos, habría condicionado la entrega de los cuerpos, afectando no solo a las familias de los fallecidos, también a las de los heridos, que seguirían a la espera de información clara.
Entre los casos más visibles estarían los de Jorge Luis Morales Rumbo, Jainer Navarro y Leandro Díaz Reyes, cuyas familias se habrían concentrado la noche del viernes frente al Batallón La Popa, en Valledupar, para exigir respuestas. Con pancartas y mensajes de reclamo, habrían pedido a las autoridades celeridad en los trámites. “Le pedimos a las autoridades que nos ayuden, que nos apoyen, no es justo lo que están haciendo con nosotros”, habría expresado uno de los familiares durante la manifestación, según el medio citado.
El retraso en la entrega también habría impedido que algunas familias puedan cumplir con sus tradiciones culturales. Este sería el caso de los allegados de Morales Rumbo, integrante de la etnia Kankuama, quienes habrían señalado que en su comunidad ya se encontrarían personas esperando el cuerpo para realizar los rituales funerarios propios de su cultura.
Su hermana, Desiré Morales, habría afirmado que, pese a múltiples gestiones ante Medicina Legal en Bogotá, aún no habrían recibido una fecha concreta para la entrega.
La situación no sería exclusiva del Cesar. En el vecino departamento de Magdalena también se reportarían víctimas, como Carlos Elías de la Cruz, oriundo de Río Frío; Junior Pertúz Martínez, de Aracataca; y Duván Varela Mariano, de Pueblo Viejo. Sus familias enfrentarían una situación similar, marcada por la espera y la falta de información precisa sobre los tiempos de entrega.
El accidente del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, dejó un saldo de 69 personas fallecidas y 57 heridas, convirtiéndose en la tragedia aérea militar más grave del país en décadas.
La magnitud del siniestro ha representado un desafío sin precedentes para las autoridades forenses, encargadas de la identificación y entrega de las víctimas.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, hasta el momento se han logrado identificar 54 cuerpos, mientras que otros 15 continúan en proceso de análisis genético.
Para esta labor, la entidad dispuso de 12 equipos interdisciplinarios conformados por médicos, odontólogos, genetistas y personal técnico, quienes trabajan de manera continua para garantizar la identificación plena y la entrega digna de los fallecidos.
Pese a estos avances, las críticas de los familiares no han cesado. Algunos han denunciado falta de coordinación, información contradictoria y condiciones inadecuadas en la gestión de los cuerpos.
Estos señalamientos han puesto en el centro del debate la necesidad de mejorar los protocolos de atención a las víctimas y sus allegados en situaciones de emergencia de gran escala.
Mientras tanto, las investigaciones sobre las causas del accidente continúan.
Testimonios de sobrevivientes han indicado que, minutos antes del siniestro, se habría escuchado una falla en uno de los motores, hipótesis que ahora forma parte del análisis técnico. Las autoridades han señalado que los resultados definitivos podrían tardar varias semanas.
En paralelo, el Ministerio de Defensa ordenó la revisión de las aeronaves del mismo tipo que permanecen en operación, como medida preventiva. También se ha contado con el apoyo internacional para avanzar en la investigación, dada la complejidad del caso.
En medio de este panorama, el llamado de las familias cesarenses se mantiene: piden agilidad en los procesos, información clara y un trato digno que les permita cerrar el duelo.