Más de 20 representantes a la Cámara, entre ellos Juan Espinal, del Centro Democrático, exigieron el martes 24 de marzo la salida inmediata de Ricardo Roa Barragán de la presidencia de Ecopetrol. Entre los principales motivos se destacan que el funcionario enfrenta cinco investigaciones disciplinarias, una imputación penal por tráfico de influencias y sanciones económicas derivadas de su papel en la campaña presidencial de 2022.
De acuerdo con el documento respaldado por los parlamentarios, en el que hizo énfasis en las presuntas violaciones a la financiación electoral, la Fiscalía General de la Nación imputó el 11 de marzo de 2026 a Roa Barragán por tráfico de influencias: acusándolo de beneficiar al empresario Juan Guillermo Mancera en la adjudicación de un contrato del proyecto de regasificación de alto calibre para los intereses de la compañía.
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Dicho proyecto sería el que comprende el tramo Chuchupa-Ballena LNG, en la filial Hocol de Ecopetrol, además de adquirir un inmueble por debajo del precio comercial por cerca de $1.000 millones. Este sería el primero de los dos casos por los que fue imputado por el ente acusador, pese a que el alto directivo ha insistido en su inocencia, al señalar que sería blanco de estrategias de desprestigio por su presencia.
En el pronunciamiento de los parlamentarios, también se destacó que la aspiración presidencial Petro Presidente 2022-2026, de la cual Roa fue gerente, “excedió los topes legales de financiación en aproximadamente $5.300 millones en aportes no reportados y financiación prohibida”, según concluyó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su fallo del 27 de noviembre de 2025, que impuso duras sanciones.
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Los representantes fundamentaron su pedido al mencionar que, bajo la administración de Roa Barragán, las utilidades netas de Ecopetrol “cayeron un 73% entre 2022 y 2025”, al pasar de $33,4 billones a $9 billones. Ello afectó directamente las transferencias estatales a sectores clave como salud, infraestructura y educación y mencionó la degradación de la calificación crediticia a nivel internacional.
En ese sentido, remarcaron como Moody’s degradó la calificación de Ecopetrol de Baa3 a Ba1 en mayo de 2024; Fitch Ratings cambió su perspectiva a negativa en marzo de 2025; y S&P Global Ratings la rebajó de BB+ a BB en junio de ese mismo año. Tres grandes calificadoras que tienen en la mira a la empresa insignia de los colombianos, que vive momentos de crisis por el impacto reputacional al parecer ocasionado por Roa.
En consecuencia, la proposición consignada por los parlamentarios, que respaldaron las peticiones de la Unión Sindical Obrera, se fundamenta en investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades administrativas y afectaciones al patrimonio público, una imputación penal por tráfico de influencias y daños financieros y reputacionales documentados en informes privados y calificaciones internacionales.
Si Roa no renuncia, exigen a la Junta Directiva tomar “medidas inmediatas” de remoción, apelando a los estatutos y principios de buen gobierno corporativo. Y es que estas situaciones han trascendido lo penal y electoral, pues se reiteró cómo las utilidades netas de la compañía experimentaron una caída de $24,4 billones en solo tres años, siendo esta una cifra sin precedentes recientes en la estatal de hidrocarburos.
La proposición señaló que en 2024 Ecopetrol contrató a la firma Covington & Burling LLP por un monto total de casi USD 5,9 millones, destinados exclusivamente a la gestión de riesgos reputacionales, conflictos de interés y escándalos generados por el propio presidente. El informe de dicha consultora identificó “riesgos altos y muy altos asociados a su figura”, lo que, según los congresistas, reforzaría sus reclamos.
Así pues, los representantes demandaron a la junta directiva adoptar medidas inmediatas para preservar la transparencia y la reputación de la compañía, y al presidente Petro “anteponer el bienestar de la empresa y el interés de todos los colombianos a cualquier consideración de orden político o personal”. Además, solicitaron a la Fiscalía y organismos de control que mantuvieran la independencia en las investigaciones.
Los firmantes de la proposición que exige la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol:
- Juan Espinal
- Hugo Danilo Lozano
- Christian Garcés
- Vladimir Olaya
- Andrés forero
- Hernán Cadavid
- Yenica Acosta
- José Jaime Uscategui
- Gersel Pérez
- Oscar Campo
- Carolina Abelardo
- Modesto Aguilera
- Jorge Méndez
- Carlos Edward Osorio
- Marelen Castillo
- Juan Carlos Losada
- Julia Miranda
- Jhon Jairo Berrío
- Daniel Carvhalo
- Juan Sebastián Gómez