Un fuerte llamado de alerta lanzó el gremio constructor frente a las decisiones del Gobierno sobre aranceles a insumos clave. Camacol advirtió que estas medidas podrían terminar encareciendo la vivienda en Colombia y dificultando aún más el acceso para miles de hogares.
De acuerdo con el pronunciamiento, los aranceles aplicados a materiales como el hierro, el acero y productos cerámicos están generando una presión directa sobre los costos de construcción. Esto, a su vez, se traduciría en un incremento en los precios finales de la vivienda.
“Medida arancelaria presiona al alza los precios de la vivienda y contradice los objetivos de política pública, limitando el acceso a vivienda digna para miles de familias”, señaló el gremio.
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El impacto no sería menor. Según explicó Camacol, el hierro y el acero representan cerca del 16,3% de los costos directos de construcción, y podrían registrar incrementos de hasta el 35%, lo que elevaría los costos totales en cerca de 3,9% y presionaría el precio final de la vivienda en aproximadamente 2,2%.
En ese contexto, el presidente del gremio, Guillermo Herrera, cuestionó la coherencia de la medida con los objetivos del Gobierno: “¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?”, planteó, en medio del debate sobre el acceso a vivienda de interés social.
El pronunciamiento también se registra en un momento complejo para el sector. Camacol advirtió que la actividad edificadora completa 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda, con niveles similares a los de 2012. “Ya completamos 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda y hemos llegado a niveles de actividad comparables a los de 2012, lo que afecta la inversión y el empleo”, indicó Herrera.
Además, el gremio señaló que el sector ha perdido más de 136.000 empleos y enfrenta incrementos acumulados en costos de construcción de entre el 16% y el 20%, asociados a factores como el aumento del salario mínimo y decisiones arancelarias previas, lo que ha reducido el ritmo de nuevos proyectos.
En contraste con lo planteado por el Gobierno, Camacol insistió en que estas medidas sí tienen efectos directos sobre el mercado. Según explicó, el encarecimiento de insumos termina trasladándose a los hogares o reduciendo la oferta de vivienda formal, en un contexto donde la demanda sigue creciendo y presiona aún más los precios.
El gremio también puso sobre la mesa el impacto macroeconómico. Advirtió que la inflación en vivienda ya muestra señales de aumento, especialmente en arriendos, lo que —sumado a una menor producción— podría profundizar el desbalance entre oferta y demanda y afectar la capacidad de acceso de miles de familias.
“El país enfrenta un déficit habitacional cercano a 2,5 millones de hogares urbanos”, recordó Camacol, al tiempo que advirtió que restringir la producción formal podría incentivar la informalidad y agravar los problemas urbanos, especialmente en ciudades con alta demanda.
En su comunicado, la organización fue más allá y cuestionó el sustento técnico de la medida. “No existe evidencia de prácticas irregulares en los precios del acero importado que justifiquen este tipo de intervención”, afirmó, señalando que las dinámicas responden a condiciones internacionales de oferta y demanda y no a distorsiones locales.
Finalmente, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar la decisión y adoptar medidas coordinadas que no trasladen mayores presiones a los precios de la vivienda ni al empleo. Incluso, no descartó acciones jurídicas frente a lo que considera una medida inconsistente con la política de vivienda y el desarrollo del sector.