El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, informó que el gremio presentará una demanda contra el decreto del Gobierno nacional que impone aranceles a insumos como el hierro y el acero, medida que, según la organización, “encarecerá los costos de producción” de vivienda hasta en un 20% y afectará la oferta en segmentos de interés social.
Herrera se refirió a los decretos 0264 y 0265 del Ministerio de Comercio, que imponen los gravámenes de 35% y 25% a productos de acero y cerámica provenientes de 17 países que no tienen TLC con el Estado colombiano.
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Uno de los aranceles, del 35%, recae sobre catorce subpartidas del acero específicas que incluyen barras de hierro o acero sin alear, alambre cincado sin alear, puntas, clavos, chinchetas, grapas, mecanismos de encuadernación y artículos de oficina, así como unidades de barras huecas para perforación, manufacturas de alambre, alambrón de hierro sin muescas, perfiles en L o T de más de 80 mm de altura y alambre de púas, especifica la medida.
Por otro lado, el decreto correspondiente a productos cerámicos fija un arancel del 25% sobre tres subpartidas, especialmente placas y baldosas para pavimentación o revestimiento. Estas importaciones, con coeficientes de absorción de agua variables, provienen principalmente de China e India.
Desde el Gobierno nacional justificaron las medidas, ante una “crisis estructural” en las industrias siderúrgica y metalmecánica en el país que se han acelerado por el robusto incremento de importaciones provenientes principalmente de China, Rusia, Turquía e India.
Subirían los precios en la construcción: Camacol
El golpe recaería sobre el sector de la construcción. Durante la comunicación oficial del líder de Camacol conocida por Infobae Colombia, Herrera señaló que, en primer lugar, la decisión del Ejecutivo contradice los anuncios sobre la desindexación de los precios de la vivienda respecto al salario mínimo, ya que la suma de incrementos salariales y cargas arancelarias elevarían los costos de construcción significativamente. El dirigente gremial afirmó que el Gobierno se está encargando de “encarecer los costos de la producción”.
Según datos suministrados por Camacol, el impacto del aumento en el salario mínimo contribuye entre el 10% y el 15% al alza del costo de la vivienda, y esa cifra se incrementaría por la nueva carga impositiva. Herrera sostuvo que la combinación de estos factores llevaría a un aumento global de entre 16% y 20% en los costos de producción, con un particular impacto en los proyectos de vivienda de interés social.
En ese sentido, el líder del gremio aseguró que ya ha advertido sobre los efectos adversos de la medida y ha presentado solicitudes formales para que el Gobierno revise la política, pero confirmó que no ha recibido una respuesta favorable.
En ese sentido, la acción legal que anunció buscará cuestionar la legalidad y la motivación técnica detrás del decreto, bajo el argumento de que “no existen elementos claros” que justifiquen una protección arancelaria al mercado nacional en este contexto. “No encontramos de un lado que haya un soporte técnico que dé claridad sobre estas decisiones”, aseguró.
La cadena de efectos por deterioro del sector: menos empleo, más informalidad, menor oferta de vivienda nueva e incremento en arriendos
Desde el gremio también señalaron que hay preocupación por los efectos laborales que traerían los aranceles en el sector. Herrera citó cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que indican que más de 134.000 trabajadores han perdido sus empleos en construcción de vivienda durante los últimos meses de 2025, de manera que el sector constructor vería un deterioro notable por la pérdida de empleos formales y el aumento de la informalidad.
Además, advirtió que dicha situación derivará en una disminución en la oferta de vivienda nueva que, a su paso, impactará el mercado de arriendos, con incrementos en los precios de alquiler y vivienda usada en las principales ciudades del país.
Por lo tanto, en Camacol anunciaron que ya están trabajando, en alianza con Asobancaria, Asocajas y el Banco Interamericano de Desarrollo, en propuestas para la reactivación del sector, que serán presentadas al próximo Gobierno nacional.