El informe de la Procuraduría reveló que, durante marzo de 2024, funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) accedieron a información altamente sensible —incluyendo detalles del censo electoral y datos personales de colombianos— durante visitas administrativas a la Registraduría y la Cancillería, lo que derivó en sanciones para 16 integrantes de la entidad bajo la gestión de Cielo Rusinque, nombrada por Gustavo Petro, por extralimitación de funciones.
El fallo, de 215 páginas, al que accedió El Colombiano, describió que entre los días 12 y 14 de marzo de 2024, los equipos de la SIC —integrados por el grupo de auditoría forense y seguridad digital— realizaron inspecciones en la Registraduría y solicitaron el acceso tanto a computadores institucionales como a teléfonos móviles personales e institucionales de varios altos funcionarios, entre ellos Cielo de la Consuegra, registradora auxiliar de gestión; Nohora Mendoza, gerente administrativa y financiera; y Jairo Chivará, registrador delegado para lo operativo.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Durante estas diligencias, los inspectores habrían realizado espejos forenses y copias de seguridad, extrayendo información reservada de los dispositivos; estos procedimientos alcanzaron datos sensibles relacionados con el censo electoral, historiales clínicos y situaciones judiciales de ciudadanos en el exterior, según el fallo que motivó la apertura del proceso disciplinario.
En un bloque autónomo informativo: Entre el 12 y el 14 de marzo de 2024, funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio llevaron a cabo visitas administrativas en la Registraduría y la Cancillería.
De acuerdo con la Procuraduría, durante estas intervenciones accedieron y extrajeron datos confidenciales, incluidos el censo electoral de los colombianos, historiales clínicos y documentos sobre situaciones judiciales de ciudadanos en el exterior. Estas acciones fueron calificadas por el organismo como una extralimitación grave de funciones y motivaron sanciones para 16 miembros de la Superintendencia.
Según el análisis del medio citado, la defensa de los funcionarios sostuvo que las actas de visita no prueban solicitudes ni acceso específico a información sobre el censo electoral.
Sin embargo, el documento oficial cita que los funcionarios de la SIC invocaron “las facultades de la Superintendencia para acceder a toda la información, sea esta reservada o confidencial, y la obligación de custodiarla rigurosamente”.
El propósito declarado de las visitas administrativas fue la investigación de presuntas irregularidades en contrataciones entre la Registraduría y la empresa Thomas Greg & Sons, compañía proveedora de pasaportes que ha estado en el centro del debate público tras más de 17 años de relación contractual con el Estado.
La controversia sobre la licitación de los pasaportes abrió un conflicto judicial y político, que incluyó la salida del exministro Álvaro Leyva, inhabilitado posteriormente, y diferencias públicas con Laura Sarabia por la reconfiguración del modelo de pasaportes.
Además, Thomas Greg & Sons ha obtenido desde 2010 múltiples contratos para la organización de elecciones, incluida la de 2022, en la que resultó electo el presidente Gustavo Petro.
Funcionarios de la Registraduría y la Cancillería argumentaron que el objeto de la visita no justificaba la revisión de dispositivos ni la obtención de este tipo de datos, señalando una extralimitación de competencias.
A esto se sumaron las denuncias de la Confederación General del Trabajo (CGT), según documentación remitida por la Cancillería, en la que se describe un ambiente laboral hostil durante las inspecciones. En el informe se relatan episodios en que personal de la SIC habría incurrido en supuestas actitudes abusivas, como tomar sin explicación celulares personales de funcionarias para copiarlos.
La Procuraduría sancionó por los hechos a 16 funcionarios de la SIC; entre ellos, al superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo, que fue inhabilitado un año para ejercer funciones públicas y deberá pagar una multa.
La sanción califica las faltas como “graves, a título de dolo”. Otros sancionados incluyen a Mario Alejandro Franco, suspendido e inhabilitado por nueve meses, Martha Liliana Fandiño del grupo Élite de Colusiones, Yolanda Hernández Alonso, Mercy Lorena Agamez, Daniela Alvarado, Robert Alexis Núñez, Jessica Juliana Ortega, Daniel Leonardo Muñoz, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez, Douglas Fernando Moreno, Noemí Rodríguez, Karen Angulo Sogomaso, Miguel Moreno Reina y Juan Pablo Martínez Cortés.
La Superintendencia de Industria y Comercio tiene entre sus competencias la vigilancia de la libre competencia, la protección de datos personales y la supervisión de prácticas comerciales en Colombia.
Este proceso disciplinario destacó los límites legales de sus actuaciones en materia de acceso y procesamiento de información altamente sensible, luego de que la Procuraduría documentara irregularidades y extralimitaciones en las visitas a la Registraduría y la Cancillería en marzo de 2024.