En diferentes plataformas digitales comenzaron a difundirse videos alterados mediante herramientas de inteligencia artificial en los que aparece el gerente general del Banco de la República promoviendo supuestos proyectos de inversión. El material incluye una voz generada artificialmente que invita a los usuarios a transferir dinero o a registrarse en esquemas financieros que, según la entidad, no tienen relación alguna con la institución.
De acuerdo con la advertencia difundida por el banco central, se trata de piezas manipuladas cuyo objetivo es persuadir a los usuarios de redes sociales para que entreguen información personal o recursos económicos. Los videos utilizan la imagen del directivo y un audio fabricado para simular que la invitación proviene de una fuente oficial.
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El banco explicó que ese contenido es falso y que no corresponde a ninguna actividad institucional. También indicó que los mensajes difundidos buscan aprovechar el reconocimiento público de la entidad para generar confianza en posibles víctimas.
Como parte de la alerta, la institución recordó que su función no incluye la prestación de servicios financieros a ciudadanos ni la gestión de inversiones para particulares. Entre las aclaraciones difundidas, el banco enumeró tres puntos: no abre cuentas corrientes ni de ahorro, no ofrece depósitos bancarios y tampoco promueve programas de inversión dirigidos al público.
La advertencia se produce luego de que los videos comenzaran a circular en redes sociales acompañados de enlaces externos que supuestamente permitirían acceder a plataformas de inversión. En esos espacios, según el banco, los usuarios podrían ser inducidos a entregar datos personales o realizar transferencias.
La entidad pidió a los ciudadanos verificar siempre la procedencia de la información antes de interactuar con contenidos de este tipo. También recomendó evitar diligenciar formularios o proporcionar datos personales en enlaces cuya autenticidad no esté confirmada.
El banco señaló que toda la información institucional se publica exclusivamente a través de sus canales oficiales. Por esa razón, cualquier oferta de inversión atribuida a la entidad o a sus directivos debe considerarse sospechosa si aparece en redes sociales o sitios externos.
La circulación de videos manipulados con inteligencia artificial forma parte de un conjunto de modalidades de fraude que han aumentado en Colombia durante los últimos meses. Autoridades y organizaciones dedicadas al seguimiento de delitos digitales han advertido que estas herramientas permiten producir imágenes, audios o mensajes que imitan a funcionarios o instituciones públicas.
Entre septiembre de 2025 y los primeros meses de 2026 se han detectado campañas en las que delincuentes suplantan entidades estatales mediante correos electrónicos y documentos falsos. En algunos casos, los mensajes aparentan provenir de despachos judiciales o de la Fiscalía General de la Nación e incluyen archivos que simulan ser expedientes, pero que en realidad contienen programas informáticos destinados a robar información.
Otra modalidad reportada consiste en llamadas telefónicas en las que los interlocutores se hacen pasar por funcionarios de entidades públicas. Mediante herramientas de inteligencia artificial, los delincuentes reproducen voces que parecen reales para exigir pagos urgentes por supuestas sanciones o impuestos. En estas comunicaciones se mencionan instituciones como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el fin de presionar a las víctimas.
También se han identificado plataformas automatizadas que interactúan con los usuarios a través de aplicaciones de mensajería o redes sociales. Estos sistemas simulan ser canales oficiales de programas estatales o servicios públicos y entablan conversaciones para solicitar datos personales o cobrar por trámites que en realidad no tienen costo.
El incremento de este tipo de prácticas llevó a la adopción de cambios legales recientes. Con la entrada en vigor de la Ley 2502 de 2025, el Código Penal incluyó como circunstancia agravante la suplantación de identidad mediante sistemas de inteligencia artificial. La norma establece sanciones que pueden alcanzar hasta seis años de prisión, además de multas económicas.
En medio de este contexto, el banco central reiteró la recomendación de consultar únicamente fuentes oficiales antes de tomar decisiones financieras o entregar información personal. La entidad insistió en que cualquier comunicación relacionada con sus actividades debe verificarse directamente en sus plataformas institucionales.
El organismo también recordó que no realiza ofertas de inversión ni gestiona recursos de particulares, por lo que cualquier mensaje que sugiera lo contrario debe ser considerado ajeno a la institución.