La congresista Katherine Miranda, del Partido Verde, volvió a marcar distancia del Gobierno de Gustavo Petro y denunció la presencia de un sector del Congreso que actúa de manera sumisa frente al Ejecutivo.
“La labor de un congresista no es estar arrodillado. En el Congreso hay ‘therians’, focas que le aplauden a Petro’”, afirmó Miranda, destacando la necesidad de independencia y control político en el Legislativo.
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En diálogo con El Colombiano, Miranda subrayó que “tenemos una autoridad moral enorme para hacerle control político a Petro” y reafirmó su intención de dar el salto al Senado, reivindicando su postura crítica y su coherencia frente al quehacer político.
La congresista recordó que su ruptura con el Gobierno se consolidó tras la fallida reforma política de 2022, la cual calificó como “una barbaridad, un abuso de poder”, y los intentos de imponer expropiaciones exprés en el Plan de Desarrollo.
Además de su trabajo legislativo, Miranda ha sido blanco de acoso digital y campañas de desinformación, y ha denunciado irregularidades en entidades como Rtvc y el Ministerio de Salud.
Pese a las presiones, asegura que su compromiso con la independencia política y la vigilancia ética seguirá firme, mientras promueve la participación democrática y el debate crítico frente a los sectores que ella considera complacientes con el Ejecutivo.
Además de resistirse a esta reforma, Miranda recuerda otra situación crítica en la discusión del Plan de Desarrollo. Narra que la salida de Cecilia López del Ministerio de Agricultura fue acompañada de una advertencia: “No dejes meter la expropiación”.
Posteriormente, la ministra Jennifer Mojica le pidió firmar una propuesta que, según Miranda, implicaba una expropiación exprés “en 15 días con Policía y Ejército, sin respeto al debido proceso”.
La congresista afiró que se negó de plano a este procedimiento y lo denunció públicamente, tras lo cual la entonces ministra López le comunicó que dejaría el país por temor y que ambas se convirtieron en “objetivo militar”.
Denuncia por exámenes oncológicos
En medio de ese contexto, la representante también desató una controversia nacional tras denunciar una presunta concentración irregular de exámenes de diagnóstico oncológico en una clínica de Ibagué.
Según explicó, documentos obtenidos mediante derechos de petición evidenciarían un incremento abrupto en las remisiones de pacientes afiliados a Nueva EPS hacia la clínica Clinaltec para la realización de pruebas PET-CT.
De acuerdo con las cifras citadas por la congresista, en 2023 fueron remitidos 176 pacientes; en 2024 la cifra subió a 723 y en 2025 llegó a 1.846. Solo en enero de 2026 se registraron otros 222 casos. En total, entre 2023 y enero de 2026 se habrían practicado 3.374 exámenes, lo que implicaría un crecimiento cercano al 946 % frente a los registros iniciales.
Miranda señaló que ese aumento también habría tenido un impacto significativo en la facturación: de cerca de $970 millones en 2023 a más de $17.600 millones en el mismo periodo.
Además, cuestionó que pacientes de departamentos como Norte de Santander, Arauca o Risaralda deban desplazarse cientos de kilómetros para realizarse exámenes que, según indicó, también se prestan en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali.
Respuestas y ataque a su sede
La clínica Clinaltec rechazó los señalamientos y negó cualquier irregularidad. En un comunicado sostuvo que es un centro de alta complejidad con múltiples servicios habilitados y que su ubicación permite atender pacientes de diferentes regiones del país.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Colombia aseguró que no existen evidencias que respalden las denuncias ni vínculos entre la institución médica y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Días después de hacer pública la acusación, la sede de campaña de Miranda en Chapinero fue vandalizada por encapuchados que lanzaron pintura negra contra la fachada. La congresista condenó el hecho y aseguró que el ataque se produjo en medio del ambiente de tensión generado por sus denuncias.
“Las intimidaciones no pueden reemplazar el debate público”, expresó la parlamentaria, mientras las autoridades revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables.