El Consejo Nacional de Operación (CNO) advirtió al Ministerio de Minas y Energía sobre los riesgos para la seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica a partir del segundo semestre de 2026 que traerá el Decreto 0177 de 2026, mediante el cual “se adoptan medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó
Por medio de un comunicado, la entidad resaltó que el cambio normativo, expedido ante la emergencia por inundaciones, otorga prioridad a la gestión ambiental en los embalses hidroeléctricos, lo que relega a un segundo plano la operación eléctrica tradicional. La norma, según esta, pone en riesgo la planificación y estabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), al establecer restricciones sobre los embalses y modificar los parámetros de operación.
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Para el CNO, las nuevas prioridades ambientales, adoptadas sin coordinación suficiente con los actores eléctricos ni el debido respaldo técnico, podrían afectar la cobertura de la demanda de electricidad, la integridad de la red nacional y la capacidad de respuesta ante escenarios hidrológicos adversos como la llegada del fenómeno de El Niño.
Riesgos técnicos y de confiabilidad
De igual manera, considera que las restricciones impuestas en el decreto sobre el manejo de embalses amenazan la atención confiable de la demanda eléctrica. Según el documento, “el objetivo del decreto es preocupante, dado que plantea la definición de nuevos esquemas operativos en los embalses, priorizando objetivos de carácter y gestión ambiental, relegando en segundo plano al sector eléctrico”.
La entidad enfatizó que la norma fue promulgada ante la emergencia por inundaciones que golpeó Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó. Sin embargo, según el CNO, no se hizo un análisis técnico sobre las consecuencias de las medidas para la planeación y la seguridad eléctrica.
Alertó que “las restricciones sobre los embalses establecidas en el decreto pueden implicar el incumplimiento de sus obligaciones, sobre mantener un embalsamiento mínimo para la atención de la demanda de electricidad, ello bajo los esquemas de confiabilidad actuales”.
Puntualizó que la creación de nuevos volúmenes y vacíos operacionales afecta la seguridad y puede tener consecuencias directas sobre la energía firme requerida por el país en el marco del Cargo por Confiabilidad. Además, advirtió que el uso de metodologías propuestas por la norma no reconoce las condiciones técnicas de los embalses ya construidos, lo que podría dificultar el cumplimiento de los objetivos de mitigación de crecidas. Recalcó que la mayoría de los embalses del SIN no fueron diseñados de forma exclusiva para atenuar inundaciones, lo que aumenta la vulnerabilidad del sistema.
Impacto económico y operativo en el Sistema Interconectado Nacional
El Consejo Nacional de Operación remarcó que la modificación normativa podría tener efectos económicos adversos en la operación del sistema. Indicó que imponer límites a la capacidad de almacenamiento puede dificultar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al cargo por confiabilidad (un componente en la factura de energía en Colombia, diseñado como un “seguro energético” para garantizar el suministro eléctrico, incluso durante sequías o fenómenos de El Niño) y comprometer recursos clave como la energía firme, fundamentales para enfrentar situaciones extremas.
Considera que “no existe un análisis de impacto por la definición de volúmenes o vacíos operacionales de embalses, sobre la planeación energética y la confiabilidad del Sistema”. Asimismo, señaló que no existe una guía definitiva para el cálculo del caudal ambiental y que la ausencia de estudios técnicos respalda la falta de certezas sobre las consecuencias del decreto para la solidez del sistema eléctrico.
Advirtió que la imposición de restricciones sin criterios técnicos claros podría derivar en perjuicios jurídicos y económicos para el sector eléctrico. Además, recalcó el peligro de que la operación de los embalses privilegie solamente objetivos ambientales, sin atender las necesidades de la infraestructura eléctrica.
Inquietudes sobre el rol de las autoridades ambientales
El CNO manifestó dudas respecto a que el decreto otorgue nuevas competencias a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en el manejo de embalses.
De igual manera, expresó preocupación por la falta de claridad sobre cómo se articularán las restricciones ambientales impuestas con la operación del sector eléctrico, así como por la indefinición de criterios de aplicación del decreto. También señaló las dificultades técnicas de implementar, en menos de seis meses, las adaptaciones exigidas por la Anla.
Por otra parte, la entidad observó que, aunque el decreto prioriza la protección ambiental, no se evaluó si los embalses son adecuados para amortiguar las avenidas de agua motivadas por la emergencia ni si las empresas operadoras cuentan con sólidos planes de contingencia y acción para eventuales crisis.
Preparativos ante riesgos hidrológicos y llamado a soluciones urgentes
Ante la posibilidad del fenómeno de El Niño en la segunda mitad de 2026, destacó la necesidad de asegurar reservas hídricas suficientes y fortalecer la postura técnica ante escenarios de sequía extrema. El CNO señaló que la ausencia de coordinación y de criterios técnicos sólidos limitan la resiliencia del SIN y lo expone a mayores riesgos.
El organismo advirtió que, sin una revisión urgente y directrices claras, el sistema quedará vulnerable a fallos operativos que pondrían en entredicho la atención de la demanda eléctrica. Asimismo, instó a la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (Cacsse) a asumir un rol activo en la definición y seguimiento de medidas que permitan mantener la seguridad y confiabilidad del suministro para todos los usuarios.
Dada la vigencia de la norma y los riesgos señalados, el Consejo Nacional de Operación concluyó que una respuesta inmediata y coordinada entre todos los actores del sector es crucial para salvaguardar la integridad del sistema eléctrico colombiano y enfrentar los desafíos presentados por el Decreto 0177 de 2026.