La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) amplió las medidas de protección sobre el Cementerio Central de Sincelejo, tras concluir la exhumación y actual proceso de identificación de 50 cuerpos localizados en la manzana 6.
Esta decisión busca fortalecer la búsqueda y entrega digna de restos a familias de víctimas de desaparición forzada, consolidando la responsabilidad de la Alcaldía de Sincelejo en la preservación y mejora del camposanto, precisó la JEP.
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Con este fallo, la Jurisdicción dispuso el levantamiento de las restricciones puntuales impuestas sobre la manzana 6, tras finalizar allí las tareas judiciales, y ordenó extender la protección a todo el cementerio.
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“La JEP toma nuevas medidas sobre todo el Cementerio Central de Sincelejo y se levantan las impuestas sobre la manzana 6. Con ello se reitera la responsabilidad de la Alcaldía de Sincelejo en su administración, preservación, acondicionamiento y mejora”, dice el comunicado de la JEP.
La Fiscalía General de la Nación exhumó 50 cuerpos en ese sector entre febrero de 2025 y enero de 2026, evidenciando el resultado forense más relevante para el esclarecimiento de desapariciones en la región. Las autoridades trabajan actualmente en la identificación de estos restos, considerados de alto interés humanitario y forense.
La resolución de la JEP instruyó al Ministerio del Interior a diseñar y ejecutar un programa técnico y jornadas pedagógicas dirigidos al personal administrativo y operativo de la Alcaldía de Sincelejo encargado del cementerio.
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Este plan deberá fortalecer la capacidad institucional para administrar, conservar y adecuar el camposanto, requisito fundamental tras las deficiencias identificadas por la magistrada María del Pilar Valencia durante su visita del 4 de febrero de 2026.
La autoridad local deberá, además, facilitar los procedimientos para que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) intervenga en distintas áreas del cementerio señaladas como sitios de interés para nuevas localizaciones e investigaciones forenses.
La JEP ordenó la creación de una Mesa de Impulso a la Identificación, en la que confluirán la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Ubpd, la Alcaldía de Sincelejo y el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación.
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Su objetivo central será acelerar la identificación de los cuerpos exhumados y maximizar las posibilidades de entrega digna a familiares, así como coordinar prospecciones en nuevos puntos del cementerio.
En el desarrollo de las acciones restaurativas, la JEP dispuso que la Alcaldía de Sincelejo garantice la elaboración de un mural conmemorativo dedicado a las víctimas del conflicto armado y a las mujeres buscadoras de desaparecidos.
La obra debe completarse antes de diciembre de 2026. Además, la jurisdicción solicitó analizar la creación de un espacio para la custodia digna de los cuerpos recuperados, con la posibilidad de funcionar como memorial.
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“La Alcaldía de Sincelejo deberá garantizar la elaboración de un mural conmemorativo en honor a las víctimas del conflicto armado que reposan en el cementerio, y considerar la realización de un memorial en su honor”, se agrega en el documento.
Las actuaciones de búsqueda en el Cementerio Central de Sincelejo empezaron en 2019 a raíz de la petición de Cleiner Almanza Blanco, hermana de Julio César Blanco Vides, desaparecido hace más de 20 años, y por gestión de la Fundación Nydia Erika Bautista (Funeb) en representación de familiares de víctimas.
La JEP acogió estas solicitudes en el marco del Caso 08, que investiga crímenes atribuidos a agentes del Estado en asociación con fuerzas paramilitares y terceros civiles en la zona de Montes de María y municipios cercanos, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para la búsqueda de desaparecidos en el conflicto armado.
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“Esta medida cautelar sobre el Cementerio Central de Sincelejo se adoptó en el marco del Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, durante el conflicto armado”, concluye el comunicado.