La remodelación de un exclusivo apartamento en Bogotá situó en el centro del escrutinio público a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, luego de que se conociera la existencia de una declaración formal ante la Fiscalía General de la Nación.
El constructor Johny Giraldo relató ante las autoridades que recibió pagos millonarios en efectivo y aportó documentos que, según su testimonio, vinculan a antiguos contratistas de Ecopetrol y a un abogado de confianza del propio Roa.
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Un documento presentado por el periodista Daniel Coronell en El Reporte Coronell muestra que “Hernando Ballesteros”, identificado en la nota como abogado penalista y persona cercana al presidente de la compañìa petrolera, figura recibiendo $2.000.000.000 en efectivo, suma entregada por Franky Ramírez, colaborador directo del fallecido empresario William Vélez, contratista que gestionó negocios multimillonarios con Ecopetrol y empleador anterior de Roa.
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La transacción, fechada el 5 de septiembre de 2024, quedó registrada en un papel en el que sólo aparece la firma de Ramírez y una anotación manuscrita difícilmente legible con montos adicionales.
La gestión de pagos millonarios entre contratistas de Ecopetrol
Según el testimonio de Johny Giraldo ante la Fiscalía General de la Nación, la suma de los trabajos ejecutados ascendió a $2.300.000.000, de los cuales le habrían pagado —según sus declaraciones— alrededor de $2.000.000.000. Giraldo sostuvo que todo el dinero fue recibido en efectivo y transportado en cajas de cartón por el abogado Hernando Ballesteros Traslaviña, a quien identificó como hombre de confianza de Roa y con vínculos personales dentro de la rama judicial.
La secuencia de pagos relatada por el constructor describe que Ballesteros recibió el efectivo de Franky Ramírez, intermediario y persona de confianza de William Vélez. Vélez había sido superior jerárquico de Roa antes de que este último tomara el timón de Ecopetrol y falleció el año pasado.
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El documento presentado como prueba ante el ente acussador puntualiza: “Yo, Hernando Ballesteros, identificado con cédula __, recibí de Franky Ramírez con cédula xxxxxxxxx, la suma de $2.000.000.000 (dos mil millones de pesos) por concepto de honorarios correspondientes a la gestión de cobro en temas con el doctor Alberto Ríos Barraquilla”. La constancia muestra el nombre de Ballesteros junto a la palabra “Recibí” aunque sin rubricar, mientras que junto a “Entregué” sí figura la firma de Franky Ramírez. Incluye una anotación manual que hace referencia a cifras de 600, 400 y 1.000, acompañadas de una firma adicional.
A la par, Giraldo denunció amenazas de muerte y señaló a Roa junto a Julián Caicedo Cano como autores de los hechos.
El constructor indicó ante la Fiscalía General de la Nación que las amenazas ocurrieron en dos ocasiones. Aportó testimonio y pruebas, asegurando que la pareja del presidente de Ecopetrol —a quien identificó como el verdadero “líder” y responsable de las decisiones— podría estar detrás de estos actos, según lo publicado por El Reporte Coronell.
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Tras la denuncia de Giraldo, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para acusar de ladrón al constructor.
“Jhony Giraldo es un persona oscura que estafó a la familia de Piedad Córdoba y que me prometió en un momento traer dinero de Venezuela que inmediatamente rechacé, está asociado con policías corruptos”, escribió en su cuenta de X.
Las respuestas pendientes y la postura oficial de Ricardo Roa
Frente a esos señalamientos y documentos, Ricardo Roa envió a El Reporte Coronell una carta en la que rechaza la versión de que William Vélez hubiese financiado la obra ni que esta alcanzara el monto de $2.300.000.000. El presidente de Ecopetrol argumentó que se declaró impedido para intervenir en una operación comercial que involucró la compra, por parte de la empresa petrolera, de centrales de generación pertenecientes a la empresa de su antiguo patrono, operación cifrada en 42.000.000 de dólares.
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A pesar de los reiterados requerimientos por parte de Coronell, Roa no respondió las preguntas respecto a cuánto pagó exactamente por la remodelación de su vivienda ubicada en la calle 92 de Bogotá, a quién realizó los pagos ni cuáles fueron los métodos empleados. Tampoco entregó recibos ni soportes contables que respalden su versión, dejando abiertos los interrogantes esenciales sobre el origen y el rastro del dinero utilizado para la obra.