Francisco Villamizar, veedor de la salud en Cúcuta (Norte de Santander), enfrenta una crisis vital tras acumular 146 medicamentos pendientes por parte de la Nueva EPS.
Según su relato, ha presentado 26 tutelas sin lograr avances en la atención. Ante los dolores que padece y la ausencia de respuestas por parte del sistema de salud colombiano, decidió solicitar la eutanasia.
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El caso de Villamizar visibiliza la situación de los adultos mayores con enfermedades crónicas que, incluso tras agotar recursos legales, continúan sin acceso a tratamientos indispensables.
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Este ciudadano, que dedica su labor a la defensa de los derechos de pacientes, carga diariamente un bolso con cientos de formularios y documentos que respaldan su reclamo. Pese a persistir en la vía administrativa y judicial, manifiesta que su lista de medicamentos esenciales sigue sin ser entregada, lo que le ha obligado a asumir gastos que no puede costear y a modificar las dosis prescritas para sobrevivir.
La diabetes ya le arrebató dos falanges del pie, mientras que la hipertensión, el glaucoma y una enfermedad neurológica crónica agravan su situación. “Hay veces logro comprar una insulina que le bajo la dosis, no sé si los médicos están de acuerdo que yo tenga que cambiar y variar la dosis para poderme sobrellevar y no entrar en crisis diabética”, relató Villamizar a Noticias RCN.
A pesar de haber interpuesto 26 tutelas buscando una solución legal, no ha recibido respuesta efectiva que garantice su derecho constitucional a la salud. Sin más alternativas, se ha visto obligado a costear parte de su tratamiento, ajustando por su cuenta las dosis prescritas ante la ausencia de los medicamentos pautados.
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La situación de Villamizar, quien fue veedor de derechos y hoy es víctima de la misma burocracia que combatió, deja en evidencia las fallas estructurales del sistema de salud colombiano.
Durante una reciente visita del ministro de salud a Cúcuta, el caso salió a la luz pública cuando Villamizar se presentó para exigir la entrega de sus medicamentos. La escena terminó con el funcionario enfrentando reclamos directos de ciudadanos y periodistas: “El modelo puede ser que está matando gente, ese modelo. Ministro, contéstame, respétame”.
Miles de pacientes en Colombia comparten el drama de Villamizar, atrapados en una red de trámites que retrasa o impide el acceso a los tratamientos que necesita para vivir. “Que se me aplique la eutanasia, no aguanto el dolor y que papito Dios me perdone, yo me voy es cuando él lo diga”, concluyó el paciente en Cúcuta.
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En situaciones extremas, como la suya, la única alternativa que vislumbran es la muerte asistida, cuando el sistema les niega la oportunidad de una vida digna y sin dolor.
Murió un joven con leucemia aguda que esperaba un medicamento gestionado por la Nueva EPS: tenía tutela con fallo a su favor
La muerte de Jeison Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia aguda, se convirtió en un símbolo de la crisis del acceso a tratamientos médicos en Colombia tras fallecer el 14 de marzo de 2026. La entidad responsable de asegurar su medicamento, Nueva EPS, había sido intervenida por el Gobierno de Gustavo Petro desde 2024.
El caso de Pinzón Sandoval evidenció una cadena de obstáculos burocráticos. Aunque contaba con una orden judicial y una tutela a su favor, el medicamento blinatumumab, crucial para su tratamiento, nunca llegó. “Por parte de Nueva EPS siempre se reciben evasivas, pero ninguna respuesta clara sobre qué pasa con el medicamento”, reclamó el joven en una de sus últimas intervenciones públicas.
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Durante cinco meses, Pinzón Sandoval no pudo acceder al blinatumumab, pese a que existía un fallo de desacato que obligaba a la EPS a suministrar el fármaco. Este medicamento de inmunoterapia es vital para tratar la leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B, ya que logra unir las células cancerosas con las células T del sistema inmune para facilitar su destrucción.
En busca de una solución, Pinzón Sandoval elevó el caso ante la Superintendencia Nacional de Salud y solicitó la intervención directa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, así como del propio Gobierno nacional. Sus esfuerzos no se limitaron a las instancias locales: también presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperando que la presión internacional obligara a cumplir el fallo judicial.
A lo largo del proceso, el joven insistió en que “la sola quimioterapia no es suficiente”, destacando que el medicamento prescrito por sus médicos era indispensable para su recuperación. Pese a los recursos legales, los reclamos y el apoyo de organizaciones como Funcolombiana, las autoridades no respondieron a tiempo.
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